Hacienda desconoce a qué ayuntamientos pertenecen 1.002 empresas, fundaciones, consorcios y asociaciones públicas

El Ministerio de Hacienda, acuciado por poner un cierto orden en las cuentas públicas, sigue intentando recomponer el inmenso puzle de organismos que han ido tejiendo las Administraciones Públicas, en muchos casos para centrifugar el déficit de sus servicios generales en los años más duros de la crisis económica y para que los partidos puedan colocar a sus compromisos. Sobre todo, está teniendo dificultad en desentrañar a qué ayuntamientos y demás entidades principales (desde diputaciones a comarcas, mancomunidades o áreas metropolitanas) pertenecen muchos de sus organismos dependientes y que se han configurado ajenos a su administración general.

Es decir, sabe que a finales del primer trimestre de 2021 el sector público local suma 12.981 entidades que a su vez sostienen a una administración ‘satélite’ de 4.179 entes propios dependientes, hasta completar una macro Administración total de 17.160 organismos. Pero, al mismo tiempo, desconoce de qué municipios dependen al menos 1.002 de estos entes (fundaciones, sociedades, consorcios y asociaciones). Lo que significa que no se sabe la vinculación de uno de cada cuatro de estos organismos respecto a la matriz de quien los creó y que no se conozca en muchos casos el sentido de su existencia.

Su número ha crecido durante la pandemia un 3,1%, ya que a finales de marzo de 2020 había 972 entes sin dependencia conocida. Ha sucedido en todas las crisis. Por ejemplo, a partir de 2008 crecieron estos entes ‘sin dueño conocido’ a un ritmo exponencial y superaron los 2.200, hasta representar el 35% del total de la administración paralela de los municipios. Hacienda tiene información de su existencia desde 1996, cuando se detectaron ya 1.192 entes sin titularidad. En todo caso, se trata de una cifra no muy lejana a la que se registra en la actualidad. Desde ese año se produjo un crecimiento continuado, con un acelerón en los primeros años de la gran crisis, que comenzó a bajar a partir de 2010 cuando la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) empezó a pedir datos detallados a las corporaciones locales.

Según un estudio realizado por este departamento, esta situación afecta especialmente a las asociaciones (no se conoce la dependencia del 91% de las existentes) y de las fundaciones (no se sabe la titularidad del 47%). En concreto, 566 de las 1.002 entidades sin dependencia conocida son asociaciones (el 57%), pero también hay 289 fundaciones (29%), 92 empresas (9%) y 54 consorcios (5%), así como una comunidad de usuarios.

Hacienda no sabe por qué se crearon

En total, hay 3.177 entes dependientes cuya participación es conocida. El 80% (2.550) corresponde a los ayuntamientos, mientras que las diputaciones disponen del 15% (464) y el resto se lo reparten las comarcas (85), las mancomunidades (52) y las áreas metropolitanas (16); las entidades de ámbito inferior al municipio y las agrupaciones de municipios suman otros diez. También llama la atención que Hacienda reconozca que, entre este conjunto de entes, hay 654 entidades (21%) que aún están pendientes de ser clasificadas aunque sabe que la mayor parte son empresas públicas.

Por tanto, existen ahora en total 4.179 entes (entre los que Hacienda conoce su dependencia y los que no). De ellos, casi el 40% son sociedades, un 20% tienen la forma jurídica de organismos autónomos, otro 30% son fundaciones y asociaciones, mientras que los consorcios llegan al 12%. El resto corresponde a entidades públicas empresariales y comunidades de usuarios.

La mayor parte estos organismos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y también con tesorería y patrimonio propios, que en muchos casos desempeñan la prestación de servicios que debería realizar la administración general de los ayuntamientos. Es decir, reconocida la participación o no de los ayuntamientos, no se sabe qué fin cumplen muchos de estos entes, para qué sirven realmente y por qué se crearon. Hay situaciones sorprendentes. Por ejemplo, algunos de estos organismos se han configurado para realizar una obra y después se han mantenido en el sector público. En otros casos, han sido creados para externalizar un servicio que ya realizaba la corporación con la consiguiente dotación económica y de personal.

En muchos casos compiten con actividades privadas y muchos de los servicios que prestan deberían ser realizados directamente por la propia corporación municipal

El grueso lo componen las empresas públicas, que tienen cuentas y presupuesto propio, y su déficit y deuda se contabilizan aparte de las cuentas generales. En cuanto a las fundaciones y consorcios, tuvieron un repunte enorme en los primeros años de la gran crisis ya que, por ejemplo, la contratación de personal y también la compra de bienes y servicios no se realizan en estos supuestos con los criterios propios de cualquier administración. Fue la puerta de entrada (también en las autonomías) de muchos compromisos de los partidos políticos en las Administraciones.

¿A qué se dedican estos entes?

¿A qué se dedica esta ingente cantidad de entes locales? La lista es innumerable. En muchos casos compiten con actividades privadas y muchos de los servicios que prestan deberían ser realizados directamente por la propia corporación municipal. Por ejemplo, los ayuntamientos tienen creadas 1.525 sociedades para gestionar un inmenso conglomerado de emisoras de radio y de televisión local, urbanizadoras y de promoción de la vivienda y suelo, residencias geriátricas, empresas de informática, de desarrollo turístico, de ocio, de eventos taurinos, de autobuses, de aguas termales, de servicios de limpieza, de puertos deportivos, de explotación agraria y hasta de mosaicos o de clubs de fútbol (por ejemplo, el Real Club Recreativo de Huelva), ferias, mataderos, centros formativos o escuelas artísticas y parques.

También han configurado 819 organismos autónomos para gestionar y dar servicios de los pabellones deportivos, las agencias de gestión tributaria, oficinas de turismo y de la juventud, aparcamientos públicos, vivienda, centros culturales o los servicios sociales. Además, disponen de 623 asociaciones públicas de todo tipo para el desarrollo rural, la promoción económica, las parroquias rurales, o la defensa forestal.

Existen 621 fundaciones como la del Cádiz Club de Fútbol, universitarias, culturales, de festivales variopintos, de vinos y hasta de balnearios. Hay que añadir otros 488 consorcios de residuos, aguas, medio ambiente, desarrollo de las vegas, orquestas musicales, aeropuertos y hasta centros de idiomas. Hay además 54 entidades públicas empresariales, sobre todo en Cataluña, para asuntos relacionados con la educación, el sector audiovisual, los jardines y también la cultura en general. Y hay que computar también a 49 comunidades de usuarios que se dedican al interés común de la historia, los recursos, las tierras o la vecindad.

Según el estudio de Hacienda, la estadística de estos organismos públicos ha sufrido muchos vaivenes dependiendo de sus altas y bajas y su clasificación. En 1996 había en su conjunto 3.906. Llegó a los 6.417 en 2009 y ahora alcanza esos 4.179. Desde 2010 se han venido produciendo más bajas que altas, aunque no se debe en su mayor parte a la desaparición de estos entes sino que es consecuencia de la sectorización, es decir, de su paso a las comunidades autónomas, al Estado o al sector privado (en casos en que la participación pública era exigua). O se debe a la fusión entre distintos entes públicos. Lo que no se ha detectado es una pérdida neta de empleo ni ERE alguno. Además, empieza a observarse un frenazo en la reducción de entes en los últimos años. Por ejemplo, durante la pandemia sólo se han reducido en un 0,5%.

En cuanto a los ayuntamientos, una institución con más de dos siglos de antigüedad, con un crecimiento continuado de empleo a pesar de los avances tecnológicos, a finales de marzo de 2021 había 8.131 frente a por ejemplo los 8.109 de 2007.

España es el único país de la UE en que sigue creciendo el número de municipios como consecuencia de la desagregación de algunos en lugar de buscar la unión. El sector público local cuenta además con otros 4.850 entidades locales principales: 51 diputaciones; 3.688 entidades de ámbito inferior al municipio; 76 agrupaciones de municipios; 950 mancomunidades, 82 comarcas; y tres áreas metropolitanas. En total, la administración local está compuesta por 12.981 entidades principales que acumulan una estructura administrativa añadida de esos 4.179 entes dependientes (con titularidad conocida y desconocida) hasta alcanzar 17.160 entidades frente a las 17.459 de por ejemplo 2006, un año antes de la gran crisis.