La red Alastria, el consorcio para el desarrollo del ‘blockchain’ fundado, entre otros socios, por grandes empresas del Ibex 35 de varios sectores (banca, energía, telecomunicaciones, entre otros), prepara una propuesta de reforma del Real Decreto que declaró el estado de alarma para dar soporte legal al plan de geolocalización del Gobierno para contener la propagación del coronavirus.

Según explican fuentes consultadas por Vozpópuli, Alastria ya ha remitido su propuesta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que la valide. “La idea es incluir en el Real Decreto un artículo para que las autoridades sanitarias puedan usar los datos de los móviles para geolocalizar enfermos y otros individuos de riesgo”, explican. También serviría para proveer asistencia a las personas que lo puedan requerir en un momento dado. La iniciativa ha partido del consorcio, entidad con gran 'expertise' en asuntos de privacidad y protección de datos.

La crisis sanitaria que vive España ha favorecido la aparición de diferentes iniciativas, como aplicaciones y páginas web, que quieren ayudar a frenar los contagios por la Covid-19. No obstante, la AEPD ya recordó que las empresas que traten datos sanitarios deben andar con pies de plomo."Esta situación de emergencia no puede suponer una suspensión del derecho fundamental a la protección de datos personales. Pero, al mismo tiempo, la normativa de protección de datos no puede utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes, especialmente las sanitarias", señaló la agencia en un comunicado.

En roman paladino, el supervisor recuerda que la ley permite el tratamiento de estos datos en aras del interés público en situaciones excepcionales, pero eso no puede ser un cheque en blanco para las compañías. De ahí que la AEPD ya colabore con las autoridades facilitando criterios para compatibilizar todo.

Según explica Sanidad a este diario, el estudio lo coordina la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El pasado 27 de marzo, la cartera que preside Salvador Illa aprobó una orden ministerial en la que encomendaba a la citada secretaría "el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria".

La red Alastria fue fundada hace tres años por unas 70 empresas entre las que se encuentran Telefónica, Orange, Banco Santander, BME, Banco Sabadell, Repsol, Everis, Endesa, BBVA, Naturgy, Accenture, Banca March, Bankia, CaixaBank, Caja Rural, Cajamar, Cepsa, Fujitsu, Iberdrola e Indra, entre otras. La asociación supera los 500 miembros e incluye otras compañías de menor tamaño.

Vozpópuli ha contactado con Alastria para ampliar esta información, pero la asociación ha preferido no hacer comentarios. La AEPD tampoco da detalles sobre esta propuesta y se limita a incidir en su colaboración "con las autoridades competentes" y su disposición para apoyar al Ministerio de Sanidad y "contribuir en la medida en que sea necesario desde el ámbito de nuestras funciones como autoridad de supervisión en materia de protección de datos".

El problema de la cesión de datos

Las aplicaciones desarrolladas para combatir el coronavirus se enfrentan a un gran reto en lo que a protección de datos se refiere. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que las páginas web deben explicar convenientemente a quién se ceden los datos, y han de permitir que el usuario decida de forma modular cuáles compartir y cuáles no.

Recientemente, algunos usuarios de redes sociales alzaron la voz contra la Política de Privacidad de coronamadrid.com, la app de la Comunidad de Madrid desarrollada por Telefónica, Ferrovial y otras empresas como Carto o Goggo Network bajo la tutela de Isabel Díaz Ayuso.

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja con ese mismo equipo de profesionales en el desarrollo de la app nacional contra el coronavirus. El presidente quiere que, en la medida de lo posible, se eviten controversias con la política de privacidad de la aplicación.

"Es algo complicado de gestionar por la situación. Se necesita tener la aplicación cuanto antes, pero es un proceso que no se hace en dos días, y habrá, como en el caso de la app de la Comunidad de Madrid, cosas que no estarán depuradas al máximo, pero poco a poco se irán puliendo", explican fuentes cercanas al equipo que trabaja en la app gubernamental.

En el caso de este desarrollo, el reto es mayor que en el caso de la Comunidad de Madrid, dado que se encargará de recoger la información de las aplicaciones que cada una de las regiones desarrolle. Comunidades como Cataluña o País Vasco ya tienen las suyas en funcionamiento.