Un seísmo inesperado en el mundo de las antiguas cajas. Así sorprendió ayer al sector de las fundaciones bancarias la exigencia del bloque independentista formado por ERC y Junts a Pedro Sánchez para que traspase a la Generalitat la supervisión y vigilancia de la Fundación La Caixa como parte de la negociación de la investidura.
Estas pretensiones ponen en guardia al Banco Central Europeo (BCE) porque provocarían una "contrarreforma" en la Ley de Cajas de 2013 y supondrían una regresión al anterior modelo politizado de las antiguas caja, como advierten distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.
La Ley 26/2013 estableció que el Protectorado de las fundaciones herederas de las antiguas cajas con un ámbito de actuación que exceda el de una comunidad autónoma sería pilotado por el Ministerio de Economía, con la excepción de la Fundación Kutxa. El Banco de España es, por su parte, el organismo que supervisa la solvencia y la relación con las entidades financieras.
Pendiente de si se plasma en un cambio legal
El BCE no tendría competencias directas sobre las Fundaciones Bancarias, pero es el encargado de controlar de cerca a los bancos participados. Por esta razón, vigila el plan de Sánchez y los independentistas, y no se descarta que pueda pronunciarse en caso de que la exigencia se plasme en un cambio de ley, como señalan fuentes próximas a los supervisores.
"Levantaría ampollas en el BCE porque sería volver al modelo politizado que llevó al sumidero a 40 de las antiguas cajas", advierten desde las antiguas cajas.
Fuentes oficiales del BCE y del Banco de España prefirieron no hacer comentarios al respecto. El Gobierno tendría que incluir una modificación legal a la Ley de Cajas para traspasar la vigilancia de La Caixa a la Generalitat, lo que podría abrir la puerta a ceder estos poderes a más comunidades autónomas, como indican fuentes próximas a las fundaciones.
"Levantaría ampollas en el BCE y el Banco de España. Sería volver al modelo que llevó al sumidero a 40 de las 45 antiguas cajas contra el criterio de los supervisores y los reguladores", alertan fuentes cercanas a las antiguas cajas. En la actualidad quedan ocho fundaciones que controlan directa o indirectamente a cuatro de los mayores bancos en España. Se trata de CaixaBank, Unicaja, Ibercaja y Kutxabank.
"Se despiertan viejos tics", resume de manera gráfica un alto directivo financiero que pide el anonimato tras conocerse las intenciones del bloque independentista en la negociación de la investidura de Sánchez.
Críticas desde dentro del Banco de España
Una sensación similar a la que se tiene en el seno del Banco de España. Fuentes internas del supervisor nacional lamentan que La Caixa, que fue la principal caja que sobrevivió a la crisis de 2007 por no estar politizada, ahora está en riesgo si finalmente el Gobierno cede y traspasa la vigilancia a la Generalitat.
Otras fuentes de las antiguas cajas no verían con malos ojos la cesión de la supervisión a las comunidades autónomas. Y como argumento de peso esgrimen el papel del Ministerio de Calviño en la crisis de gobernanza de la Fundación Unicaja en plena batalla de poder.
Las sospechas de irregularidades durante la etapa de Braulio Medel volvieron a despertar viejos fantasmas de las cajas y el Gobierno planeó incluso una reforma de la Ley de Cajas. "Hubo una clara falta de implicación de Calviño en el ejercicio del Protectorado", indican fuentes conocedoras.
Posiciones de control en empresas del Ibex
El traspaso a la Generalitat del poder de supervisión en La Caixa no es baladí. Se trataría de un movimiento estratégico para Cataluña, ya que la Fundación atesora una cartera de distintas participaciones empresariales de peso en el Ibex.
A través de Criteria, su brazo inversor, es el máximo accionista de CaixaBank, donde controla el 32,24% tras la fusión con Bankia, y conforma junto a BBVA el núcleo duro de accionistas nacionales en Telefónica, presionado ahora por Arabia Saudí y su intención de comprar el 9,9% del capital de la teleco.
La Fundación La Caixa controla además el 26,71% de Naturgy, un 4,36% de Cellnex y un 9,10% del Grupo Financiero Inbursa (propiedad de la familia mexicana Slim). Unas participaciones que le dan un poder de influencia crucial en empresas estratégicas en España.
El mundo de las antiguas cajas mira con recelo las negociaciones para la posible investidura de Sánchez, sin descartar el primer cambio brusco desde la reforma de 2013.
