Hacienda ha salido al paso de la polémica suscitada por la existencia o no de un informe de la Abogacía del Estado en el que presuntamente este organismo garantiza que un Gobierno en funciones no puede hacer transferencias a las Comunidades Autónomas, y dice ahora que el informe está terminado y que el Ministerio no tiene inconveniente en enseñárselo al PP. 

Fuentes del Ministerio han confirmado a Vozpópuli que hasta el jueves 22 de agosto la ministra María Jesús Montero no pidió a la Abogacía del Estado que hiciera un informe por escrito sobre este asunto, ya que con anterioridad las consultas habían sido verbales. 

Esas mismas fuentes confirman que el informe está ya "hecho y terminado" y que el Ministerio "no tendrá ningún inconveniente en facilitárselo al PP", después de que el portavoz adjunto para asuntos económicos de ese partido, Mario Garcés, haya planteado que si el informe no existe Montero debe dimitir. 

Desde Hacienda aseguran que la respuesta de la Abogacía del Estado a la pregunta del Ministerio sobre si un Gobierno en funciones puede o no actualizar las entregas a cuentas ha sido siempre negativa, con lo que no tienen ninguna vía legal para poder hacer efectiva esta financiación.

Crece la presión de las comunidades

Ante la situación de falta de liquidez que viven las Comunidades Autónomas, a las que el Estado debe más de 6.000 millones de euros con los que contaron al diseñar su presupuesto, muchas han empezado a reclamar que el Estado busque vías para darles ese dinero. Cataluña, por ejemplo, ya ha iniciado acciones legales.

En Hacienda insisten en que la primera medida que se llevará a Consejo de Ministros una vez se forme Gobierno será la actualización de las entregas a cuenta a través de un Real Decreto-Ley, una vía que por otro lado Pedro Sánchez podría haber utilizado en uno de sus "viernes sociales".

El Estado se ha comprometido con Bruselas a que las Comunidades Autónomas cierren 2019 con un déficit del -0,1% del PIB. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su última revisión del Programa de Estabilidad pronosticó que este desfase presupuestario se desviaría hasta el -0,5% del PIB. 

Sin embargo, si las comunidades gastan contando con unos ingresos de más de 6.000 millones de euros que finalmente no reciben, su déficit podría ser superior hasta en cinco décimas, ya que cada décima de PIB equivale a unos 1.200 millones, y comprometer así los objetivos prometidos a la Comisión Europea.