Las Cortes prevén aprobar con urgencia la reforma de las pensiones (para reducir las prestaciones futuras) que exige Bruselas para facilitar los fondos de financiación de la crisis sanitaria y económica. Sin embargo, el Congreso y el Senado mantienen todavía las pensiones extraordinarias que los grupos políticos se diseñaron. El gasto en 2021 alcanzará los 2,5 millones, es decir, más de tres veces el equivalente a la inversión pública destinada a investigar la vacuna española contra el coronavirus.

Este particular retiro beneficiará este año a 212 expolíticos y familiares. Se trata de complementos de a las pensiones de exdiputados y exsenadores, así como complementos de ingresos graciables y pensiones para los cónyuges viudos, muy por encima de la media que puede obtener cualquier ciudadano.

Más de un centenar de ex parlamentarios (exactamente 102) recibirán este año el complemento de sus pensiones con un coste de 1.274.620 euros. Fue establecido por las dos Cámaras en 2006 sin transparencia alguna y obviamente con el acuerdo de todos los grupos políticos. El objetivo fue el de incrementar la pensión de la Seguridad Social o de Clases Pasivas resultante de las cotizaciones de los políticos durante su actividad con un abono extra a cargo del Presupuesto del Congreso y el Senado (que pagan los contribuyentes españoles) hasta alcanzar el límite máximo fijado anualmente por la ley. De esta forma, los ex parlamentarios obtienen en realidad una pensión máxima sin haber cotizado lo suficiente.

Nuevas pensiones desde 2011

En julio de 2011, como consecuencia de las protestas del 15-M, las Cámaras reformaron el reglamento, pero no acabaron con estas pensiones 'doradas’. Quedaron operativas las que ya existían, es decir, las que antes de esa fecha se hubieran tramitado. Por tanto, los nuevos diputados a partir de 2011 no tienen derecho a este complemento pero no se suprimieron los vigentes. Mientras tanto, en aquel momento el Parlamento aprobaba una nueva reforma de las pensiones para el resto de los ciudadanos. Entre los cambios, se ampliaba la edad de jubilación hasta los 67 años; también se exigía haber cotizado 36 años para tener acceso a la pensión máxima siempre y cuando lo asegure el cómputo ahora de los últimos 24 años de cotizaciones también máximas.

Es decir, estos diputados y senadores sólo han causado derecho con sus cotizaciones reales a recibir una pensión mínima o en todo caso muy por debajo de la máxima, pero cobran la cuantía máxima. Y, curiosamente, los más beneficiados han sido los que han tenido la profesión de abogado, que son la mayor parte de los que reciben la pensión. Muchos de ellos están adscritos al mutualismo de la abogacía al que abonan sus cuotas y la situación les permite compatibilizar la pensión con el ejercicio profesional.

Tres ex parlamentarios lideran el ranking de los que más cobran. Perciben en su integridad el equivalente a la pensión máxima, es decir, 3.158,74 euros al mes

Lo que es evidente es que la existencia de este privilegio que les aseguraba una pensión máxima ha permitido que muchas de sus exseñorías no hayan activado su actividad profesional y sus cotizaciones (incluso mediante un convenio especial de abono de las cuotas) una vez que han dejado la actividad política, tal como tiene que hacer cualquier ciudadano cuando sale del mercado laboral.

La casuística de quienes cobran esta pensión es extensa. Hay de todo. Muchos de ellos no han sido ejemplo de brillantez política durante su ejercicio, algunos han pasado de puntillas y otros incluso han estado inmersos en diversos escándalos incluso judiciales.

Tres exparlamentarios, abogados todos, lideran el ranking de los que más cobran. Es decir, perciben en su integridad el equivalente a la pensión máxima, es decir, 3.158,74 euros al mes (por 12 pagas), unos 38.000 euros anuales. Por tanto, no se han tenido en cuenta sus cotizaciones a la Seguridad Social que se supone tuvieron a su paso por el Parlamento porque ni siquiera llegaron a los 15 años que fija la ley para tener acceso a una pensión mínima.

Los exdiputados que más cobran

Se trata de Mercé Pigem, exdiputada de CIU que abandonó su cargo de miembro del Consejo General del Poder Judicial tras conocerse que había sido sorprendida por la Guardia Civil con 9.500 euros intentando entrar a Cataluña por Andorra acompañada de su hermanas, que llevaba 10.369 euros. Adujo que era dinero regalado por su madre, residente andorreña. Pigem fue curiosamente portavoz adjunta en la Comisión de Justicia sobre la reforma penal que endureció las penas por delito fiscal.

Pablo Castellano, exdiputado del PSOE y de IU por Madrid entre otros cargos políticos, también recibe esta cantidad, así como Jaime Ignacio del Burgo, exdiputado de UCD y del PP que fue acusado de estar envuelto en un caso de una concesión de un crédito a una sociedad de la que era accionista por parte de la diputación Navarra de la que era presidente. Fue destituido y posteriormente el Tribunal Supremo anuló la destitución.

El gasto en 2021 alcanzará los 2,5 millones: más de tres veces que la inversión pública destinada a investigar la vacuna española contra el coronavirus

La también abogada Cristina Almeida (exdiputada y exsenadora por designación autonómica por IU), recibe mensualmente 2.842,86 euros (más de 34.000 euros anuales). Otros cuatro expolíticos reciben 2.526,99 euros al mes (30.324 euros al año) ya que resultaron electos en la primera y segunda legislatura.

El caso es que todos los políticos de las Cortes Constituyentes (entre 1979 a 1982) tienen derecho a percibir el 80% de la pensión máxima o de la diferencia entre las pensiones reconocidas y el límite máximo. Se trata de Antonio Faura (UCD y luego PP), María Teresa Revilla (UCD), Joaquin Galant (UCD), y Joaquin García Romanillos (UCD). Este último fue socio del despacho Gómez Acebo cuando dejó la política y ahora es el vicepresidente de la Mutualidad de la Abogacía. Por su parte, Josep María Trías de Bes (CDC, CIU, PP y UPyD) percibe 2.338 euros (28.100 euros al año). Fue miembro del Consejo de Administración de RTVE y presidente de la empresa pública Transmediterránea.

La exdiputada de CiU Mercè Pigem. WIKIPEDIA

En todo caso, se trata de cifras muy superiores a la pensión media que recibe cualquier cotizante a la Seguridad Social (1.184 euros). Hay 41 ex políticos que perciben una pensión superior a esa media. Entre los que se han acogido a este dispendio figuras ‘insignes’ y parlamentarios históricos, e incluso quienes han ocupados cargos destacados que dan a entender que podrían disponer de medios suficientes para no optar a esta pensión vitalicia y haber hecho frente a cotizaciones suficientes en el sistema público de pensiones.

Entre ellos figuran: Agustín Díaz de Mera, que fue director general de la Policía del PP durante el 11-M; Rafael Estrella, ex presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y ex embajador en Argentina; Joseba Azcárraga (llegó a ser secretario general de EA); Luis de Grandes (ex portavoz del PP en el Congreso); Carmela García Moreno (ex directora general de la Juventud con UCD); Alberto Garre (ex presidente de la comunidad de Murcia); María Dolores Pelayo (Presidenta del Consejo Social de la Universidad de la Laguna en Tenerife); Francisco Javier Rojo (ex presidente del Senado); Marcos Vizcaya (ex viceconsejero del Gobierno Vasco y uno de los redactores del Estatuto de Guernica).

También se encuentran Ana Ruiz Tagle (cofundadora con Felipe González y Rafael Escuredo del primer despacho laboralista de abogados en Andalucía germen del nuevo PSOE y ex presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional); Francisca Sauquillo (ex dirigente de la ORT y PTE, ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y ex presidenta del Comisionado de la Memoria Histórica de Madrid con Manuela Carmena); o Francisco Tomey (ex presidente de la diputación de Guadalajara que fue imputado por un delito de falsedad al incluir 3.500 millones de pesetas de deudas presuntamente ficticias en el organismo, caso que el Tribunal Supremo acabó sobreseyendo).

Asimismo, hay que incluir a Isaac Vila (PP), el senador más rico en 2011, ya que fue el que más patrimonio y bienes declaró (2,5 millones de acciones, 105.000 en euros en cuentas bancarias sin contar numerosas propiedades inmobiliarias). Hay que sumar además a Juan Pedro Hernández Moltó, que resultó condenado por su gestión en la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha por un delito societario de falsedad contable al manipular las cuentas de la sociedad.

"Complementación de ingresos"

Hay también 45 exparlamentarios que se reparten a título de “complementación de ingresos” un monto de casi medio millón de euros anuales. Son los que no han podido acceder a la pensión vitalicia complementada al no haber ejercido la actividad política durante al menos siete años. La mitad cobra más de 1.000 euros mensuales de media. Se trata una ayuda graciable que conceden las mesas del Congreso y el Senado y que existe desde 1987, pero hasta 2011 no se conoció información pública de su existencia y de quienes la recibían.

El expolítico que más cobra es Ricardo García Damborenea (24.644 euros al año). Fue secretario general del PSOE en Vizcaya y tras ser expulsado del partido creó Democracia Socialista y se acercó al PP. Llegó a participar en un mitin de Aznar en Zaragoza. Reconoció su relación con los Gal y fue procesado y condenado por el secuestro de Segundo Marey.

A estas cifras hay que sumar las pensiones de viudedad que perciben los cónyuges de los parlamentarios por un monto de casi 700.000 euros. Hay 65 pensiones en total (la mitad supera la cuantía media de las gestionadas por la Seguridad Social para esta contingencia que es de 738 euros), 64 de ellas son a favor de viudas y una sólo para un viudo. Las más elevadas alcanzan los 25.000 euros anuales.