La inflación disparará el gasto en pensiones por encima de los 150.000 millones en 2022

En 2021, el Gobierno presupuestó un gasto para atender las pensiones contributivas de 143.046 millones de euros. Esta cantidad, que figura en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Senado de forma definitiva el pasado 22 de diciembre, y que supone un aumento del 3% sobre la cifra del año anterior, es la consecuencia de la estimación del aumento del colectivo de pensionistas, de la variación de la pensión media y, por supuesto, de la revalorización de un 0,9% acordada por el Ejecutivo para mantener el poder adquisitivo de los jubilados en el presente ejercicio.

Todo hace indicar que el próximo año puede hacer historia de dos maneras: la primera, rompiendo la barrera de los 150.000 millones de euros de gasto (para las pensiones contributivas y las no), y la segunda, atender los derechos de más de nueve millones de pensionistas también por primera vez en la historia.

El Gobierno aún no ha presentado en el Parlamento el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, que tenía que haber llegado al Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre como exige el artículo 134 de la Constitución. Lo hará en los próximos días, cuando, se da por entendido, consiga el visto bueno de su socio de Gobierno y de los grupos parlamentarios que, necesariamente, tendrán que apoyarlo para que salgan adelante.

Teniendo en cuenta que la revalorización de las pensiones el próximo año está ya vinculada al IPC, que la inflación está desbocada en los últimos meses y que se incorporarán a la nómina mensual alrededor de 110.000 pensiones más y 90.000 pensionistas, es fácil advertir que la frontera de los 150.000 millones de euros de coste para 2022 está al alcance la mano. Directamente, o teniendo en cuenta las pensiones no contributivas, que este año absorberán 2.568 millones de euros, tras una subida del 1,8%.

Factura mensual de las pensiones

Con datos de septiembre de este año, la Seguridad Social soporta mensualmente el coste de 9.871.644 pensiones contributivas correspondientes a 8.949.770 pensionistas. Son 106.292 pensiones más que en septiembre de 2020 y 88.768 pensionistas más.

El grueso de las pensiones contributivas se concentra en las de jubilación. Ascienden a 6.179.875 pensiones, el 62,6% del total, aunque suponen el 72% de la nómina de cada mes: 7.373 millones de euros en septiembre, de un coste total de 10.234 millones. Las segundas en importancia son las de viudedad (2,354 millones de pensiones y 1,58 millones de beneficiarios). Representan el 23,84% del total en número, pero el 17,1% del importe global. Las restantes se reparten entre incapacidad permanente (950.694), orfandad y favor de familiares.

Hasta septiembre pasado, últimos datos que recoge el Ministerio de Trabajo, la nómina de todas las pensiones contributivas (casi 94 millones de pagas) ascendió a 101.321 millones de euros. Son diez abonos mensuales, teniendo en cuenta la "extra" del mes de junio. Una sencilla extrapolación de lo que resta por abonar (otras cuatro pagas, teniendo en cuenta la extraordinaria del mes de noviembre) elevaría la factura por encima de los 142.000 millones de euros, en el mejor de los casos.

Entre los años 2018 y 2021, las pensiones se actualizaron de acuerdo con la previsión estimada del IPC para cada ejercicio. En el presente año, las pensiones contributivas se revalorizaron en un 0,9% teniendo en cuenta la estimación del IPC para el ejercicio. Como quiera que el IPC (salvo un brusco cambio de tendencia que hoy no se espera) ha desbordado estas previsiones, los pensionistas recibirán en enero o febrero del próximo año una paga compensatoria por el "error" de previsión del Gobierno, que podría situarse entre los 200 y los 250 euros dependiendo de cada situación.

Las pensiones contributivas, tal y como las define el Ministerio de Trabajo, "son prestaciones económicas de duración indefinida, generalmente vitalicia, y cuya cuantía depende de las aportaciones que haya hecho el trabajador durante el periodo establecido". Para 2022, el Gobierno ha establecido un mecanismo por el cual, a partir del 1 de enero de cada año, "las pensiones se incrementarán de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del año anterior". En el caso de que la inflación, como sucediera en 2020, fuera negativa, las pensiones permanecerían inalteradas.

Evolución del IPC

El indicador adelantado del IPC del mes de septiembre señala un aumento del IPC en tasa interanual del 4%, lo que llevaría la media anual a un aumento del 1,45% de los precios. El problema es que para hacer la comparación definitiva faltan los meses de octubre y noviembre. En el pasado año, en ambos casos, los precios cayeron un 0,8%, lo que hace pensar que cualquier comparación con lo que puede suceder en el presente mes y en el próximo no harán sino incrementar la media de forma exponencial. Los expertos prevén que la inflación media del año en noviembre esté por encima del 2% en el mejor de los casos. Así lleva en tasa interanual desde abril, es decir, los últimos seis meses de forma consecutiva.

Si con una revalorización de las pensiones contributivas del 0,9% este año la nómina de las pensiones contributivas se elevó un 3%, la pregunta es cuánto subirá con una revalorización del 2% y un aumento del número de pensiones muy superior, aunque solo sea por los catastróficos efectos de la pandemia en la población de más avanzada edad durante el pasado ejercicio.

Tomando solo como ejemplo el aumento del 3% de los PGE de 2021, la nómina de las pensiones contributivas ascendería a cerca de 147.500 millones de euros. Bastaría con sumar el montante de las no contributivas para romper una nueva barrera.

Es cierto que el presupuesto de gastos en pensiones en el presente ejercicio asciende a 163.297 millones de euros, pero en esa cifra se engloban las partidas de incapacidad temporal, las ayudas por nacimiento y cuidados del menor, prestaciones familiares, subsidios, atención a la dependencia, cese de actividad e ingreso mínimo vital… que este año han supuesto un desembolso de cerca de 22.000 millones de euros, pero que nada tienen que ver con la salida de un ciudadano de la vida laboral.