Tras dos años acordando la subida salarial de los funcionarios al margen de los sindicatos, el Gobierno busca esta semana con CCOO, UGT y CSIF el pacto de rentas que pide en el sector privado con el fin de forzar a los agentes sociales a acercar posturas en una negociación colectiva por los salarios que ya se da por rota.
El Ejecutivo quiere que patronal y sindicatos alcancen un acuerdo que se traslade a las empresas para impedir que la inflación se descontrole aún más y, lo que sería aún peor, que se prolongue en el tiempo. En definitiva, evitar los temidos efectos de segunda vuelta (una espiral inflacionista entre salarios y precios como la sufrida en la década de los 70). Además, de alcanzarse un acuerdo, también sortearía el otoño 'caliente' de movilizaciones con el que los sindicatos amenazan.
Los representantes de los empleados públicos llevaban meses reclamando sentarse con el Gobierno para negociar la revalorización que incluirá en los Presupuestos del próximo año para aliviar la pérdida de poder adquisitivo que acumulan los empleados públicos, agravada con la inflación.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha apurado el plazo para hacerlo después de que el año pasado les citó con una propuesta ya cerrada del 2% que los sindicatos no tuvieron oportunidad de negociar. Entonces, aseguraron sentirse "ninguneados". En 2020, año marcado por la pandemia, el Gobierno también acordó una subida del 0,9% sin intervención de los sindicatos.
"Valoramos positivamente que se haya producido esta primera mesa y se abra el diálogo social, pero se produce un poco tarde. Veníamos demandando el diálogo desde marzo. En julio nos concentramos frente al Congreso de los Diputados coincidiendo con el Debate del Estado de la Nación", ha recordado en declaraciones a los medios este miércoles Humberto Muñoz, coordinador del Área Pública de CCOO.
Los sindicatos rechazan la propuesta
La primera reunión se ha saldado con el rechazo de los sindicatos a la propuesta de Hacienda de subir los salarios un 3,5% este año (un 1,5% de lo previsto en los PGE), un 2,5% en 2023, un 2% en 2024. Los tres sindicatos consideran "claramente insuficiente" e "inaceptable" esta propuesta, especialmente la subida planteada para 2023, y retomarán la negociación este jueves en una nueva reunión a las 16.30 horas.
CCOO pide una subida del 9% o 10% en tres años, elevando la propuesta de Hacienda para 2022 al 4% y planteando para 2023 y 2024 subidas del 3-3,5% y 2%, respectivamente, con cláusulas de garantía salarial. Al Gobierno le conviene alcanzar un acuerdo para presionar por un lado a CEOE a desbloquear las conversaciones y, por otro, a los representantes de los trabajadores a aceptar subidas salariales moderadas.
Este mismo miércoles UGT y CCOO reclamaron una subida salarial del 4,5% para este año a CEOE. "No es lo mismo disputar a la patronal y distintas empresas con beneficios que hacerlo contra el propio Estado. Por eso moderamos un poco las peticiones salariales y las ligamos a la consecución de importantes avances en derechos, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas", ha apuntado Humberto Muñoz, de CCOO.
6,5 puntos menos que las pensiones
El Gobierno excluye de este pacto de rentas a los pensionistas, una línea roja marcada desde el inicio pese a que instituciones como el Banco de España han reclamado que también participen. El próximo año el Gobierno revalorizará las pensiones con el IPC medio de este año, que previsiblemente se situará en el 9%. De esta forma, pretende subirlas seis puntos y medio más que los salarios.
El sobrecoste que tendrá esta medida para el Estado alcanzará los 16.200 millones, según la estimación del Banco de España. El organismo calcula que cada punto adicional de IPC supone un gasto adicional de 1.800 millones de euros, en línea con Fedea, Funcas y la AIReF, que lo sitúan en 1.700, 1.600 y 1.500 millones, respectivamente.
Además, tal y como informó Vozpópuli, al subir todas en el mismo porcentaje (9%), serán las pensiones más altas las que más gasto adicional supongan. En concreto, la mitad del coste extraordinario que supondrá revalorizar todas las pensiones contributivas con la inflación se irá en el 25% que representan las más altas, aquellas de más de 18.900 euros al año.
