"Hay ganas de resolverlo cuanto antes e intención de bajar el número de afectados". Así explican fuentes conocedoras del ajuste de plantilla de Naturgy que, en un primer momento, cifró en mil empleados. La empresa que preside Francisco Reynés y los sindicatos (UGT, CCOO, USO y SIE) acumulan tres reuniones en la última semana para solventar el mayor ajuste de plantilla del sector energético anunciado en 2021.

El primer compromiso de Naturgy con los sindicatos es que reducirá la cifra de afectados en este expediente. El otro punto clave de las primeras conversaciones ha sido la selección de una empresa de recolocación que permita a los empleados despedidos encontrar un nuevo empleo. También está sobre la mesa respetar la voluntariedad y presentar una propuesta atractiva a los afectados.

El punto de fricción más importante es la justificación. Francisco Reynés y su equipo detallan que la empresa es una excepción dentro del sector energético. La fuerte exposición que tiene Naturgy al gas natural provoca que la compañía se replantee su masa laboral. Un argumento que no compran los sindicatos, ya que insisten que el gas natural es considerado una fuente energética para la transición.

Los sindicatos ya tienen una propuesta conjunta este mismo martes. La empresa, que ha preferido no realizar comentarios ante la pregunta de Vozpópuli, quiere cerrar su recorte de plantilla cuanto antes. Es más, la convocatoria de esta jornada tiene como objetivo cerrar ya mismo el acuerdo. Aunque, según detallan fuentes conocedoras del proceso, la disparidad de sensibilidades de los sindicatos no lo pondrá fácil.

Naturgy mira a junio

El objetivo de la empresa es arrancar el segundo semestre con este proceso cerrado. Según adelantaba en marzo Economía Digital, los plazos que se manejan desde un primer momento es acabar con dos meses después de que concluyan las negociaciones. Un proceso que se ha agilizado una vez formada la mesa sindical. Los representantes sindicales recibieron la noticia de la intención de despedir a mil empleados mientras negociaban con la empresa el nuevo convenio.

Y, mientras, sigue avanzando la OPA. El Gobierno analiza desde hace dos meses la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el fondo australiano IFM, que pretende pagar 4.922 millones de euros por el 22,6% de la energética. La OPA está ahora en el tejado del Ministerio de Industria. Concretamente, en la Secretaría de Estado de Comercio y Dirección General de Comercio e Inversiones. Estos dos organismos analizan la oferta del fondo australiano al margen del Gabinete de Reyes Maroto, ya que la ministra decidió apartarse de este proceso porque su marido trabaja en Naturgy. 

La ‘decisión política’ sobre esta OPA es una manzana de la discordia en el Ejecutivo. Según ha contado este medio desde enero, las ministras Nadia Calviño y Teresa Ribera lideran la defensa de este proceso para no mandar un mensaje negativo al resto de inversores extranjeros. Su oposición serán los representantes de Podemos en el Gobierno, que no quieren facilitar la llegada de un fondo australiano a esta empresa estratégica. 

Pero la división llega incluso hasta a los dos hombres de confianza de Pedro Sánchez. Como adelantaba Vozpópuli, las dos personas de máxima confianza del presidente, su director de Gabinete, Iván Redondo; y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, tienen posiciones enfrentadas con esta OPA. 

Redondo no ve con buenos ojos que, tras la llegada de los australianos, el 80% de una empresa tan estratégica como Naturgy esté en manos de los fondos de inversión. El director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno considera que esto supondría la pérdida de la nacionalidad de una nueva empresa energética, como ya sucedió con Endesa, y pondrá todo de su parte para retener este activo estratégico. Por su parte, Bolaños discrepa. Y prefiere dar luz verde a la operación. El ajuste de plantilla puede poner un nuevo ingrediente a la OPA.