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Economía

Hacienda da 100 millones a sus inspectores y niega 6 a los de Trabajo, que van a la huelga

Los Inspectores de Trabajo han convocado la primera huelga de su historia para el día 30. Yolanda Díaz les ha ofrecido finamente un plan pero depende de Hacienda, que de momento no lo avala

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los Inspectores de Trabajo han convocado una huelga para el 30 de marzo después de las protestas que escenificaron ayer en toda España. El conflicto lleva meses enquistado porque la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que las reivindicaciones de este cuerpo eran muy legítimas, pero no ponía soluciones encima de la mesa, en un intento de negociación por parte de los Inspectores que se producía justo cuando Díaz aseguraba que iba a derogar la reforma laboral del PP. Finalmente, Díaz ha planteado un plan en el que les ofrece 6 millones de euros, que los Inspectores han recibido como una "tirita" pero, al menos, una propuesta. El problema es que la pelota pasa ahora al tejado de Hacienda, que debe avalarlo y no está por la labor.

Esta negativa de Hacienda se produce cuando acaba de pactar con sus funcionarios un bonus de 100 millones de euros, que se suma a otros complementos de productividad de que ya disfrutan algunos de ellos. Desde la Asociación Profesional de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social trasladan que se sienten el patito feo de los altos funcionarios del Estado, que deben velar además por la aplicación de la normativa laboral y el buen funcionamiento de las empresas y trabajadores justo además cuando se está aplicando la reforma laboral del Gobierno y cuando se quiere luchar contra el fraude.

El Plan de Díaz ofrece 6 millones de euros extra en productividad durante este año; la incorporación de 200 interinos  y la implementación inmediata del plan estratégico de este organismo autónomo, aprobado en noviembre. Este plus de productividad supondrá más trabajo, asume el sindicato, que lamenta que se trata de una medida coyuntural, lo que contrasta de nuevo con los funcionarios de Hacienda, que van por su noveno plan de incentivos, un bonus extra que se creó en 2014 y que se ha institucionalizado por su buen funcionamiento y que se suma a otros pluses de que ya disfrutaban.

A las protestas de ayer se añade una primera jornada de huelga, la primera de su historia, convocada para el próximo miércoles día 30. En un comunicado conjunto, ocho organizaciones, el Sindicato de Inspectores de Trabajo CCOO, CIG, CSIF, Fesess, Sislass, UGT y UPIT, han denunciado que la Inspección de Trabajo "sufre una acumulación de déficit que colocan su actividad al borde del fracaso". Antes de que Díaz pusiera los 6 millones encima de la mesa, subrayaban que tras ocho meses, "sólo se ha concretado el incumplimiento del Gobierno del acuerdo adoptado el pasado 7 de julio, que recogía una serie de medidas fundamentales. Se carece de la plantilla necesaria, se carece de los recursos técnicos y materiales fundamentales".

El secretario de Estado de Trabajo y la de Función Pública se reunieron el 25 de febrero para abordar este asunto, pero Hacienda no avala el plan que ha ofrecido Díaz. Según trasladan los sindicatos de Trabajo, se ha avenido a aplicar de forma genérica el Plan que aprobó Trabajo en noviembre de refuerzo genérico para la Inspección. Así lo admiten fuentes de Hacienda. Sin embargo, Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, advierte de que ya estaba obligada a aprobar el citado plan. Pero de las nuevas medidas que ofrece Díaz no hay noticia.

Agravio comparativo

El número de afectados en Trabajo y en Hacienda por sus diferentes políticas difiere considerablemente pero desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo trasladan el agravio comparativo que suponen las diferencias de trato. El bonus de la AEAT, que va por su novena edición, se dirige a sus más de 20.000 funcionarios. Son 100 millones que se obtienen a cambio de 12 horas más de trabajo en todo el año y si se cumplen unos objetivos recaudatorios que el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) no considera inalcanzables.

Por su parte, los Inspectores de Trabajo tienen un complemento de productividad del 30% respecto a sus honorarios. Esto implica que si no llegan a esa productividad máxima, puede suponer una reducción de su sueldo en esa cantidad. En el momento en que tengan diferentes asuntos pendientes u órdenes de servicio su remuneración baja considerablemente, advierte Ercoreca. A esto se sumaba que los traslados pueden suponer rebajas salariales de 300 euros, además de doble escala salarial.

El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social exigió disculpas a Yolanda Díaz por las expresiones empleadas el pasado 16 de noviembre, cuando presentó el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad 2021-2023, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Díaz señaló entonces que el Plan Estratégico cambiará "el paradigma de la Inspección de Trabajo" como se conoce hasta ahora, con una actuación limitada a "los fraudes en la Seguridad Social, altas y bajas, y estas cosas comunes". El Sindicato expresó en un comunicado su indignación por el empleo de "cosas comunes" para aludir a su trabajo y recalcó que esas actuaciones "cambian y mejoran la situación laboral de los trabajadores".

Sobre la transformación que anunció Díaz, recordaron a la ministra que la Inspección de Trabajo existe desde 1906 y tiene como cometidos vigilar el cumplimiento del sistema de relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales, el sistema de la Seguridad Social, el empleo y las migraciones. "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no amplía la mirada, la tiene desde su creación, centrada en el trabajo, en garantizar los derechos de los trabajadores y en mejorar la calidad de las relaciones laborales y en el trabajo contra la precariedad laboral", concluyeron.

Ercoreca ha aplaudido el incremento presupuestario de la Inspección, del 20% este año, según este plan, pero advierte de que no hay una estructura suficiente, con 858 inspectores, 994 subinspectores y 924 efectivos de personal administrativo, cerca de 3.000, y de que no se cubren las plazas.

En cambio, ha recordado que el 7 de julio Díaz acordó acabar con la doble escala salarial que se da en el seno de la Inspección de Trabajo, pero de momento no se ha hecho nada. "Lo que exige a las empresas no lo soluciona en la suya. Se cobra diferente por igual trabajo", destacaba. Ahora Díaz ha hecho un movimiento pero que queda supeditado a lo que haga Hacienda.

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