La Seguridad Social ha recibido desde junio del año pasado 1,2 millones de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), de las que ha aprobado solamente 210.000 prestaciones que dan cobertura a un total de medio millón de beneficiarios.

Aunque son muchos cuya solicitud todavía no ha sido revisada o a los que se les ha denegado por criterios de renta, el número total de los beneficiarios del IMV ya supera al de aquellos que estaban cubiertos con los sistemas de rentas mínimas autonómicos que existían antes de que se creara esta prestación.

En muchas de comunidades el sistema de renta mínima sigue existiendo, solo que es complementario al estatal y se dedica a complementar los ingresos de los beneficiarios hasta un nivel más elevado, dado que el IMV sólo garantiza los primeros 461 euros de ingresos.

En concreto, un total de 565.195 personas se benefician actualmente del Ingreso Mínimo Vital, frente a los 552.531 que eran receptores de las rentas mínimas a cierre de 2019.

En total hay siete comunidades en las que ha crecido el número de beneficiarios con el cambio de modelo, entre las que destaca Andalucía (donde antes cobraban la ayuda 75.539 y ahora la reciben 185.031), Castilla-La Mancha (donde han pasado de cobrarla 10.246 a 21.760), la Comunidad Valenciana (de 43.365 a 74.454) o Murcia (de 15.479 a 22.439).

En otras regiones, sin embargo, ha sucedido lo contrario. El número de beneficiarios en Cataluña, por ejemplo, ha bajado desde los 108.001 a los 40.925; mientras que en Madrid han pasado de ser 91.076 a 58.872.

El Ingreso Mínimo es más progresivo

Las regiones que concentran a un número más alto de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que son Andalucía y Extremadura, como ya contó Vozpópuli, son aquellas en las que la renta per cápita es más baja, lo que demuestra el carácter progresivo de este instrumento, es decir, se da más a quien menos tiene.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido este pasado viernes en el Senado que esto supone una mejora respecto a las rentas mínimas autonómicas, ya que tenían un carácter regresivo: aquellas más ricas podían dar más a sus ciudadanos, mientras que las que tenían una renta per cápita más baja concedían menos ayuda.

Antes, Asturias, Aragón, Baleares y Cantabria eran las que tenían más beneficiarios estando entre las que tenían más renta per cápita; mientras que Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía se encontraban entre las que tenían menos volumen de receptores y menos renta por persona.

En cuanto a la velocidad de despliegue de esta nueva prestación, según datos facilitados por la Seguridad Social, su cobertura cuadruplica la que habían conseguido las rentas mínimas autonómicas un año después de su creación.

En promedio, el gasto medio anual por hogar se ha incrementado un 20% con este nuevo modelo, lo que supone un aumento de unos 900 euros en promedio.

Aunque el Ejecutivo ha conseguido llegar a 200.000 hogares, la cifra se encuentra muy lejos del objetivo inicial de cubrir a 850.000 familias.