El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pasa la factura a la banca. Las entidades de crédito tendrán que pagar al Estado unos 300 millones de euros al año por haber utilizado su aval para inyectar liquidez a las empresas durante la pandemia, según ha podido saber Vozpópuli.

El aval que otorga el Gobierno, de hasta un 80%, no es gratuito y de hecho ya se está empezando a abonar, aun sin haberse comenzado a cobrar por parte de las entidades los primeros plazos de dichos créditos.

Cabe destacar que los 100.000 millones de ayudas que se pusieron en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido entregados por completo por las entidades financieras, aunque sea el Estado el que asuma la mayor parte del riesgo.

Los bancos son en última instancia los responsables de prestar este dinero y los que deciden a qué compañía se les otorga dicho capital, pero corren el riesgo de que estos caigan en mora y obligue al sector a hacer mayores provisiones al respecto.

El Gobierno intenta que esto último no suceda con nuevos mecanismos -carencia y vencimiento- que ayudan a que las empresas puedan aplazar esa deuda para prevenir posibles impagos. Aún así, los bancos tendrán que seguir pagando la 'cuota'.

Política con las ayudas

Este miércoles se produjo mucho ruido político tras las declaraciones de Pedro Sánchez en las que aseguró que el Gobierno destinaría 11.000 millones de euros a nuevas ayudas para los sectores más perjudicados.

Tras este anuncio, el sector financiero entendió que se dejaba a un lado las quitas, pero horas después fuentes gubernamentales explicaron a diferentes medios que éstas se mantenían, lo que hizo saltar todas las alarmas.

De hecho, varios consejeros delegados de la banca española -José Antonio Álvarez (Banco Santander), Onur Genç (BBVA), Jaime Guardiola (Banco Sabadell) y María Dolores Dancausa (Bankinter)- se reunieron de forma telemática con el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, y con la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, para abordar el tema este mismo jueves.

De este cónclave, los primeros espadas del sector salieron más aliviados, pues entienden que hay una parte del discurso político que no se va a materializar finalmente.

Los créditos ICO

El Gobierno puso en marzo de 2020 a disposición de las entidades de crédito avales por valor de 100.000 millones de euros, un 8% del Producto Interior Bruto (PIB)

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el encargado de analizar los préstamos que superan los 50 millones de euros, para saber si son aptos para entrar dentro de la línea de garantías del Estado creadas por la crisis del coronavirus.

Las entidades financieras sólo podrán dar el visto bueno a aquellos créditos que estén por debajo de la cuantía anteriormente mencionada, por lo que las líneas que necesiten las grandes empresas pasarán forzosamente por el Ministerio de Economía, máximo responsable en este área.

Luz verde de Bruselas para nuevas ayudas

La Comisión Europea dio este lunes luz verde a la modificación del marco español de ayudas a empresas por la pandemia, que incluye la posibilidad de conceder subvenciones directas, anticipos reembolsables, garantías u otras formas de apoyo, y extiende el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

El Ejecutivo comunitario aprobó tanto la enmienda al marco que permitirá conceder ayudas limitadas a través de intermediarios financieros, como una nueva medida destinada a ayudar a las empresas afectadas a cubrir costes fijos, según se ha indicado en un comunicado.

Esta medida permitirá en concreto dar ayudas en forma de subvenciones directas, beneficios fiscales, anticipos reembolsables, garantías, préstamos o capital a empresas de todos los tamaños y activas en todos los sectores salvo el financiero. El objetivo es proporcionar liquidez a las empresas que hayan visto caer su facturación al menos un 30% debido a la pandemia.