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Economía

Metrovacesa y Aedas estudian entrar al mercado de la vivienda protegida de alquiler

El consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza

Ante la incertidumbre sobre el alcance del shock que tendrá la crisis del coronavirus en la demanda de vivienda, Metrovacesa y Aedas Homes, dos de las tres principales promotoras residenciales cotizadas de España, barajan entre sus alternativas entrar en el mercado de la promoción de viviendas de protección pública de precio limitado en alquiler, esto es, proyectos en los que la Administración Pública colabora con el promotor (por lo general, cediéndole suelo) a cambio de que el impulsor y/o gestor de las viviendas se comprometa a percibir rentas dentro de unos límites fijados desde el inicio por la respectiva administración.

"Consideramos que es una oportunidad interesante para el sector y, en ese sentido, Metrovacesa está abierta a estudiarla, así como cualquiera de las opciones posibles para dar soluciones a la demanda existente en este segmento", afirman a este medio fuentes de la promotora de Jorge Pérez de Leza, participada por Banco Santander, BBVA, el banco suizo Julius Baer, el magnate mexicano Carlos Slim y el fondo de inversión Blackstone.

"Creemos en la colaboración público privada para promover vivienda nueva tanto en alquiler como en venta. Es nuestra obligación estudiar todas las oportunidades del mercado", señalan por su parte desde Aedas, incidiendo en que su modelo de promoción de vivienda para alquiler es el de "proyectos en mano", esto es, levantar viviendas para un tercero que luego las gestionará.

Ambas promotoras cierran así el círculo iniciado entre las principales promotoras por Neinor Homes, que en su última presentación de resultados también abrió la puerta a entrar en el mercado de la vivienda en alquiler a renta tasada. "Se podría estudiar si surgiese la oportunidad", afirmaban desde la promotora dirigida por Borja García Egotxeaga, que ha entrado al alquiler bajo el modelo de gestión directa.

Mercado incipiente

El mercado de la vivienda nueva para el alquiler (Build to Rent) apunta al déficit en España de viviendas pensadas desde su construcción para su uso en alquiler y, en especial, por parte de potenciales inquilinos con capacidad adquisitiva media o baja.

En 2019 se invirtieron unos 880 millones en este mercado incipiente para un total de 4.000 viviendas en diferentes fases de construcción, si bien la expectativa del sector es que hay margen para invertir hasta 136.000 millones. Antes de la covid, el Gobierno había iniciado la tramitación de un plan para impulsar 20.000 nuevas viviendas.

En lo que va de 2020 se han invertido otros 330 millones en nuevas promociones. Los fondos estadounidenses Hines y Ares, el sueco Catella y la aseguradora francesa Axa aparecen entre los principales inversores en este segmento del mercado español que ha empezado a emerger fundamentalmente en Madrid, Cataluña y el País Vasco. Los precios de promover estas viviendas rondan los 250.000 euros de media.

Proyectos iniciados a rentas tasadas

Una rama incipiente del mismo mercado es la de la promoción de viviendas de precio protegido para alquiler, a un coste menor para el promotor dentro de la colaboración público-privada, pero con un límite fijado por la administraciones públicas a las rentas futuras a percibir por el inversor. 

Dentro de este mercado han incursionado bajo el modelo de promoción para gestión directa players como la promotora enteramente controlada por Slim, Realia, y la tradicional Pryconsa de los Colomer. 

Realia ha activado ya la promoción de 280 viviendas de protección pública para alquiler en Tres Cantos (Madrid), que luego también gestionará, tras una inversión de 40 millones (unos 143.000 euros por vivienda). Pryconsa ha iniciado el desarrollo de 102 viviendas de protección pública para alquiler en Torrejón de Ardoz (Madrid) tras una inversión propia de 18 millones (unos 176.000 euros por vivienda).

Paralelamente Tectum, ligada a la gestora especializada en alquiler asequible Locare, acaba de cerrar la venta de 919 viviendas de protección oficial para alquiler asequible distribuidas por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid (empezaron a desarrollarse en 2018 y alrededor de una quinta parte de ellas están ya en comercialización) a la aseguradora Axa por 150 millones (unos 163.000 euros por vivienda). 

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