Iberdrola espera en 2024 su primera victoria legal contra el impuestazo del Gobierno

Ignacio Sánchez Galán ha presentado sus resultados de 2022 ante los expertos del mercado. Una presentación, sin acceso a los periodistas, a la que ha acudido, como es habitual, con su director financiero, José Sainz. El presidente de Iberdrola ha movido el protocolo habitual para que Armando Martínez se estrene en unos resultados anuales como CEO del grupo. La otra novedad ha sido la intervención ante los analistas de su director de Servicios Jurídicos, Gerardo Codes.

La participación de Codes tenía un único objetivo: dejar claro a los analistas e inversores que ha recurrido el impuestazo del Gobierno español y que va a ganar esta batalla judicial. "Ya hemos recurrido esta medida, ya que es arbitraria y discriminatoria", aseguraba Codes. "No esperamos ningún avance sobre este recurso a lo largo de 2023, aunque sí estimamos que habrá alguna novedad a lo largo del año que viene", añadía el abogado.

Galán cedía la palabra a su director de Servicios Jurídicos para que ofreciese al mercado los argumentos que maneja su equipo para recuperar los 200 millones de euros que van a pagar al Gobierno por el 1,2% de sus ingresos en España. "Pagamos porque se considera que hemos tenido en el año beneficios extraordinarios, cuando la realidad es que nuestro resultado en este mercado es una caída del 90% de nuestros beneficios respecto al anterior, pero la tasa se cobra sobre las ventas. ¿Qué significado tiene entonces eso de 'beneficio extraordinario'?", puntualizaba el presidente de Iberdrola al comentario del 'jefe' de sus abogados.

El equipo legal de Iberdrola considera que este gravamen temporal, que deberán pagar en los próximos tres años, incumple tanto Constitución española como el derecho europeo. "Que quede claro que nuestro departamento de legal va a tomar todas las decisiones para poder defender los intereses de nuestros accionistas", ha reiterado Ignacio Sánchez Galán.

Iberdrola no es la única

Uno de esos pasos se ha realizado a través de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc). Esta agrupación que forma Iberdrola, Endesa y EDP decidió interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector. “La asociación de las principales eléctricas en España recurre directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas”, explican desde aelec. 

Fuera de aelec, también se preparan para ganar en los tribunales. Repsol prepara la batalla legal para recuperar lo pagado. "De acuerdo nuestros asesores internos y externos, este impuesto es incompatible con la Constitución española y la regulación europea", aseguraba la pasada semana Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en la presentación de resultados. En su caso su factura se eleva hasta los 450 millones de euros.

Y los abogados de Repsol comparten el mismo análisis que Codes. "De acuerdo nuestros asesores internos y externos, este impuesto es incompatible con la Constitución española y la regulación europea", explicaba Josu Jon Imaz tras presentar sus resultados.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy, cifró la factura 300 millones de euros por los resultados de 2022. Aunque el ejecutivo no quiso aprovechar la oportunidad para denunciar el impuesto.

"No soy quien para valorar si un impuesto es justificado, es un asunto del Gobierno quien debe analizar el efecto de sus medidas. No obstante, no creo que seamos el único que sector que haya mejorar sus resultados en 2022 tras un 2021 excepcional y negativo", puntualizó el presidente de Naturgy.