La imputación de Galán por Villarejo deja su futuro en manos del consejo de Iberdrola

La peor pesadilla de Iberdrola se ha cumplido. El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha acordado imputar al presidente Ignacio Sánchez Galán por su presunta implicación en la contratación ilegal del comisario Villarejo para labores de espionaje.

El juez ha atendido así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que este martes había presentado un escrito solicitando que se llamase a declarar al presidente en calidad de investigado después de haber sido señalado por uno de los testigos clave del caso, José Antonio del Olmo, excontroller de la compañía. También se ha acordado la imputación de los directivos Francisco Martínez Córcoles, Fernando Becker y Rafael Orbegozo.

El reglamento del consejo de administración de Iberdrola señala que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del organismo "cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la Sociedad o alguna de las sociedades del grupo", así como "cuando se den situaciones que les afecten (...) que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta".

En caso de que se produzca alguna de esas circunstancias, el consejo "requerirá al consejero para que dimita de su cargo y, en su caso, propondrá su separación a la Junta General de Accionistas". Fuentes de Iberdrola ya han admitido que el caso Villarejo ha erosionado "el buen nombre y la reputación" de la compañía en los últimos meses.

El reglamento también obliga a Galán a comunicar formalmente al resto de consejeros su imputación en el caso Villarejo (está citado el próximo 7 de julio para declarar). Una vez sean informados el resto de miembros del organismo, la Comisión de Nombramientos que encabeza María Helena Antolín elaborará un informe que será presentado al resto del consejo, que podrá adoptar las medidas que considere oportunas como "la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese".

Iberdrola "respalda" a Galán

Desde Iberdrola apuntan a que la compañía respalda a su presidente. Fuentes de la compañía trasladan que el apoyo interno es total y recuerdan que la Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración, reunida el pasado 25 de mayo, manifestó su apoyo al presidente y consejero delegado y al consejero-director general de los negocios.

Esta comisión del consejo de Iberdrola considera que esta decisión era la que mejor protegía los intereses de la compañía tras los más de 20 meses de instrucción del caso. Las mismas fuentes apuntan las citaciones dictadas este miércoles por el juez se consideran como una buena oportunidad para esclarecer todas y cada una de las acusaciones que se han realizado y que hasta ahora no han podido ser respondidas en sede judicial.

No obstante, los inversores sí han transmitido sus dudas este miércoles. La imputación de Galán y el resto de directivos se ha dejado sentir en la cotización de la compañía. A lo largo de la jornada, Iberdrola se ha anotado una caída del 3,56%, pasando de los 10,78 euros por acción a los 10,42 euros. Se trata de uno de sus peores registros en lo que llevamos de año.

"Constantes sospechas"

Iberdrola ya anunció el pasado 25 de mayo, un mes antes de la junta de accionistas, su predisposición a declarar en este proceso. La energética justificaba en 12 puntos a los inversores los motivos por los que ofrecía a la justicia la declaración tanto de Ignacio Sánchez Galán como del resto de directivos implicados en el 'caso Villarejo'.

"Estas constantes sospechas afectan al buen nombre y reputación", comentaba en su comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "En este sentido, no es baladí recordar que Iberdrola es el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas española del Ibex 35, y que las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado", añadía. Un mes después, el juez ha decidido imputar al propio Sánchez Galán.