La compañía eléctrica española Iberdrola financió a Unió Democràtica de Catalunya (UCD), integrada en Convèrgencia i Unió (CiU). Ordenó, al menos, tres pagos a una fundación vinculada al partido en 2012, con Artur Mas como líder de CiU y del movimiento independentista.

Las facturas fueron contabilizadas desde tres filiales de la empresa española con sede en Massachusetts (Estados Unidos), según informa 'El Confidencial'.

Según esa información, estas tres filiales, que dan servicio eléctrico en Maine y Nueva York, realizaron tres pagos de 100.000 euros cada uno a la fundación perteneciente a Unió. El 18 de mayo de ese año -en plena convulsión del secesionismo-, la eléctrica ordenó realizar tres transferencias bancarias a una cuenta de Caixabank a nombre del Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn, fundación conocida como Inehca y constituida por Unió como 'think tank' democristiano.

Tras la publicación de esta noticia, Iberdrola ha informado a Vozpópuli que "los servicios de control de Iberdrola retrocedieron un pago ordenado por José Antonio Del Olmo a tres sociedades de los EEUU con destino España". "Del Olmo, excontroler de Iberdrola apoyado en la opinión de la abogada responsable de temas corporativos, quien no había informado de la operación a los responsables de Servicios Jurídicos de Iberdrola, ordenó su pago. La unidad de Control de Iberdrola USA, alertó sobre la posible disconformidad a derecho de la operación a los responsables jurídicos internos tanto de EEUU como de España", añaden.

La empresa asegura que estos encargaron informes independiente al despacho CMS ALBIÑANA, que dictaminó que la operación podía no ser conforme a derecho. Consecuentemente, Iberdrola procedió a retroceder la operación y dejarla sin efecto.

Investigación interna

Posteriormente, Iberdrola trasladó, según matizan, a la Comisión del Código Ético (hoy Unidad de Cumplimiento), para la investigación de una posible responsabilidad de los intervinientes. Dicha Comisión concluye que no cabe acometer acción alguna, ya que la operación no se ha llegado a ejecutar al cancelarse los pagos.

"Los controles internos de Iberdrola funcionaron. Cuando se estudió jurídicamente la operación, se comprobó que no era viable desde el ángulo legal y, por tanto, no se terminó realizando", destaca la compañía en declaraciones a este medio.