Mochila austriaca, cuentas nocionales... guía para entender las propuestas sobre pensiones

La Seguridad Social parte de un déficit actual de unos 19.000 millones para afrontar los arduos retos que le vienen por delante: el envejecimiento de la población, el mantenimiento de un sistema de reparto con la tasa de sustitución más alta de Europa y la falta de mano dura en lo político para aplicar medidas impopulares que penalizarían en las urnas. 

La combinación de todos esos factores provoca que el gasto en pensiones no deje de subir (en enero se ha batido el récord de incremento, ya que el Estado ha tenido que desembolsar más de 9.500 millones para pagar las pensiones) y, según pronostican los expertos, este gasto aumentará en unos 36.000 millones de aquí a 2050. 

¿Qué se puede hacer con este agujero? Tanto restringir el gasto (atrasando la edad de jubilación o bajando las pensiones) como incrementar los ingresos (vía cotizaciones -de trabajadores y empresas- o mediante impuestos) son medidas que no gustarán a la población.

Una de las propuestas que podría estar barajando el Ministerio de Economía dentro de su Agenda del Cambio podría ser la implementación de lo que se conoce como "mochila austriaca", según ha avanzado esta semana El País, aunque el propio Ministerio no quiere confirmarlo todavía dado el enfado que ha provocado la noticia entre sindicatos y patronal, ante la ausencia de noticias al respecto por parte del Ministerio de Trabajo. 

La "mochila austriaca"

Este sistema se creó en Austria, un mercado laboral en que sólo existe un tipo de contrato y no hay indemnización por despido, por lo que cuando los trabajadores son despedidos recurren a este fondo de ahorro.

Se denomina "mochila" porque cuando un empleado cambia de trabajo se llevará consigo ese capital, como si de una mochila se tratara.

Cada mes el empresario retira un porcentaje del salario y lo guarda en este fondo, que además se invierte para conseguir una rentabilidad extra mientras el Estado garantiza el 100% del capital. Es parte de su sueldo, pero se cobrará en el futuro.

En caso de no ser nunca despedido, el trabajador tendrá derecho a cobrar el capital el día que se jubile, con lo que contará con un plan de pensiones complementario que se sumará a la pensión pública que reciba del Estado.

Las cuentas nocionales

Otra de las opciones es el sistema de cuentas nocionales, que es defendido por algunos organismos como el propio Banco de España. "Son una opción interesante", señala Óscar Arce, director general de Economía y Estadística de la entidad. 

La idea consiste en que las cotizaciones que ahora pagan los trabajadores a la Seguridad Social cada mes se apunten de forma personalizada a su nombre, con lo que el día que se jubile contará con la suma de todo lo que ha aportado más el rendimiento que se ha conseguido.

Para calcular cuánto de esa suma se le concede en forma de pensión se tendrá en cuenta cuánto se revalorizará su pensión cada año y cuál será su esperanza de vida, lo que reducirá la cuantía respecto a lo que se cobra actualmente.

Hasta ahora, la estrategia más eficiente por el lado económico (y más dolorosa por el lado social) de las que se han planteado ha sido la reforma que aprobó el Ejecutivo del Partido Popular en el año 2013, sin contar con el consenso de otros partidos ni de los agentes sociales.

Las medidas estrella de esta reforma fueron la introducción de dos nuevos conceptos: el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, que han sido ya prácticamente derogados en la práctica con el acuerdo de todos los partidos políticos que están representados en el Pacto de Toledo. 

Este grupo se ideó para conseguir que todas las medidas en materia de pensiones contarán con el consenso de todos los partidos políticos, de manera que pudieran aplicarse con una visión más a largo plazo que las medidas que suelen aprobar los Gobiernos barajando un horizonte de cuatro años. 

El factor de sostenibilidad

¿En qué consiste el factor de sostenibilidad? Actualmente las pensiones de jubilación se calculan en función de los años cotizados (si son más de 25 se utilizan los últimos 25 años para el cómputo), la edad de jubilación y la cuantía cotizada. 

Sin embargo, en 2013 el Gobierno aprobó que a partir de 2019 se introduciría un cuarto factor: el de sostenibilidad, que consiste en tener en cuenta la esperanza de vida para decidir cuánto debe cobrar un pensionista.

Esto se debe a que en la actualidad, los jubilados de media reciben 9 años que se han podido sufragar con sus cotizaciones a lo largo de la vida laboral y otros cinco años añadidos que les está regalando la Seguridad Social, debido al incremento de la esperanza de vida (cuando se estipuló que la edad legal de jubilación fuera a los 65 años, la esperanza de vida era muy inferior a la actual, pero ambos parámetros no han evolucionado de forma paralela). 

El año pasado, cuando el PP y el PNV llegaron a un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, el partido de Mariano Rajoy tuvo que aceptar que la introducción del factor de sostenibilidad se pospusiera hasta el año 2023, y esta es una medida que ahora podría descartarse definitivamente. 

El Índice de Revalorización 

La segunda medida era la utilización de un Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) para decidir cuánto suben las pensiones de un año para otro. Este índice se decide en función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, de forma que para poder revalorizar las pensiones el sistema debe garantizarse un incremento proporcional de la recaudación. 

Además, se estipuló que si el sistema estaba en déficit las pensiones sólo subirían un 0,25% cada año, independientemente del comportamiento de la inflación.

Este método fue eliminado el año pasado, en que el Gobierno decidió volver a ligar la revalorización de las pensiones al IPC para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo, con lo que se decidió que éstas subieran un 1,6% de forma general en 2019, y un 3% en el caso de las mínimas y las no contributivas.

Una vez descartados estas dos medidas, el Pacto de Toledo, el Gobierno y la mesa de diálogo social debate para buscar alternativas que permitan garantizar tanto la suficiencia como la sostenibilidad del sistema.