Hace unos días, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció ante la Comisión para la Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo que su departamento estaba trabajando con los agentes sociales en la reforma y modernización del sistema de pensiones sobre la base, en una primera etapa, de adecuar el mecanismo de revalorización, el traspaso de gastos impropios, el desarrollo de un modelo nuevo de cotización para los trabajadores autónomos y alinear la edad efectiva y la edad legal de jubilación. ¿Con qué fin? Evitar que de cada 100 personas que se jubilan, 38 lo hagan antes de los 65 años y 62 al cumplir esa edad o más. O como ocurrió al final de los años dorados de economía española (2006 y 2007) cuando las prejubilaciones llegaron a superar el 42%.

Esta última es la que más quebraderos de cabeza provoca en el departamento y también en los ciudadanos. De cómo se lleve a cabo esta medida va a depender la salud financiera del sistema. Y es que, en 2020, la edad media real de jubilación fue de 64,6 años, en lugar de los 65 años y 10 meses legales, salvo mínimas excepciones. Eso sí, la cifra es un año mayor que la de 2006, cuando se situó en menos de 63 años y medio, según los datos de la Seguridad Social.

La jubilación anticipada es una opción que suelen utilizar las personas con ingresos más altos, cotizaciones de máximos y con muchos años de contribución en su vida laboral. La mejor prueba de ello es que, en 2020, aquellos que se jubilaron con 65 años percibieron una pensión media de 1.264 euros. En lo que va transcurrido de 2021 las cosas no han cambiado mucho, ni tampoco para mejor. Un trabajador que se haya jubilado en febrero pasado con 60 años percibirá una pensión media de 2.394 euros mensuales; el que lo haya hecho con 63 años, de 1.707 euros, mientras el que lo hizo con la edad legal (65 años si cumplía un determinado número de años cotizados), se quedará en 1.333 euros. Es decir, un 45% menos.

Los españoles no están por la labor de prolongar su vida laboral y prefieren sacrificar un porcentaje de la pensión que les correspondería llegando a la edad legal a cambio de acabar su vida laboral cuanto antes. Los datos son determinantes. El pasado año, solo 28.929 trabajadores prolongaron su vida laboral por encima de los 65 años, mientras 106.411 con edades comprendidas entre los 60 y los 64 años adelantaron su jubilación. Es decir, por cada español que decide prorrogar su vida laboral por encima de la edad de jubilación hay 3,6 que optan por anticiparla. En 2017, la proporción era de uno por cada 5,5 y en 2019, de uno por cada 4,2.

Con su reforma, Escrivá quiere evitar que de cada 100 personas que se jubilan, 38 lo hagan antes de los 65 años y 62 al cumplir esa edad o más

En total, el número de altas recibidas por el sistema público exclusivamente por jubilación fue el pasado año de 285.870, de las que 147.360 correspondieron a trabajadores que en 2020 cumplían los exactamente 65 años y que representan el 51,64% del total. En el caso de las pensiones de viudedad, en 2020, las altas ascendieron a 140.362, un 6,24% más que en el ejercicio precedente.

¿Qué medidas discuten el Ministerio de Inclusión y los agentes sociales? Además de la revalorización de las pensiones sobre la base de la variación positiva del Índice de Precios de Consumo (IPC) y de las reformas de la jubilación parcial y las cláusulas convencionales de la jubilación forzosa, el quid de la negociación está en cómo castigar la jubilación anticipada mediante cláusulas de reducción de los ingresos finales y de qué forma y en qué cuantía incentivar la prolongación de la vida laboral.

Las empresas buscan ya la vía para desincentivar el retraso de la jubilación que quiere Escrivá
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Escrivá propone cambiar el sistema de coeficientes reductores de la actual periodicidad trimestral a mensual y aplicarlos sobre la pensión final que el trabajador percibirá y no sobre la base de cotización, como actualmente, situación que, únicamente, beneficia a los futuros perceptores que cotizan por máximos al tener los salarios más elevados.

La razón no hay más que buscarla en los datos de la propia Seguridad Social. En 2020, se jubilaron con 60 años de edad 1.718 personas, cuya pensión media ascendió a 2.328 euros mensuales. La pensión máxima ese año era de 2.638,34 euros. Con 61 años, se dieron de alta 24.901 trabajadores, con una pensión media de 1.506 euros; con 62, 10.573 (1.630 euros). Dos años antes de la edad legal, con 63 años, entraron en el sistema 46.249 personas, para una retribución media mensual de 1.710 euros. Con 64 años, lo hicieron 22.970, con una paga media de 1.794 euros.

En 2020, la edad media real de jubilación fue de 64,6 años, en lugar de los 65 años y 10 meses legales, salvo mínimas excepciones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretende que haya cuatro niveles de reducción de la cuantía final de la pensión, en función de haber cotizado más de 44,5 años, entre 41,5 y 44,5 años, entre 38,5 y 41,5 años y menos de 38,5. Escrivá pretende que para los primeros, la reducción en el caso de adelantar la jubilación natural en dos años sea del 13%. En los siguientes supuestos aumentaría al 17% (antes, el 14%), al 19% (15% antes) y al 21% (16% hoy), en el caso de los trabajadores con menos años cotizados.

Jubilados mayores

Retrasar la edad de jubilación tiene algo más de lógica económica. Basta con repasar por qué lo hacen. Las altas en el sistema de personas con 66 años (13.234 en 2020) perciben una pensión media de 971 euros, casi 300 menos que los de 65 años. A partir de esa edad, la retribución media asciende un poco hasta alcanzar los 1.049 euros. En febrero de este año, las retribuciones en los mismos colectivos fueron de 992 y 1.120 euros, respectivamente.

Para incentivar la prolongación de la vida laboral, el Gobierno trabaja sobre tres opciones: incrementar la percepción en un 4% adicional por cada año de demora, realizar un pago único de entre 4.786 y hasta 12.060 euros, según se trate de pensiones mínimas o máximas y en función de los años de cotización. Una tercera opción es una combinación de ambas soluciones.

En marzo, en España había 1,131 millones pensionistas de entre 55 y 64 años (22.529 menos que el mismo mes de 2020); 3,273 millones de entre 65 y 74 años (22.768 más), 2,371 millones de entre 75 y 84 años (26.33 más) y 1,379 millones de más de 85 años (424 menos que hace un año). Los datos no hacen más que confirmar que la esperanza de vida es cada vez más alta y que el sistema necesita de un mayor número de personas trabajando y cuanto más tiempo, mejor. Como dice el ministro José Luis Escrivá, se trata de contribuir a que “la jubilación sea un derecho y no una obligación”.