El Ministerio de Hacienda ha propuesto este lunes a las comunidades autónomas que diseñen sus presupuestos para el año 2021 asumiendo que en ese ejercicio incurrirán en un déficit público equivalente al 2,2% del PIB, es decir, unos 26.400 millones de euros de desfase presupuestario. 

Así lo ha comunicado la ministra María Jesús Montero, al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que ha precisado que este déficit no es un objetivo obligatorio ni su incumplimiento conllevará represalias, sino que sólo sirve de orientación. No obstante, ha insistido en que la suspensión de las reglas fiscales no conlleva abandonar la responsabilidad fiscal de todas las administraciones. 

"Esta suspensión supone que no habrá objetivos de déficit limitativos, pero sí fijamos una tasa de referencia de 2021 para las comunidades autónomas que será del 2,2% del PIB", ha explicado Montero. 

Esta cifra "no esta diseñada al azar", ha defendido la ministra, sino que resulta de sumar el porcentaje del déficit en el que pueden desviarse en 2020, que según ha afirmado será del 0,5-0,6% del PIB, también recoge el fondo covid-19 (dotado con 16.000 millones de euros, equivalente a 1,4 puntos de PIB), y el 0,2 del PIB equivalente de menor financiación global que arroja el complemento del sistema de financiación. 

Contarán con 140.400 millones en 2021

Montero ha explicado que en 2021 las Comunidades contarán con "los mismos recursos que contaron en 2020 e incluso un poco más, de manera que puedan seguir contribuyendo a la recuperación". Estos recursos procederán de las entregas a cuenta y también del mayor margen del déficit que se sitúa en la tasa de referencia y se va a financiar a través de medidas de liquidez.

En 2020 las Comunidades han contado con 133.873 millones de financiación, en los que se incluyen los 115.662 millones de euros de financiación ordinaria y los 16.000 millones del fondo covid-19.

Para 2021, se prevé que esta cantidad suba hasta los 140.400 millones de euros: 113.729 millones, 13.400 millones de una transferencia estatal y 13.400 millones más del diferencial.