La imputación de Galán siembra dudas entre los ‘inversores responsables’ de Iberdrola

Iberdrola perdió 3.000 millones de euros en Bolsa tras la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán. Los analistas del mercado han presentado sus dudas sobre el daño reputacional en la acción y el efecto que puede tener este proceso en las carteras ESG (environmental, social and governance), los 'inversores responsables' que sólo apuestan por por empresas con buen posicionamiento ambiental, sociales y de gobierno corporativo.

Y, pese a que Iberdrola ha logrado un buen posicionamiento en las dos primeros parámetros de estos inversores, la imputación del presidente pone en riesgo el último concepto. "La involucración de los directivos de Iberdrola en el caso Villarejo podría afectar a la presencia de Iberdrola en las carteras ESG (que invierten por razones ambientales, sociales y de gobernanza)", aseguran los analistas del mercado de Bankinter.

Los expertos de la entidad señalan en en este proceso existe un "riesgo reputacional". "Con o sin juicio, con o sin condena, es el consejo de Iberdrola en última instancia el que tiene la potestad para decidir el futuro de Galán como presidente del grupo", explican los analistas de Bankinter. "Iberdrola mantiene que la declaración ante el juez de sus directivos representa una oportunidad para aclarar los hechos", aclaran.

Un diagnóstico que realizaban estos analistas el pasado martes, seis días después de la imputación. La Audiencia Nacional considera investigar a varios directivos del grupo, incluido su presidente, Sánchez-Galán en relación al "caso Villarejo". Podrían haber incurrido en un posible delito de cohecho por haber contratado para fines privados a Villarejo, entonces funcionario público. Además, serán investigados por posible “delito contra la intimidad”, y por “delito de falsedad en documento mercantil".

Declaración en 'stand by'

Este viernes, tal y como publicaba Vozpópuli, el magistrado Manuel García Castellón decidía suspender el interrogatorio previsto para el próximo miércoles de Ignacio Sánchez Galán. El instructor al frente del caso Villarejo le había citado para el día 8 de julio por los contratos que Iberdrola firmó con el entramado empresarial de José Manuel Villarejo. Sin embargo, ahora deja en punto muerto su interrogatorio y el de los otros tres directivos imputados para estudiar el grado de responsabilidad de la eléctrica en este asunto.

El juez razona que actúa de este modo por dos motivos principalmente; primero por el escrito presentado a comienzos de semana por la defensa de la empresa en el que pedía la nulidad de la imputación de Galán y, segundo y más importante, porque el magistrado está estudiando una posible imputación de Iberdrola como persona jurídica.

¿Sólo cae Iberdrola por la imputación?

El caso Villarejo afecta en la cotización, aunque no es el único para los analistas. El mercado considera que Iberdrola, que ha sido una de las empresas española que más de la apuesta de los inversores por las renovables, se ve damnificado por los cambios de tendencias en el mercado.

"La alta eficacia de las vacunas y los avances en el ritmo de vacunación están permitiendo la apertura gradual de la economía y la recuperación de los beneficios de las empresas más cíclicas", explican desde Bankinter. "Como resultado de esta rotación sectorial las empresas con ingresos regulados, como las energéticas, pierden atractivo tras un año 2020 donde registraron fuertes revalorizaciones", puntualizan.

El otro factor de esta castigo de la acción, para los analistas, es la nueva medida de Teresa Ribera. Con el objetivo de limitar las subidas de la luz el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que contempla poner coto a la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben las nucleares, hidráulicas y eólicas anteriores a 2005.

Las nucleares e hidráulicas en España, de las que Iberdrola es el principal operador, se benefician de obtener este alto precio a pesar de haber producido energía con fuentes que no generan gases de efecto invernadero y cuando la amortización de las instalaciones está avanzada.  El Gobierno estima en 1.000 millones de euros el recorte en ingresos en las compañías del sector. En el caso de Iberdrola podría tener un impacto de cerca de entre 300 y 400 millones.