Publicado: 24/01/2019 05:15
El Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional ha requerido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) documentación sobre los expedientes sancionadores incoados a Banco Popular.
También ha ordenado que se solicite al Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas (ICAC) copia de las sanciones impuestas contra PwC por sus trabajos de auditoría de las cuentas del banco del año 2016.
El juez José Luis Calama, en una providencia firmada ayer miércoles, atiende a las peticiones realizadas por el fondo británico Algebris, uno de los afectados por la crisis del Popular y su posterior venta al Santander.
El fondo, que gestiona activos valorados en 12.000 millones de dólares, había requerido al juez copia de los expedientes sancionadores, en el estado en que se encuentren, incoados por la CNMV a la entidad financiera, sus consejeros, responsables de auditoría, y a su director financiero.
El regulador del mercado español ha detectado datos inexactos en las cuentas del ejercicio 2016 comunicadas por Banco Popular, lo que supuso que el organismo abriera, el pasado mes de octubre, un expediente sancionador contra la entidad. Sin embargo, el proceso fue suspendido a la espera de que se aclare la causa penal.
PwC, auditor
El juez también ha atendido la petición del fondo británico de que se requiera al ICAC el envío al juzgado de copia de los expedientes sancionadores incoados a PwC y contra su socio auditor, Pedro Barrio Luis.
El ICAC declaró el pasado mes de junio a PwC y a su socio auditor José María Sanz Olmeda corresponsables de la comisión de dos infracciones graves en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas de 2012 de Banco Popular, imponiendo dos multas a la consultora de 119.908 euros y 149.885 euros.
La consultora, que ha recurrido la sanción, defiende que se trata de un defecto de forma de una partida puntual cuyo contenido no ha sido puesto en duda. Pero la sanción del ICAC puede suponer un perjuicio mucho mayor que la multa económica si afectara a su labor como actual auditor de las cuentas de Santander, un trabajo por el que anualmente cobra cerca de 100 millones de euros.
La imposición de dicha sanción, de acuerdo a la ley, "llevaría además aparejada su incompatibilidad de los auditores con respecto a las cuentas anuales de la sociedad Banco Popular Español y Grupo Banco Popular
La imposición de dicha sanción, de acuerdo a la ley, "llevaría además aparejada su incompatibilidad de los auditores con respecto a las cuentas anuales de la sociedad Banco Popular Español y Grupo Banco Popular correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que la sanción adquiere firmeza en vía administrativa".
PwC se encuentra imputada en el proceso penal que sigue la Audiencia Nacional y que investiga a las anteriores cúpulas de Banco Popular. La consultora auditó las cuentas de la entidad financiera durante 35 años seguidos sin apuntar una salvedad.
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