Exhaustos tras 15 meses de pandemia, agotados por la incertidumbre sanitaria y laboral, los hogares españoles afrontan ahora lo que no podían esperar: una cuesta de junio más dura que la de enero. Y eso que enero arrancó con dureza. Las subidas de la luz, de la gasolina e incluso del gas asestarán otro severo tajo a los presupuestos familiares.

Las turbulencias del mercado energético serían un fastidio limitado, si no fuera por los muchos disgustos que acumulan a estas alturas los ciudadanos. Sobre todo los más maltratados por la crisis económica, quienes están en el paro o a las puertas, quienes siguen en un ERTE con pánico al ERE, o quienes cobran un sueldo o una pensión míseros.

La tormenta se transformó en temporal en el instante en que empezaron a confluir las subidas de los productos energéticos más demandados. La doble escalada de precios asusta a los consumidores porque no llegan a fin de mes; y al Gobierno, porque tiene pocas herramientas a su alcance para ponerle remedio. Y las más rápidas y accesibles -las bajadas de impuestos- tienen un impacto indeseado en las debilitadas arcas de Hacienda.

De entrada, hay dos preguntas que deberían responder desde Moncloa. Una: ¿Cómo es posible que ninguno de los cientos de asesores gubernamentales fuera capaz de augurar la que se avecinaba? Y dos: ¿por qué la ministra de Transición Ecológica decidió estrenar la nueva factura eléctrica, con la confusión entre los consumidores que anticipaba, en un escenario de precios tan inestable?

Un Gobierno da la talla cuando sabe adelantarse a los problemas, cuando arma la defensa antes que el ataque. Si el Ejecutivo se hubiera anticipado mínimamente a la volatilidad del mercado energético, habría tenido más posibilidades de limitar los daños. Ni Pedro Sánchez ni los ministros más salpicados por la escalada pueden alegar en su defensa que el mercado no llevaba tiempo emitiendo señales.

Un Gobierno da la talla cuando sabe adelantarse a los problemas, cuando arma la defensa antes que el ataque

Es cierto que Teresa Ribera sí ha presentado medidas concretas y contundentes para poner orden, desde el fondo que penalizará a las petroleras (aprobado a finales de 2020) al recorte de los 'beneficios caídos del cielo' para las eléctricas (anunciado el 1 de junio). Pero todas comparten un horizonte de aplicación a medio plazo. Otros ministros con responsabilidad directa en el asunto, como Alberto Garzón, se han limitado a mostrar su pesar.

La última vez que el ministro de Consumo se pronunció en Twitter sobre el caos energético fue el pasado 9 de junio. Lanzó un tuit con mucha consigna y poco dato: "Desde Unidas Podemos estamos preocupados por los precios de los suministros básicos para las familias trabajadoras. Seguimos empujando para todas las medidas que rebajen la factura de la luz: como han pedido los sindicatos y otros actores es necesario adelantar la hora valle".

Cuando el ministro comunista expresó su preocupación, el mercado de la energía llevaba semanas emitiendo signos de calentura. Por ejemplo, en abril y mayo se disparó el precio de los derechos de emisión de CO2, que tiene repercusión directa en el recibo de la luz. Este hecho, unido al aumento previsto de la demanda eléctrica en verano y a la puesta en marcha de las nuevas tarifas programada para junio, debía haber encendido más de una luz de alarma en alguno de los ministerios o en el Palacio de La Moncloa.

Paralelamente, no era imposible predecir un encarecimiento progresivo de los carburantes. La Agencia Internacional de la Energía revisó al alza su previsión de demanda de petróleo en abril, a la vista de la mejoría de la recuperación de la actividad. La OPEP también había venido lanzando tenues señales de optimismo. De hecho, también ha admitido que el consumo de crudo crecerá más de lo estimado, sobre todo en la segunda mitad del año.

Para buscar más indicadores no hay que irse muy lejos. El propio Instituto Nacional de Estadística anunció a finales de abril la quinta subida mensual consecutiva del IPC. La tasa interanual se sitúa ya en el 2,7%, el nivel más elevado en cuatro años. Y la subida es achacable, sobre todo, a los carburantes.

Ni los malos augurios ni los indicadores concretos bastaron para que el Consejo de Ministros viera venir el temporal. Y eso que la factura eléctrica ya dio un susto tremendo al Gobierno a finales de 2020, justo antes de la cuesta de enero y la visita de Filomena. Ni Ribera ni Garzón ni el propio Sánchez esperaban que la de junio sería más empinada incluso.