Hacienda negocia con Junts la cesión a Cataluña de los impuestos a banca y energéticas a cambio de que los de Carles Puigdemont avalen los tres Reales Decretos-leyes que el Gobierno intenta convalidar en el Pleno del Congreso este miércoles.
"Estamos intentando ver si hay otras cuestiones que a ellos les puedan resultar de interés. Como en toda negociación, si hay un elemento en el que es difícil llegar al punto de encuentro, hay que explorar el perímetro para ver si hay otras cuestiones que se puedan incorporar", ha reconocido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este lunes en TVE.
Montero había descartado poco antes que el Gobierno vaya a retirar del primer Decreto de medidas de Justicia el principal escollo para Junts, una reforma que permitiría retrasar la amnistía dos años, como informó este periódico, ya que alega que es una medida de trasposición del Derecho de la UE.
El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha insistido este lunes en que no van a apoyar esas medidas ya que, a su juicio, ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía, agravan la infrafinanciación de Cataluña y recentralizan competencias de la Generalitat.
La amenaza de Junts va en serio, según ha podido sondear Vozpópuli. El problema de los posconvergentes es que para diferenciarse realmente de ERC sólo les cabe tumbar u obligar a retirar los Decretos, ya que todas las medidas que arranquen al Gobierno son susceptibles de ser capitalizadas por ERC desde la Generalitat.
Todavía hay margen para la convalidación dentro del periodo hábil de un mes desde su aprobación por el Consejo de Ministros, pero el Gobierno tiene difícil que la Junta de portavoces avale que los Decretos se lleven a otro Pleno. Sólo quedaría que los retirara o votarlos este miércoles.
Hacienda intenta salvar los Decretos en el último minuto y busca elementos que atraigan a Junts. El Real Decreto-ley de ayudas que incluye una retirada escalonada de las rebajas de impuestos a electricidad y gas también contiene la cesión de los impuestos a banca y energéticas a País Vasco y Navarra.
Las Haciendas forales ya reciben una compensación por estos impuestos y ahora el PNV ha arrancado su cesión.
Cataluña había reclamado una compensación por estos impuestos. En público lo hizo ERC en el Congreso cuando Junts estaba todavía en el Generalitat y precisamente gestionaba la Conselleria de Hacienda.
El riesgo de que la pugna entre Junts y ERC dificulte la negociación está ahí, ha admitido Montero. "Todos los partidos políticos, y más cuando hay una coyuntura como la que tiene el Congreso, hacen valer sus votos y su marca, y por tanto quieren visibilidad y cada uno hace su propia aportación. Junts per Catalunya también es lo que intenta plantear, aunque no tiene la perentoriedad de las elecciones que tenemos otros grupos, ni en Galicia ni en el País Vasco", ha señalado la ministra.
"Pero aún así ellos desde el primer momento han querido marcar diferencias con otro grupo político, y concretamente con quien disputa la capacidad de gobierno en su territorio. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis político, porque eso está presente", ha indicado.
Mientras ERC pide a Sánchez ligar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con la de los de Cataluña, a Junts no le interesa que las Cuentas de su rival salgan adelante, por ejemplo.
Lo que la Generalitat ha venido reclamando es no sólo una compensación por los impuestos a banca y energéticas sino su cesión, al menos en parte, que podría abrir el camino para la gestión del 100% de impuestos recaudados en Cataluña que el PSOE se ha comprometido con Junts a negociar. Pere Aragonès ya consiguió el pasado 21 de diciembre que Pedro Sánchez se aviniera a acordar el desarrollo de una Agencia Tributaria catalana en base al desarrollo del Estatut que buscan los independentistas. Junts y ERC comparten este objetivo, pero buscarán capitalizar los logros por separado.
Se abre el melón para otras CCAA
Si abre este melón, Hacienda se enfrenta a las reclamaciones de otras comunidades que exigen una compensación por estos impuestos y que ahora esperan que el Gobierno les convoque para comunicarles la polémica oferta de condonar la deuda, sobre la que ya ha prometido a ERC 15.000 millones para Cataluña. En el otoño de 2022, cuando se tramitaban en las Cortes, Aragón, La Rioja y la Comunidad Valenciana ya pedían una compensación por los impuestos a banca y energéticas.
La Hacienda valenciana que ahora lidera Ruth Merino mantiene esta exigencia y de hecho ha remitido un requerimiento al Ministerio previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo, una medida que otras regiones han seguido.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el 11 de diciembre en Madrid, Castilla-La Mancha también trasladó su petición.
Montero, en todo caso, se ha mostrado convencida de que, al final, el Gobierno logrará convalidar los Decretos. "Sabíamos desde el principio que ésta iba a ser una legislatura de diálogo, diálogo y más diálogo. Cada medida y cada norma que se quiera aprobar en el Congreso requiere paciencia y capacidad de entendimiento. Estoy convencida de que de aquí al jueves [sic], que todavía queda tiempo, encontraremos aquellos elementos que permitan convalidar los decretos", ha asegurado.
"Hay que dejar de pensar en elementos tacticistas y partidistas, y pensar en el interés general", ha emplazado Montero a todos los grupos parlamentarios, ya que de la convalidación de estos decretos depende, por ejemplo, que Bruselas desembolse otros 10.000 millones de euros para España por el cuarto pago del Plan de Recuperación, o se amplíe la protección de las personas desempleadas. A lo que se añade una subida del IVA de electricidad y gas del 5% al 10% pero no al 21%, que se mantenga el IVA de alimentos bonificado y la recuperación gradual de los Impuestos a la producción y el Especial de electricidad.
La vicepresidenta también ha aludido a las pensiones, pero un decaimiento del Decreto de ayudas únicamente afectaría a la subida extra de mínimas y no contributivas, que se elevarían junto con las contributivas sólo un 3,8% en lugar del alza de hasta el 7% prevista para aquéllas.
"Todo esto requiere mucho diálogo", ha reiterado la vicepresidenta. Montero ha insistido en que sigue abierta la negociación con Junts, junto al resto de los grupos de la mayoría de la investidura. Podemos exige cambios para no tumbar dos de los Decretos. "Estoy segura de que al final encontraremos esos elementos", que permitan la convalidación de estos decretos. La otra vía, contar con el PP, al que el Gobierno se ha dirigido hasta tres veces sin éxito.
