Había muchas dudas legales sobre si el ‘fugado’ Carles Puigdemont podría tener acceso a la pensión vitalicia cuando cumpla 65 años. Esta prerrogativa figura en el Estatuto de ex 'president' de la Generalitat. Según los expertos consultados, en los supuestos de no haber variado su situación de ‘prófugo’ o de haber sido condenado por su gestión pública, sería la primera vez que un expresidente o alto cargo de una administración española pudiera cobrar una retribución pública en estas circunstancias. Para ello se exige al menos “condiciones de honorabilidad” y lealtad al Estado.
Es evidente, reconocen las mismas fuentes, que habría tenido que intervenir el Estado, ante la excepcionalidad del caso, si se produjera una sentencia penal firme. Sin embargo, la amnistía acordada con Pedro Sánchez asegura que Puigdemont podrá recibir dentro de cuatro años (ahora tiene 61) esa pensión de por vida, autoasignada por los políticos catalanes desde 2003.
De esta forma, el expresidente catalán entre 2016 y 2017, que huyó de España escondido en el capó de un coche,, dispondrá -si así lo decide- de un retiro dorado permanente, a partir del día siguiente de los Santos Inocentes de 2027 (cumplirá los 65 años el 29 de diciembre de ese año). Podrá percibir el 60% del sueldo que en ese momento tenga el presidente en activo.
En la actualidad, el sueldo anual de Pere Aragonès es de 136.858 euros. Lo que significa que Puigdemont recibiría ahora 82.115 euros, que equivaldrían a casi 7.000 euros al mes. Pero esta cifra será superior, seguramente, en 2027 y superará con creces los 90.000 euros anules y los 7.500 mensuales. Curiosamente, recibirá menos que Artur Mas y Pasqual Maragall, los dos expresidentes que en la actualidad cobran esta pensión de más de 92.000 euros (José Montilla no la percibe porque es incompatible con su cargo de consejero de Enagás), ya que Aragonés, que sigue siendo el político mejor pagado de España, decidió en 2021 reducir el sueldo heredado de Qim Torra desde los 153.236 euros hasta 130.250 euros (un 15% menos). Ahora alcanza los 136.859 euros tras las actualizaciones.
Puigdemont podrá empezar a cobrar dentro de cuatro años esa pensión, autoasignada por los políticos catalanes desde 2003
En todo caso, Puigdemont pasará a ser el cuarto pensionista español mejor pagado con dinero público tras Mas, Maragall y Torra (nació un día antes que el expresidente ‘fugado’). Su prestación duplicará con creces la pensión máxima de la Seguridad Social y del régimen de Clases Pasivas de los empleados públicos, gracias a un privilegio que se han establecido los políticos de esta comunidad y del que ni siquiera disfrutan los expresidentes del Gobierno nacional ni del resto de las autonomías.
Las comunidades que tenían esta dádiva -entre ellos Andalucía, País Vasco o Extremadura- la han ido eliminando. Esta pensión vitalicia no corre a cargo de la caja de la Seguridad Social sino de los Presupuestos catalanes, que se nutren en gran parte con las aportaciones estatales de los impuestos de todos los españoles.
Antes de recibir esta jubilación de oro, los expresidentes catalanes tienen también consignada una indemnización del 80% del salario durante al menos una legislatura. Pero Puigdemont no la ha cobrado, por ser incompatible con el sueldo de diputado catalán que percibió durante año y medio tras su huida (sin pisar el parlamento ni Cataluña), y con los 10.000 euros que recibe ahora de eurodiputado, más 338 euros diarios de dietas y casi 4.800 euros más mensuales para el alquiler de una oficina. La norma catalana les facilita también una dotación presupuestaria para medios materiales y el alquiler de una oficina, con al menos tres puestos de trabajo adscritos, a lo que hay que añadir la seguridad, coche oficial de representación y chófer.
El expresidente catalán cobra actualmente 10.000 euros como eurodiputado, más 338 euros diarios de dietas y casi 4.800 euros mensuales para el alquiler de una oficina
Aunque no hizo la declaración correspondiente de actividades, de la información de la Generalitat se conoce que Puigdemont recibió ya en 2018 unos 14.000 euros para dotación de esta oficina y la cifra llegó a más de 41.000 euros en 2019. De los años siguientes no hay constancia oficial de esta partida. Pero sí existe una Memoria de Actividades de 2022, relativa a viajes (por Bélgica, Austria y a “Catalunya Nord”), conferencias e intervenciones telemáticas, publicación de artículos, comunicados y ruedas de prensa, prólogos y salutaciones (algunas con motivo del acto del centenario “d’Estat Catalá), entrevistas a medios de comunicación y de participación en actos públicos y recepciones (entre otros con Mas, Aragonés o el presidente de Omnium Cultural, una delegación del movimiento independentista “Poble Indigena de Biafra” o con el presidente del partido Acción para el Fortalecimiento de la Democracia en Angola).
El gasto total de estas actividades es de 23.528 euros “de los 60.000 euros asignados”, se señala. La mitad corresponde a alojamientos y otro tercio a desplazamientos y manutención. La financiación de la residencia en Waterloo es todo un misterio.
La pensión vitalicia de los expresidentes catalanes, que se extiende en caso de fallecimiento a su cónyuge e hijos menos (al 50% de la retribución), lleva 20 años en vigor “para atender sus necesidades personales y políticas con dignidad y decoro” y sigue cobrándose a los 65 años con sólo haber jurado el cargo. Mientras, los demás españoles, independientemente de la diferencia de la cuantía, necesitan tener 67 años de edad y cerca de 38 años de cotización para acceder, por ejemplo, a la máxima prestación por jubilación (42.800 euros en la actualidad).
Esta situación “ad hoc” de desigualdad jurídica se produce pese a que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado fija anualmente la cuantía máxima de todas las pensiones públicas. Y se trata de una norma básica, es decir, su rango legal es superior a cualquier otra ley autonómica y, por tanto, debería ser de obligado cumplimiento en el conjunto del Estado español. Pero ningún Gobierno nacional o partido político se ha atrevido aún a recurrir esta legislación catalana ante los órganos judiciales correspondientes.
Ningún Gobierno nacional o partido político se ha atrevido aún a recurrir esta legislación catalana ante los órganos judiciales correspondientes
Los únicos cambios que se han realizado en este Estatuto han sido para garantizar los blindajes cuando la mayoría de sus dirigentes se han encontrado inmersos en procedimientos judiciales por sus actuaciones en el proceso independentista o incluso por escándalos económicos. Por ejemplo, la primera modificación se hizo en 2015, dos meses antes de que se convocaran elecciones con la creación de una coalición de partidos independentistas (Junts Per Sí) y un año después de que Jordi Pujol renunciara a la pensión (que cobró durante 13 años) tras haber reconocido que tenía dinero oculto en Andorra.
Desde entonces, el Parlament puede revocar total o parcialmente esta prerrogativa si no concurren “las condiciones de honorabilidad necesarias”. Pero no se ha definido lo que los diputados catalanes entienden por “honorabilidad”. En todo caso, la cámara decidió que la revocación “por hechos conocidos o que puedan constatarse, o en caso de condena penal firme”, sólo se podría hacer con el apoyo de dos tercios de los diputados (90 de los 135 existentes) que en aquel momento estaba en manos de los grupos independentistas.
Propuesta del PSC
El PSC, que cuenta con 32 diputados, registró en marzo pasado una proposición para modificar parcialmente esta ley y reducir la pensión al 10% del sueldo y durante sólo seis meses habiendo estado al menos dos años en el cargo. Según los socialistas, “ha cambiado la percepción social” hasta el punto de ser percibida esta retribución “como un privilegio injustificable”. En esta propuesta no figuraba nada relativo a la definición del concepto de “honorabilidad” o de lealtad institucional de los beneficiarios en el proceso independentista. La iniciativa no prosperó.
Pero en junio se aprobó otra proposición de En Común, que contó con el apoyo del PSC, CUP, Ciudadanos, PP y VOX, así como con la abstención de ERC y la oposición de Junts, para poder retirar esta percepción en el caso de que se produzcan sentencias firmes de delitos de corrupción de expresidentes (también del parlamento, como es el caso de Laura Borrás). Es decir, se podrán revocar las prerrogativas en casos de delitos de prevaricación, falsificación documental, tráfico de influencias, malversación o financiación ilegal de partidos con ánimo de lucro y en beneficio propio o de terceros.
En el supuesto de que esta propuesta siguiera adelante, Puigdemont podría no resultar afectado, pero, en el caso de serlo por la extensión de las imputaciones, la amnistía anularía la posible revocación.
