Un hombre ha presentado este miércoles una reclamación contra la Generalitat de Cataluña después de que su madre falleciese a causa del coronavirus tras contagiarse en una residencia de ancianos de la comunidad. El demandante, Ángel Juárez, ha iniciado una reclamación antes de formalizar una demanda por la vía contencioso-administrativa en el caso de no recibir respuesta en el plazo de seis meses.

Juárez, que reclama una indemnización de un total de 151.000 euros, denuncia que su madre falleció en un hospital al que fue trasladada pocos días después de contagiarse en la residencia Parc del Clot (Barcelona) en la que había empezado a vivir recientemente. El demandante señala que en ese mismo centro han muerto otras 11 personas.

La reclamación, presentada por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, se articula legalmente a través de una reclamación patrimonial. De acuerdo con la ley, cualquier ciudadano tiene derecho a ser resarcido por los daños que haya podido sufrir por culpa de la acción (u omisión) de la Administración.

La gestión, en entredicho

En este caso, el demandante quiere que la Generalitat responda por la, a su juicio, deficiente gestión y control de las residencias de ancianos durante la crisis sanitaria. Denuncia que cuando su madre llevaba varios días con fiebre le comunicaron que la residencia no tenía ningún médico porque estaba de baja por la Covid-19 y que solo disponía de dos enfermeras.

En este tipo de acciones por responsabilidad patrimonial resulta clave demostrar que se pudieron tomar medidas que finalmente no se adoptaron y las consecuencias que de todo ello se derivaron. En este caso, el fallecimiento de una persona. En resumen, la Administración no es responsable de que se produzca una epidemia, pero sí de no haber hecho todo lo que estaba en su mano para afrontar la situación y minimizar los riesgos. También es necesario demostrar que el perjuicio causado es cuantificable y evaluable económicamente.

A falta de conocer cómo se defenderá la Generalitat y el resto de administraciones que reciban reclamaciones de este tipo, es previsible que opten por alegar fuerza mayor. Es decir, que cuando se conoció el impacto real del coronavirus, era imposible actuar con mayor diligencia, lo que les exoneraría de responsabilidad.