Publicado: 04/06/2019 05:15
Cuatro jueces, Eloy Velasco, Enrique López, Ángel Luis Hurtado Adrián y Manuela Fernández Prado, centran el insólito enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las plazas de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Se trata de una confrontación que ha llamado la atención de las asociaciones de jueces españolas y que amenaza con lesionar la credibilidad de las más altas instituciones judiciales del país: "Si el CGPJ no acata una sentencia del Supremo, ¿qué mensaje estamos enviando a la ciudadanía?", comenta un reconocido experto en la materia.
Como informó el lunes Vozpópuli, el Supremo ha dado 10 días al CGPJ para que informe sobre el grado de ejecución de la sentencia por la que Velasco y López deberían abandonar sus puestos en la Audiencia Nacional. El CGPJ lo que hizo fue adscribir a los jueces Eloy Velasco y Enrique López a la misma Sala, debiendo concursar para obtener plaza en propiedad, en lugar de retirarlos.
El caso da pie a todo tipo de suspicacias: ¿Hay amiguismo (también) en los máximos órganos de los jueces? ¿Existen presiones políticas para que uno u otro juez ocupe un puesto en la que se conoce como la 'Súper Sala'?
Este ha sido, a muy grandes rasgos, el recorrido profesional de los cuatro jueces. Todos ellos, a pesar de la polémica entre el Supremo y el CGPJ, gozan del respeto de la mayoría de sus compañeros.
Velasco, de Valencia a la AN
El juez Eloy Velasco alcanzó notoriedad mediática al hacerse cargo de dos de las operaciones más sonadas de la última década, la Operación Crucero y la Operación Púnica. La primera llevó a prisión al que fuera presidente de la CEOE, la patronal empresarial, Gerardo Díaz Ferrán, y la segunda al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
Velasco (Bilbao, 1963) desarrolló durante los años noventa su carrera como juez en Valencia, y abandonó sus cargos para ser nombrado Director General de Justicia de la Generalitat Valenciana con Eduardo Zaplana.
En 2003 regresó al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia y un año después obtuvo plaza en el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid. En 2008 se situó al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
López, del Constitucional a la AN
Enrique López López (León, 1963) se convirtió a finales de los años ochenta en uno de los jueces más jóvenes del sistema judicial español. Tras pasar por juzgados de instrucción de A Coruña, Valladolid y León durante la década de los años noventa, ingresó en el Consejo General del Poder Judicial.
En junio de 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, pero un año más tarde dimitió de su cargo tras ser interceptado en un control de la policía conduciendo una moto sin caso y dando positivo en el test de alcoholemia.
Ingresó en la Audiencia Nacional y fue designado como juez del caso Gürtel, pero fue apartado a finales de 2015 por el organismo ya que algunos de los acusados habían apoyado su nombramiento como juez del Tirbunal Constitucional.
Hurtado, el voto particular de la Gürtel
Ángel Hurtado inició su carrera profesional como juez en juzgados canarios, a principios de los años ochenta (Telde, Puerto del Rosario, Las Palmas y Arrecife). Tras pasar un año en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, entre 1987 y 1988, desembarcó en Madrid. Entre 1991 y 2006 se hizo cargo de la presidencia de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.
En 2006 fue destinado a la Audiencia Nacional y allí ha sido ponente y presidente del Tribunal que ha juzgado la primera época de la trama Gurtel, la misma cuya sentencia sirvió de justificación a Pedro Sánchez para impulsar la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Con fama de conservador, compañero apreciado por los jueces Velasco y López, emitió un voto particular en la sentencia de la Gürtel en el que rechazaba condenar al PP por considerar que el partido no era conocedor de lo que los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo llevaron a cabo.
Fernández Prado, la juez que no pasa por el aro
Manuela Fernández Prado tiene fama de no casarse con nadie y de eludir las relaciones políticas para medrar en la carrera judicial.
Así lo ha demostrado en el enfrentamiento entre el Supremo y el CGPJ por las plazas en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, al haber sido ella quien recurrió el Real Decreto de mayo de 2017 por el que se destinó a Velasco y López en dicha sala.
La magistrada, asociada a Jueces por la Democracia, con cerca de 25 años en la Audiencia Nacional, presidió el juicio que condenó a los asesinos de Miguel Ángel Blanco, y también fue ponente del caso Lasa y Zabala, por el que fue condenado el general Enrique Rodríguez Galindo.
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