Publicado: 28/07/2020 04:45
La posible imputación de Iberdrola en el caso Villarejo planea desde hace meses sobre la compañía. La reforma del Código Penal de 2010 acabó con el conocido 'societas delinquere non potest' (la sociedad no puede delinquir) y abrió la puerta a que las compañías pudiesen ser imputadas en procedimientos penales, un escenario que la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ya ha valorado junto a sus abogados.
Así se desprende de un acta del 31 de marzo de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola consultada por Vozpópuli e incluida en el sumario del caso. Durante una reunión celebrada ese día, el despacho Baker McKenzie explicó a los miembros de la comisión “el marco legal aplicable a la responsabilidad penal de la persona jurídica”. En el caso Villarejo, ni Iberdrola ni ninguna de sus sociedades ha sido todavía imputada, como sí le ha ocurrido a BBVA por sus relaciones con el excomisario, aunque el escenario está sobre la mesa. De hecho, Baker recomendó a la comisión que insistiese "en las pautas de retención de información" y que indagase "cuáles eran las que se encontraban vigentes en el momento de la contratación de Cenyt", la empresa del comisario. El acta también apunta que Iberdrola aceptó esta propuesta.
La responsabilidad penal de las empresas está desarrollada en el artículo 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La ley señala que las empresas pueden tener responsabilidad penal de determinados delitos cometidos por sus empleados en beneficio de la empresa. La ley está vigente desde 2011, y al no haber retroactividad, la eléctrica no puede responder de cualquier pago anterior a esa fecha.
Según la documentación incluida en la investigación, las relaciones entre Iberdrola y Villarejo se circunscriben, al menos por ahora, al periodo 2004-2017. Entre estos años, las facturas emitidas entre 2004 y 2017 se corresponden con la matriz y entre 2012 y 2017 fueron firmadas por Iberdrola Renovables. Partiendo de esta distinción, todo apunta a que sería la filial de renovables la más susceptible de ser imputada como persona jurídica.
La tesis de la Fiscalía
De hecho, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ya apunta a la responsabilidad jurídica de Iberdrola y de su filial de renovables, como publicó recientemente este diario. En dos escritos, uno del pasado noviembre y otro de enero, el ministerio público considera "muy probable la implicación de los Servicios Jurídicos de Iberdrola en la contratación del Grupo Cenyt", propiedad del excomisario que permanece en prisión desde noviembre de 2017.
Los fiscales precisan que los servicios de investigación contratados se ejecutarían a partir de 2011, cuando Villarejo aún era comisario en activo destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
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