Luca de Meo pone en duda nuevas adjudicaciones a España si no hay mejoras en competitividad

Luca de Meo, el nuevo consejero delegado de Renault, conoce bien España tras haber estado al frente de Seat los últimos cuatro años y llevarla a récords históricos de beneficios y producción. Por ello, cuando habla de la industria española del automóvil lo hace con suficiente conocimiento como para que sus palabras no pasen desapercibidas, más aún en estos momentos de crisis e incertidumbre generadas por causa de la pandemia que asola con fuerza a Europa. Una crisis que está poniendo a prueba a las fábricas españolas, de las que cuatro pertenecen a la francesa Renault.

Y en estos difíciles momentos que vive la industria del automóvil, el máximo dirigente del grupo francés ha advertido de que en España no se ve una "voluntad muy fuerte" en política industrial para poder empujar la transición ecológica y ha ligado los futuros proyectos del grupo en España a mejoras de competitividad de las fábricas y el apoyo público.

Aunque ha insistido en varias ocasiones en el compromiso de la compañía con España, ha advertido en un encuentro con la prensa que el grupo atraviesa una situación difícil y tiene que saber "dónde poner su dinero y estar muy seguro de las inversiones que hace", pues de lo contrario no habrá más grupo Renault.

El fabricante francés, que cuenta con cuatro plantas en España, en Valladolid, Palencia y Sevilla, con más de 14.000 empleados, se encuentra inmerso en la negociación del convenio colectivo de estos centros, para los que ha propuesto una serie de medidas, como elevar la jornada o recortar pluses, para elevar su competitividad. "Tenemos ideas, pero todo va depender de si encontramos las condiciones para poder tener productos competitivos. La situación de Renault, con 7.300 millones de pérdidas en el primer semestre, es muy complicada", ha dicho el ejecutivo, quien no revelará los planes para España hasta saber sus niveles de competitividad.

Además de lograr el apoyo de los trabajadores y directivos, De Meo considera que Renault necesita también el apoyo de las autoridades, tanto desde el punto de vista de la financiación como desde el punto de vista de la seguridad jurídica, y ha recordado que el grupo cuenta con 38 fábricas a nivel mundial y que su trabajo consiste en decidir "dónde tiene que apostar".

Amenaza de otros países

"España es la segunda casa para Renault después de Francia, es un sitio en el que no tenemos duda de que hay que invertir. No dudamos del compromiso con el país pero hay cosas que necesitamos obtener de trabajadores, directivos y autoridades", ha insistido De Meo. En su opinión, España es una buena plataforma y cuenta con servicios e infraestructuras que hacen que esté en una situación privilegiada para saltar "en la nueva cadena de valor", pero si no evoluciona, vendrán otros países como Turquía, Marruecos o Rumanía, que le quitarán proyectos a España.

Para evitarlo ha pedido también apoyar a la empresas con la rebaja de costes como los energéticos y logísticos, y no castigar fiscalmente a los coches de combustión que seguirán dominando las ventas en la próxima década.

Por su parte, el presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, ha asegurado que las mejoras de competitividad que se logren en España serán determinantes para diseñar el plan industrial en el país del grupo, que tiene previsto presentar su plan estratégico global a comienzos de 2021. El directivo español ha recordado el problema de sobrecapacidad que presenta la industria del automóvil en toda Europa, y ha advertido, al igual que Luca de Meo, que si la producción no puede venir a España irá a otros países.

"La competitividad no es reducir salarios" sino dar un cambio de 360 grados y hay que trabajar con los agentes sociales "hacia dónde nos proyectamos en los próximos cinco años en esa nueva dimensión del automóvil", ha añadido De los Mozos. En mayo, Renault descartó el cierre de plantas en España dentro del plan de ajuste presentado por el grupo, que recortará 15.000 empleos y reducirá costes por valor de 2.150 millones de euros.