La Justicia golpea a Ryanair por sus prácticas en España con tres condenas en sólo un año

Nuevo golpe de los tribunales españoles a Ryanair. En una sentencia reciente del pasado 9 de octubre, el Juzgado de lo Social número 9 de Málaga obliga a la aerolínea 'low cost' a readmitir a un tripulante de cabina que fue despedido por "causas disciplinarias" tras secundar una huelga en septiembre de 2019.

El magistrado considera que ha existido una "vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical, no justificándose los motivos del despido". El demandante que ha salido victorioso del litigio con el gigante irlandés no fue el único trabajador despedido, según informan fuentes sindicales a Vozpópuli.

Esta es la tercera sentencia en contra de Ryanair por parte de la Justicia española en sólo un año. En noviembre de 2019, el Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid también condenó a Ryanair a devolver el suplemento de 20 euros que cobró a una pasajera que viajaba en tarifa estándar con una maleta de mano además de su bolso personal, al entender que fue una medida "abusiva", pues el equipaje podía ser transportado en cabina.

En este sentido, la titular del Juzgado entendió que esta conducta "no está amparada" por la norma comunitaria que permite a las aerolíneas fijar libremente las tarifas de sus servicios, esto es, la cuantía que va a cobrar la compañía por el transporte así como sus condiciones.

El segundo golpe llegó ya en 2020, con la crisis del coronavirus de fondo. La Audiencia Nacional declaró "nulo" el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por Ryanair a 224 trabajadores de sus bases cerradas en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Girona en enero, antes de la pandemia, y le obligó a readmitir a los trabajadores de forma inmediata.

En definitiva, Ryanair ha tenido que readmitir a esos empleados en un momento crítico para la aerolínea, con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en vigor que afecta a prácticamente la totalidad de sus 1.500 trabajadores en España ante la reducción de la actividad aérea durante el estado de alarma por la Covid-19 y de su capacidad durante los próximos meses, ante el desplome de la demanda. 

Además, en los últimos meses Ryanair también ha sido condenada en al menos dos ocasiones a indemnizar a pasajeros por la cancelación o el retraso de sus vuelos. También recientemente, ya fuera de las fronteras nacionales, el Tribunal Superior de Irlanda ha rechazado una demanda presentada por la aerolínea contra las medidas de movilidad adoptadas por el Gobierno de Dublín para frenar la pandemia.

Varios juicios pendientes

La compañía aérea de bajo coste aún tiene varias citas pendientes en los tribunales españoles. El más cercano, el próximo jueves 22 de octubre se celebrará la vista para la negociación del convenio de sus tripulantes de cabina, paralizada hasta el momento, según informan los sindicatos a Vozpópuli. 

Además, la vista por el ERE de Ryanair fue uno de los últimos juicios que se celebró en la Audiencia Nacional antes de que se declarase el estado de alarma. El 10 de marzo estaba prevista también su comparecencia por el despido colectivo en las agencias que la aerolínea utiliza para completar su plantilla, Crewlink y Workforce, pero el juicio se retrasó y está fijado para el próximo 10 de noviembre.

Los sindicatos también recuerdan que aún no ha habido elecciones sindicales en Ryanair y, en este sentido, el 9 de diciembre se ha señalado el juicio por conducta antisindical contra la compañía irlandesa. En este año y medio, los delegados nacidos del acuerdo del 9 de enero 2019 "han visto menoscabados sus derechos laborales", denuncian fuentes de USO, pues "no contempla sus horas sindicales como tiempo efectivo de trabajo, y no ha pagado o ha pagado incorrectamente parte de sus salarios". 

Ya en 2021, Ryanair se enfrentará a los sindicatos el 10 de febrero por una denuncia de "cesión ilegal de trabajadores" de Workforce y Crewlink a la matriz Ryanair (Inspección de Trabajo ha decretado ya que se ha cometido este delito en la base de Gerona); y el 9 de marzo por la presunta vulneración del derecho a huelga en 2018 (Inspección de Trabajo también se ha pronunciado y propone 15 sanciones graves y una muy grave para la compañía).