El temor a que el Gobierno decida finalmente subir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos ultraprocesados del 10% al 21% se extiende entre los principales agentes del sector, que piden al Ejecutivo que no lleven a cabo esa medida que tendrá efectos sobre la renta de los ciudadanos y sobre las compañías que se dedican a este negocio, lo que a su vez podría repercutir en la economía en general y el empleo del sector. 

La medida, comprendida en el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos, es una petición histórica del partido de Pablo Iglesias y la abandera el nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón. "Reduciremos el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares".

Al elaborar el acuerdo, PSOE y Podemos decidieron prescindir de la medida complementaria que sí aparecía en el programa electoral de Podemos y que promovía un "IVA más bajo para alimentos frescos y saludables", algo que podría comprometer el fin recaudatorio del Gobierno. 

Actualmente, el IVA de los alimentos es del 4% para los que se consideran de primera necesidad (huevos, leche, frutas, verduras y pan), del 10% para el resto (alimentos menos saludables como los procesados y también alimentos saludables como la carne y el pescado) y del 21% para las bebidas alcohólicas. Si el Gobierno va hacia delante con esta propuesta, muchos alimentos que estaban gravados con un 10% pasará, al 21%, lo que encarecerá los precios.

"La fiscalidad no cambia hábitos"

Desde la patronal del sector, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), explican a Vozpópuli que en su opinión "este tipo de medidas tienen un carácter recaudatorio que sólo tiene como efecto disminuir la renta de los ciudadanos, especialmente a los de rentas más desfavorecidos", y piden al Gobierno que no aborden un problema de salud "desde las medidas impositivas".

"No hay evidencia científica de que ese tipo de medidas sean eficaces, ya que desde la fiscalidad no se cambian hábitos y comportamientos (...) Los problemas de salud dependen de muchos factores relacionados con hábitos de vida saludables, no sólo con la alimentación. Defendemos la formación y la información al consumidor, una dieta variada y equilibrada basada en evidencias científicas y el sentido común de los consumidores, que permita satisfacer las necesidades nutricionales sin incurrir en excesos calóricos, así como la práctica de actividad física y estilos de vida saludables", apuntan.

"No hay evidencia científica de que ese tipo de medidas sean eficaces, ya que desde la fiscalidad no se cambian hábitos y comportamientos", dice la patronal

Luis del Amo, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), apunta a este medio que la subida del IVA podría encarecer algunos productos y desincentivar su consumo, pero habrá empresas que no podrán permitirse una subida de precios y se verán obligadas a reducir su margen de beneficio.

Tampoco confía en su efectividad Ángel de la Fuente, presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que no piensa "que el IVA sea un buen instrumento para hacer politicas sociales o similares. Tiene que recaudar y distorsionar lo menos posible".

Habrá que esperar a los Presupuestos

La medida ha sido bienvenida por asociaciones ecologistas como Justicia Alimentaria, que estima que un 70% de lo que comemos son alimentos procesados (dentro de los cuales se incluyen los ultraprocesados) y defiende que una mayor imposición de estos productos disuadirá a la población de consumirlos con tanta frecuencia, lo que beneficiará a su salud.

Desde el Ministerio de Hacienda señalan que "el Gobierno trabaja en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 y en las políticas fiscales, por lo que habrá que esperar para conocer el contenido de estas medidas".