El Gobierno condena a Naturgy, IFM y La Caixa a irse de vacaciones con la OPA enquistada

El plazo de seis meses se ha cumplido. El Gobierno arrancaba a principios del mes de febrero el examen de la oferta de 5.000 millones de euros del fondo australiano IFM por el 22,6% de Naturgy. Un visto bueno obligatorio para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emita su opinión y los inversores acudan, o no, a esta OPA. Un primer paso que no llegará, según informan fuentes gubernamentales a Vozpópuli, hasta después de las vacaciones. 

Una parálisis que condena a Naturgy, a su pretendiente australiano y al máximo accionista de la energética (CriteriaCaixa) a vivir pegados al móvil este mes de agosto por si la ministra Nadia Calviño y su equipo ofrecen novedades, ya que es el Ministerio de Economía quien lidera este proceso. Esta patata caliente estaría, normalmente, en el Ministerio de Industria de no ser porque la ministra Reyes Maroto tuvo que apartarse del proceso para evitar un posible conflicto de interés en la oferta a la empresa donde trabaja su marido. 

Un portavoz de los afectados en este examen del Gobierno confiesa a este medio que existen opciones de que este mismo martes se ofrezcan novedades tras el último Consejo de Ministros antes de verano. Fuentes gubernamentales aplazan esta decisión hasta “finales de agosto o principios de septiembre”. Este escenario seguiría estando dentro de plazos porque, como apuntan, se han remitido diversos requerimientos de información a IFM que han ampliado los tiempos que tiene por ley el Gobierno para aprobar la OPA. 

La propia vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos aseguraba la pasada semana en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno que la valoración llegará “en las próximas semanas”. Una afirmación que los propios interesados en la operación han interpretado que aplazan su valoración hasta, como mínimo, el primer Consejo postvacacional del 24 de agosto. 

Los propios inversores tampoco esperan el visto bueno del Gobierno a la OPA de Naturgy antes de las vacaciones de Moncloa. Este lunes, las acciones de la energética cerraban en 21,67 euros, un 1,8% por debajo de los 22,07 euros que ofrece IFM. El fondo australiano anunciaba la pasada jornada que ajustaba de nuevo el precio de su oferta por el segundo dividendo que reparte Naturgy entre sus accionistas desde que se lanzó la OPA. La propuesta inicial se elevaba hasta los 23 euros por acción. 

Criteria, un 'aliado' en Naturgy 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez dará luz verde a la OPA. Pocas voces afectadas en este proceso aseguran lo contrario. Esta sentencia viene alimentada, principalmente, por la decisión de La Caixa de mantenerse como accionista de referencia y aumentar su participación en Naturgy. Una salida para que el Gobierno apruebe la operación, lance un mensaje de estabilidad a los inversores extranjeros y el holding que preside Isidre Fainé mantenga la empresa que preside Francisco Reynés en una situación cómoda para Moncloa. 

Su hoja de ruta así lo evidencia. La decisión de CriteriaCaixa de, no sólo mantenerse, sino llegar desde el 24,8% que tenía hasta al umbral legalmente fijado para formular una OPA (30%) confirma su voluntad de continuar como el accionista español de referencia de Naturgy. Una españolidad que preocupaba, principalmente, a los representantes de Unidas Podemos en el Gobierno.

Además, Criteria se comprometió públicamente a mantener la empresa cotizada en España (asegurando liquidez a todos sus accionistas); asegurar un Plan Industrial de la compañía -coherente con la Transición Energética Justa- dotando a la misma de suficiente tiempo para su ejecución y priorizando la inversión productiva; mantener la seguridad de suministro energético a España y evitar ventas de negocios de Naturgy sin asegurar su reinversión. 

¿Aceptarán los accionistas?

Una receta que convence en Moncloa y, si la OPA prospera e IFM coloca a dos consejeros en la mesa de gobierno de Naturgy, ofrecerá la estabilidad deseada. Aunque el avance del holding de la Fundación “La Caixa” hasta el 30% se convierte en la mayor dificultad para que el fondo de pensiones de los estibadores australianos logre, como mínimo, comprar el 17% de la energética española.  

Además de Criteria, la energética está participada por los fondos GIP (20,6%) y CVC -con el grupo March- (20,7%), la estatal argelina Sonatrach (4,1%) y Norges Bank (1,1%). Esto quiere decir que si las autoridades aprueban la oferta y ninguno de estos inversores institucionales vende, que es más que posible, IFM tendrá poco margen de maniobra para triunfar.