La afirmación que da título al artículo no es de un ciudadano panameño con una ética reprobable ni tampoco de un empresario con escasos escrúpulos y empeñado en convertir sus malas prácticas en una norma comúnmente aceptada. La frase fue pronunciada por Kenia Porcell, la procuradora general de Panamá, cargo equivalente al fiscal general del Estado en España. El contenido de la afirmación y quién la asume ilustra a la perfección por qué el escándalo de las sociedades offshore utilizadas por multitud de personalidades del ámbito político, empresarial y del espectáculo, conocido como los ‘papeles de Panamá’, tiene su epicentro en el país centroamericano. Y también, por qué será el lugar donde más trabajo le cueste a la comunidad internacional conseguir esclarecer los hechos.

Hasta diez días tardó la procuradora general panameña en ordenar el registro de las oficinas del que se ha convertido en el despacho de abogados más famoso del mundo

El despacho Mossack & Fonseca, del que salieron todas las sociedades offshore que aparecen en la documentación revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), tiene su sede central en Panamá. Sin embargo, sus oficinas en la capital del país centroamericano fueron casi las últimas en ser registradas. Desde que el pasado 3 de abril los medios asociados al ICIJ (entre ellos los españoles El Confidencial y La Sexta) comenzaron a publicar informaciones en torno a los más de 11 millones de documentos que posee sobre este asunto, buena parte de las más 30 oficinas que el despacho posee por todo el mundo fueron abordadas por las autoridades de los correspondientes países en busca de pruebas o indicios que ayudaran a esclarecer la situación.

Pero Panamá es diferente. Hasta diez días tardó la procuradora general en ordenar el registro de las oficinas del que se ha convertido en el despacho de abogados más famoso del mundo. Y la operación se saldó con un escaso acopio de documentación que está siendo actualmente analizada.

Muchos han visto detrás de esta actitud tan pasiva la estrecha relación que mantiene Ramón Fonseca, uno de los socios fundadores de la firma, con el presidente panameño, Juan Carlos Varela. Hasta hace poco más de un mes, Fonseca era ministro consejero el Ejecutivo panameño, una especie de asesor áulico, sin voto pero con una enorme influencia. Anteriormente, Fonseca también ocupó ese mismo cargo con el Gobierno de Ricardo Martinelli. Y en todo este tiempo jamás tuvo que dejar sus ocupaciones al frente del despacho.

Políticos empresarios y viceversa

Esta es otra de las peculiaridades del país centroamericano y que se asume con toda naturalidad. Las elites empresariales y políticas se confunden. Pero no es una cuestión de influencia o de presiones sino de que aquel que ejerce un cargo público no abandona su actividad profesional.

En Panamá las elites empresariales y políticas se confunden. Pero no es una cuestión de influencia o de presiones sino de que aquel que ejerce un cargo público no abandona su actividad profesional

El ejemplo paradigmático es el de Roberto Roy, ministro para asuntos del Canal de Panamá y también presidente de la sociedad que gestiona el metro de la capital. Roy fundó hace 40 años R-M, una de las ingenierías más notables del país y habitual contratista del Estado, de la que se sigue ocupando sin ninguna incompatibilidad.

Roy, Alemán, Martinelli, Ford… apellidos que nunca desaparecen de la primera línea en el país centroamericano: ministerios, despachos de abogados, organizaciones empresariales. Sus tentáculos se extienden hacia todos los resortes de poder.

De ahí que la situación del Gobierno panameño ante esta circunstancia sea más que delicada, lo que explicaría el escaso entusiasmo de las autoridades para establecer responsabilidades y aclarar si el país es nuclear en asuntos de lavado de dinero. Con estos elementos sobre la mesa, la frase de la procuradora general cobra todo el sentido: “Aquí la evasión fiscal no tiene delito”.

Improvisada unidad contra el blanqueo

Hasta tal punto es así que Panamá ha tenido que improvisar una unidad especial contra el blanqueo de capitales, que no existía hasta este momento en el país, a pesar de que ha sido tradicionalmente un paradigma de paraíso fiscal, una consideración que aún mantienen muchos países. Javier Caraballo, especializado en crimen organizado, está al frente de esta nueva división, con escasos efectivos, con nula experiencia en la materia. Tendrá que trabajar con documentos recopilados en la sede de Mossack & Fonseca diez días después de que estallara el escándalo. Es decir, con los pocos que quedaran aún en esas oficinas.

Investigar las sociedades offshore en Panamá no implica sólo hurgar en las más que cómplices relaciones entre política y negocios, en el poder de las elites y en un sistema fiscal tan laxo que fomenta casi por sí solo la búsqueda de opacidad.

También supone meter el bisturí en una cultura y en un modo de vida para multitud de firmas radicadas en el país centroamericano. Nada que sea sencillo de hacer de la noche a la mañana como se requiere para arrojar luz sobre los ‘papeles de Panamá’.