Nueva incorporación de peso en la plataforma PEACovid-19, de empresarios afectados por la Covid-19. El Grupo Costa Este, que lleva célebres discotecas como Pachá, Bling Bling u Opium, se ha unido a la macrorreclamación contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de ayudas durante meses de cierres en sus locales.

El grupo en cuestión ostenta ocho bares-discotecas y 11 restaurantes en Barcelona, Madrid o Marbella. En el caso de Cataluña, las restricciones impuestas por el Gobierno de la Generalitat han alargado los cierres durante un periodo más prolongado.

Sus locales más emblemáticos, como son Pachá (en Barcelona), Bling Bling (en Barcelona y Madrid) o Opium (en Barcelona, Madrid y Marbella) se han visto obligados a echar el cierre generando pérdidas muy cuantiosas.

El sector, no obstante, espera que una parte de las ayudas directas de los fondos de recuperación europeos puedan servir para paliar la situación. David López, miembro de la dirección del Grupo Costa Este, quien también preside la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Ocio de Cataluña (FECASARM) y Front Marítim ha explicado este viernes en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, cómo afrontan la situación y la estrategia a seguir en los próximos meses.

Esta incorporación viene poco después de que los dueños del mítico local 'L'Ovella Negra', en Barcelona, anunciaran su adhesión después de 600.000 pérdidas y solo 1.500 euros recibidos en ayudas por parte de la administración central.

Enric Ballabriga, empresario y propietario de los dos locales de L'Ovella Negra tuvo que aplicar un ERTE a sus 300 empleados a la espera de poder abrir de nuevo.

Pachá, pérdidas millonarias

En total, la plataforma PEACovid-19 reclama ya más de 200 millones de pérdidas en cierres. Después de presentar la macrorreclamación ante la Administración General del Estado, su siguiente paso -una vez finalice el periodo de seis meses que establece a legislación- será elevarlo al Tribunal Supremo mediante un recurso contencioso administrativo.

La plataforma señala al Ejecutivo como “el primer y último responsable del cierre” que les ha dejado “meses sin ventas” al tiempo que les ha obligado a “mantener gastos fijos con la persiana echada” -como son el alquiler, los equipos o los empleados-.

En este sentido, esperan que la batalla administrativa emprendida sirva para “resarcir las actividades económicas perjudicadas” y que la administración pública se haga cargo de “los gastos fijos soportados” y “los beneficios no generados”. Y ponen el ejemplo de otros países, como Francia o Alemania, donde las instituciones han sufragado las pérdidas por los cierres impuestos.

Acción sin precedentes

Desde PEACovid-19 han hablado con más de dos millones de negocios de toda España, además de autónomos, pymes o grandes empresas de Madrid, Santiago de Compostela, Mallorca, Burgos, Gijón, Alicante, Valencia, Sevilla, Almería, Girona o Tarragona.

Muchos de estos colectivos de empresarios se han unido a la Plataforma a través de entidades como la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Ocio de Cataluña, Ocio de Canarias e Ibiza, Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM) o la patronal Spain Nightlife.

Algunos de los negocios han emprendido la demanda previa al recurso contencioso son Home Systems (empresa de montajes eléctricos), Sala 3 (grupo de 17 discotecas en Valencia), Cines Albéniz y Plaza (en Gerona), YM Spain Servifood (distribuidora de bebidas), Pit line (taller), Berasagra (Distribuidora de bebidas) o Conar System (constructora).

Todas las empresas y entidades que se han unido a la plataforma lo han hecho a través de sus asesores fiscales y económicos, que han elaborado sus respectivos informes periciales de daños y perjuicios para reclamar al Gobierno las pérdidas millonarias que han tenido.