Hacienda prepara un hachazo fiscal a las eléctricas con efectos retroactivos desde enero

Hacienda prepara una subida fiscal a las eléctricas con efectos desde enero de 2022. No está claro si se va a tratar de un nuevo impuesto directo o de un recargo en el Impuesto sobre Sociedades, trasladan fuentes del Ministerio. Ahora mismo gana enteros la creación de una figura fiscal nueva, cuando la pasada semana se inclinaban por el recargo en Sociedades. Esta medida no se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado, aunque es previsible que el Gobierno lance algún guiño sobre el particular.

Desde el Ministerio de Hacienda se decantan por que se tramite como proyecto de ley de forma exprés. Tanto Sociedades como la nueva figura se devengarían el 31 de diciembre, con lo que basta con que la medida entre en vigor antes.

En el caso de Sociedades, ya produciría rendimientos en octubre, mes en el que las empresas tienen que pagar el segundo pago fraccionado -o anticipo al Estado- del año y, en diciembre, el tercero. En los pagos fraccionados de octubre y diciembre se prorratearía lo que pagaran de menos en el primer pago fraccionado, que se realizó en abril. Un nuevo impuesto a las eléctricas también tendría pagos fraccionados.

La Campaña de declaración del Impuesto sobre Sociedades se celebra en julio del ejercicio siguiente, momento en el que se regulariza lo que cada empresa debe contribuir.

Fuentes próximas a Hacienda consultadas por Vozpópuli auguran que el recargo en Sociedades se acabará imponiendo dada la complejidad de crear un nuevo impuesto que no sea discriminatorio, que suponga un gravamen real y que no vaya a trasladarse al consumidor. Ponen de ejemplo la catarata de pleitos a los que se ha enfrentado el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) que creó el Gobierno de Mariano Rajoy, y que grava la producción de electricidad de las centrales un 7%, actualmente suspendido entre las medidas para atajar la subida de la electricidad. Precisamente porque repercute en el precio que los consumidores pagan por la energía consumida. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó ayer en TVE que el recargo fiscal que prepara tendrá efectos en un ejercicio fiscal completo. En su ya diario intercambio de diferencias con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Montero no aludió a que la medida vaya a entrar en vigor en 2023, sino a que lo hará con efectos desde enero.

Díaz volvió ayer a la carga en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y recordó el hilo de tuits que publicó el lunes con las medidas que Podemos propone desde hace tiempo. "La inflación es el problema más importante que tienen los españoles", insiste la vicepresidenta segunda.

Sobre la interpretación que ayer se hizo de que Montero prevé que el recargo a las eléctricas entre en vigor en 2023, fuentes próximas a Díaz apuntan que si se plantea con este plazo, finalmente no va a hacerse.

Abono de transporte

Las mismas fuentes señalan que entre las medidas que plantea Díaz -recargo fiscal a las eléctricas, abono de transporte, cheque de 300 euros para rentas bajas y topar la subvención a carburantes-, exige al ala socialista del Gobierno que el abono de transporte se apruebe el sábado.

"No tiene sentido que se subvencionen los carburantes para el uso de vehículos privados a todo el mundo y no el transporte público", ha dicho Díaz. En concreto, primero planteó que los abonos se redujeran a 10 euros, pero la propuesta final es una reducción del 50% de la tarifa. Desde Hacienda transmiten que está todo encima de la mesa.

Ya lo hizo Montoro

Aunque de momento Montero se inclina por realizar el recargo fiscal en un proyecto de ley, es posible hacerlo en un Real Decreto-ley, que luego puede blindarse de pleitos tramitado como proyecto de ley. Así lo hizo su antecesor, Cristóbal Montoro, en 2016, cuando aprobó en septiembre un recargo en los pagos fraccionados de Sociedades con efectos retroactivos, a lo que añadió un nuevo hachazo en el mismo impuesto que validó en diciembre y también con impacto desde enero del año en curso.

El Tribunal Constitucional anuló la subida de los pagos fraccionados de septiembre de 2016, pero sólo mientras estuvo en vigor como Real Decreto-ley. Como Montoro introdujo los pagos fraccionados incrementados en la Ley de Presupuestos de 2018, desde entonces están blindados. En lo que respecta al segundo hachazo en Sociedades de diciembre de 2016, sigue siendo un Real Decreto-ley sin blindaje y está siendo atacado en los tribunales.