Pensiones: la realidad política que puede truncar el sueño de Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha encarado el problema de las pensiones con la visión pura de un técnico. Esa decisión, aparentemente simple, ha sido la clave para escribir el primer capítulo de una reforma seria, con cimientos aparentemente sólidos. Que sea duradera o no en el tiempo dependerá, paradójicamente, de un factor que nada tiene que ver con las fórmulas matemáticas o la proyecciones demográficas.

El gran riesgo de la reforma de las pensiones de Escrivá es el político. Es decir, la posibilidad de que un partido de distinto color se instale a medio plazo en Moncloa y decida echar por tierra lo construido 'porque sí'. El mal fario está fundado en las contrarreformas que guarda la hemeroteca, en la incapacidad manifiesta y vergonzosa de muchos de nuestros políticos para mirar el futuro con luces largas y pactar los cambios realmente importantes: los que afectan a la educación, el trabajo y el bienestar de la gente.

No hay garantías de que un futuro gobierno del PP vaya a desandar el camino que los 'técnicos' de Escrivá han abierto en materia de pensiones. La dinámica de reformas y contrarreformas está arraigada como un tumor a la marcha de España. No hay que echar la vista muy atrás: el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tardó en derruir la reforma de la educación del PP para desarrollar -sin pacto alguno- la suya propia; y aún mantiene su amenaza de dinamitar la laboral, defendida por Bruselas y por los empresarios por los buenos resultados cosechados.

El líder del PP ya ha dado un primer aviso, este mismo jueves, el día en que se aprobaba el documento. Para Pablo Casado la reforma de Escrivá -que cuenta con el apoyo de la patronal y los sindicatos- es "un gran error", que "va en contra de una exitosa reforma de pensiones que aprobó el PP en consenso con los miembros del Consejo Europeo".

La apuesta de José Luis Escrivá es ambiciosa. Lo demuestra un hecho: combatir de raíz el mayor problema del sistema -su insostenibilidad por la evolución de la pirámide demográfica- requería numerosos ajustes, algunos de ellos espinosos y difíciles de vender a los agentes sociales y a la opinión pública. Por eso, el Ministerio ha decidido desarrollar por partes la reforma.

El primer tramo, sellado este jueves con pompa en el Palacio de La Moncloa, contiene tres medidas fundamentales.

Por un lado, elimina del sistema los denominados 'gastos impropios' de la Seguridad Social; es decir, los costes que no son financiados directamente con las cotizaciones. Entre ellos están las pensiones de viudedad o prestaciones de carácter asistencial, de apoyo a las familias. Se trata de una partida cercana a los 20.000 millones que se será costeada por los Presupuestos Generales del Estado. La decisión, defendida desde hace años por multitud de expertos, no tenía fácil encaje político, pues implica un trasvase de gasto a las cuentas públicas, indeseado para los ministros de Hacienda de turno.

Por otro lado, impulsa medidas para acercar la edad de jubilación real a la legal, con el objetivo de elevar la recaudación de la Seguridad Social. En 2020, la edad ordinaria de jubilación en España fue de 65 años y 10 meses para quienes cotizaron menos de 37 años. Sin embargo, la edad de jubilación efectiva de los españoles fue de 64 años y seis meses. La reforma de Escrivá intentará reducir la brecha introduciendo nuevas bonificaciones para retrasar la 'retirada' y más penalizaciones para evitar el adelanto.

El mal fario está fundado en la incapacidad manifiesta y vergonzosa de nuestros políticos para mirar el futuro con luces largas y pactar los cambios realmente importantes: los que afectan a la educación, el trabajo y el bienestar de la gente

Finalmente, el Gobierno elimina dos de los puntos más controvertidos aprobados en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy: el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. El primero limitaba al 0,25% las subidas anuales en situaciones de déficit (condenando a los pensionistas a recortes del poder adquisitivo si crecía la inflación). Y el segundo vinculaba la cuantía de las pensiones al aumento de la esperanza de vida. Este factor cargaba a todos los futuros pensionistas los males pasados y presentes del sistema, habida cuenta de que el número de españoles irá descendiendo y su esperanza de vida avanzando.

Lo que pretende el Ejecutivo ahora es concentrar parte de la factura en la denominada generación del 'baby boom'. Los nacidos entre finales de los años 50 y mediados de los 70 son los responsables de que la población más envejecida ocupe ahora y en los próximos años el tramo más ancho de la pirámide demográfica. La situación irá cambiando a medida que avance el tiempo, ya que las generaciones posteriores -los hijos y los nietos de los 'baby boomers' son inferiores en número. Esa evolución debería ayudar por sí sola al reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social en torno a 2045.

Puntos pendientes en la reforma de las pensiones

Aprobado el primer tramo de la reforma, el Ministerio seguirá trabajando con los agentes sociales para sacar adelante los próximos capítulos. Gobierno, patronal y sindicatos tendrán que negociar asuntos tan complicados como el destope de las bases de cotización o el periodo de cómputo de las pensiones. En Moncloa marcan a finales de 2022 el horizonte para culminar la reforma.

Más allá aguarda el fin de la legislatura y las dudas sobre el impacto que tendría en los cambios realizados un hipotético cambio de inquilino en La Moncloa. En los últimos días, una vez conseguido el sí de sindicatos y empresarios, José Luis Escrivá ha transmitido un mensaje optimista a su entorno: "Los que no somo políticos queremos dejar algo que perdure". El futuro dirá si el sueño choca o no con la amarga realidad política española.