Los Nozaleda ponen a la venta dos de las joyas de la corona del grupo familiar para conseguir un convenio con sus acreedores y salvar la inmobiliaria Nozar, una de las grandes compañías del sector hasta la explosión de la burbuja del ladrillo, entre los años 2007 y 2008.

La familia española de origen mexicano ha puesto a la venta el complejo Panticosa, en el Pirineo de Huesca, y las conocidas bodegas Enate. Las operaciones se enmarcan en el plan de negocio y propuesta de convenio que los Nozaleda presentaron la pasada semana a los acreedores de Nozar, con un pasivo superior a los 1.300 millones de euros.

El grupo Nozar se encuentra en concurso de acreedores desde el año 2008, y mientras otras compañías del sector, con deudas todavía superiores como Martinsa Fadesa o Reyal Urbis han ido a liquidación, la inmobiliaria de los Nozaleda ha conseguido esquivar su desaparición en un enrevesado proceso concursal.

El complejo Panticosa lo forman cuatro hoteles, cinco restaurantes y un spa en el Pirineo de Huesca

En su nueva propuesta de convenio, a la que ha accedido Vozpópuli, los Nozaleda se comprometen a desprenderse de Viñedos y Crianzas de Alto Aragón (Enate), y de Aguas de Panticosa (la sociedad propietaria del complejo hotelero) entre los años 2023 y 2026. En total, las ventas previstas de las filiales ascienden a 44,5 millones de euros.

El complejo Panticosa, que se encuentra en funcionamiento, lo forman cuatro hoteles, con 344 habitaciones en total, cinco restaurantes, y un spa. En 2019 daba empleo a 112 personas.

Un operario en labores de acondicionamiento en el Balneario de Panticosa. BALNEARIO DE PANTICOSA

A través de Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, los Nozaleda explotan la bodega ubicada en Huesca que elabora vinos con Denominación de Origen Somontano bajo la marca comercial Enate, en la que trabaja un centenar de personas.

Los Nozaleda venden también la filial Marcos Sotoserrano, que comercializa jamones ibéricos de bellota de Guijuelo

La misma sociedad posee el 38% del capital de Bodegas Laus (también de Somontano); el 100% de Viñedos San Martín (de Madrid); y el 42% de Alto Bodegas y Viñedos (Ribera del Duero).

Además los Nozaleda se comprometen a vender la filial Marcos Sotoserrano, empresa que explota una planta que ocupa 18.000 metros cuadrados, con capacidad para transformar 40.000 cerdos al año, con una plantilla de 52 personas. La firma se dedica a la curación de jamones y paletas de cerdo ibérico de bellota con Denominación de Origen Guijuelo, así como de cebo, comercializados bajo la marca Marcos Salamanca.

Quitas del 97% y pago a Hacienda

La propuesta de convenio presentada por Nozar, con créditos pendientes de pago por un importe total de 1.306 millones de euros, contempla para la mayoría de sus acreedores -para los créditos ordinarios y subordinados-, lo que en la práctica viene a ser no pagar nada. El grupo solo se compromete a devolver todo lo que debe a Hacienda.

Los Nozaleda proponen a sus acreedores una quita del 97% con tiempo de espera de tres años, y una quita del 95% con un tiempo de espera de diez años.

La inmobiliaria dice que la solución propuesta a los acreedores es "claramente mejor que la liquidación"

Para los acreedores con deudas inferiores a los 25.000 euros, que suponen el 70% del número total de acreedores, se comprometen a devolverlas íntegramente en menos de un año. "Se pretende con ello suavizar los efectos del concurso sobre los acreedores de menor cuantía, muchos de ellos constituidos por empresas medianas y pequeñas", asegura la inmobiliaria.

"La propuesta de convenio se ajusta plenamente a las disposiciones de la Ley Concursal, ofrece una razonable satisfacción a los acreedores a tenor de las circunstancias", afirman los Nozaleda. "Sin duda", añaden, "resulta tanto para éstos como para las demás partes afectadas, en particular los trabajadores del Grupo Nozar, una solución claramente mejor que la liquidación".

El primer acreedor de Nozar es la Agencia Tributaria, con 103 millones de euros de deuda. La compañía da prioridad al pago a este acreedor frente al resto, y propone al organismo público la devolución de la cantidad debida en el plazo de cinco años, con un pago inicial de 25 millones de euros, que se entregarían a finales del próximo mes de julio.

Un proceso enrevesado

El concurso de acreedores de Nozar ha puesto a prueba la Ley Concursal. Y también las leyes del espacio-tiempo.

A finales del año 2008 la sociedad Avalatransa instó el concurso de acreedores de Nozar, solicitud que fue desestimada por el juzgado en mayo de 2009, y recurrida ante la Audiencia Provincial por la misma sociedad. Poco después, en septiembre de ese mismo año, Nozar solicitó ser declarada en concurso de acreedores voluntario, ante el Juzgado Mercantil número dos de Madrid, del juez Andrés Sánchez Magro.

En septiembre de 2010, el juez a cargo del concurso declaró el mismo como necesario, después de que la Audiencia Provincial diera la razón en su solicitud a la Avalatransa, y modificó la declaración del concurso a noviembre de 2008.

Por el concurso de Nozar han pasado algunos de los administradores concursales más reputados del país

En mayo de 2017 la Audiencia Provincial de Madrid modificó de nuevo la fecha de la declaración del concurso de Nozar, a la de 15 de septiembre de 2009. En noviembre de 2018 el juez dictó auto declarando nulas todas las actuaciones referidas a la determinación de la masa pasiva, y requirió a la administración concursal la elaboración de una nueva lista de acreedores.

En los once años que Nozar lleva en concurso, han pasado por la inmobiliaria algunos de los más reputados administradores concursales españoles. En 2010 el juez Sánchez Magro decidió retirar como administradores del concurso al catedrático en Derecho Mercantil Ángel Rojo y al economista Francisco Javier Ramos.

En su lugar nombró a la juez en excedencia Cristina Jiménez Savurido, presidenta de la fundación Fide, y a Luis Aurelio Martín Bernardo, entonces en el bufete DLA Piper, y que en la actualidad es socio fundador del despacho Abencys.

Cristina Jiménez y Luis Aurelio Martín apuntaron a la liquidación de la inmobiliaria y fueron demandados por la compañía; las querellas terminaron siendo archivadas. Los dos administradores se apartaron del proceso dando por hecho que los siguientes profesionales designados por el juez, el despacho Zubizarreta Concursal, abrirían la liquidación. Pero no ha sido así.