El Ingreso Mínimo Vital sólo llega a 284.000 hogares, el 40% de los potenciales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluye que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no ha desplegado ni la mitad de su potencial y que esta ayuda, puesta en marcha en mayo de 2020, sólo ha llegado hasta diciembre de 2021 a 284.000 hogares, el 40% de los beneficiarios potenciales, con el 56% de su presupuesto.

Es la conclusión de su primera opinión sobre el IMV, en la que advierte de que la ayuda podría haber llegado a 700.000 hogares si estuviera plenamente implementada, con un coste anual de 2.800 millones de euros, frente a los 1.600 millones que ha supuesto en el plazo estudiado.

La AIReF observa que hay 400.000 hogares que podrían recibir el IMV pero no lo han solicitado por su complejidad, fenómeno que se conoce en el análisis de este tipo de subsidios como non take-up.

Estas cifras no incorporan a País Vasco y Navarra al disponer sólo de datos del territorio común.

El número de solicitudes ha sido elevado, sobre todo en los primeros meses, y ha superado los 1,5 millones, con un porcentaje muy alto de peticiones rechazadas. En concreto, el 73% se ha denegado o inadmitido por criterio de renta, patrimonio o unidad de convivencia, porcentaje que se ha ido suavizando con el tiempo.

Solicitudes rechazadas

La Autoridad Fiscal llama la atención de que el IMV, junto con los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas, si estuvieran plenamente implementados cubrirían a cerca del 60% de los hogares en riesgo de pobreza, entendidos como los que poseen rentas por debajo del 40% de la mediana.

En todo caso, todavía quedarían 540.000 hogares en riesgo de pobreza sin cubrir, lo que podría reducirse si las CCAA modificaran sus rentas mínimas en relación con el IMV. Así, el Ingreso Mínimo ha tenido menos desarrollo en comunidades como Cataluña o Baleares, con mayor despliegue de rentas mínimas propias.

En este sentido, Caixabank Research ha recomendado una evaluación y ajuste del IMV. El servicio de estudios de la entidad financiera considera que se trata de "una política pública esencial para las familias con pocos recursos y con poca vinculación al mercado laboral".