El Gobierno asegura que una de cada cuatro viviendas en España permanece vacía

En pleno desarrollo de la nueva ley sobre viviendas, el Gobierno ha comenzado a poner de relieve que el 25% de las casas en España están, según sus estadísticas, habitualmente vacías.

"En España se produjo un severo desajuste entre el crecimiento demográfico e inmobiliario, dado que una parte importante de ese urbanismo expansivo -previo a 2007- no respondió a una necesidad real de vivienda, sino a la adquisición de viviendas secundarias y a los intereses económicos de constructoras, ayuntamientos y propietarios", razonan desde el Ejecutivo.

"Prueba de ello es que, en 2019, el 25% de las viviendas en España no estaban habitadas de forma habitual, bien por encontrarse vacías o por estar destinadas a segunda residencia", concluye el Gobierno de Pedro Sánchez en un informe enmarcado en la ya célebre "agenda 2050".

El dato conlleva que en España hay más de seis millones de unidades residenciales habitualmente vacías. Llama la atención ya que, hasta ahora, la estadística oficial tomada como referencia por el sector, del Instituto Nacional de Estadística, apuntaba a que el porcentaje de casas habitualmente deshabitadas era inferior al 15%.

475.000 viviendas nuevas sin vender

Justo antes de la pandemia de covid, la sociedad de tasación inmobiliaria Euroval advertía un "cambio de tendencia" en el ladrillo español al hilo de un incremento del parque de viviendas nuevas sin vender.

De acuerdo a esta tasadora, al cabo de 2019, el parque de viviendas 'vacías' o disponibles para la venta sin colocar había crecido en un 3% respecto a 2018, hasta las 475.000. El 50% de estas viviendas se concentra en Cataluña, Valencia y Andalucía.

El dato era trascedente, explicaban entonces a este periódico desde Euroval, porque se trataba del primer repunte interanual del parque desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008 y, además, ya en un contexto con niveles de obra nueva bastante inferiores a los que había entonces.

En 2008, la cifra de viviendas no colocadas llegó a rondar las 700.000. Desde 2009, ese número ha tendido a caer a un ritmo del 4% anual con una caída acumulada del 29% hasta 2019, año en que la cifra volvió a subir un 3%. Al cabo de 2019, no obstante, el número de casas nuevas sin vender seguía siendo superior a las 400.000 de 2007.

Viviendas vacías

Fuentes del sector de las empresas e inversión inmobiliaria consultadas por este medio ponen en cuestión ambas cifras, sobre todo, la total que da ahora el Gobierno - de seis millones' y entienden que su mención no es inocente.

Temen que el ala socialista, no ya el morado, esté preparando el terreno para nuevas medidas intervencionistas sobre el mercado residencial.

No puede ser que tengamos gente que viva en condiciones paupérrimas y luego gente con viviendas vacías, pero la solución pasa por incentivar a los propietarios para que alquilen"

Estas podrían pasar por nuevas modalidades de gravamen fiscal a las segundas residencias y/o vacías (en especial, de grandes propietarios) e incluso, "expropiaciones".

También temen nuevas medidas regulatorias sobre el mercado del alquiler que, sin embargo, no llegarían a un control de precios generalizado del mercado.

"Demasiado alto"

"Ese dato es de difícil comprobación y me parece demasiado alto", afirma en conversación con Vozpópuli Vicenç Hernández Reche, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Inmobiliarios de España.

"No puede ser que tengamos gente que viva en condiciones paupérrimas y luego gente con viviendas vacías, pero la solución pasa por incentivar a los propietarios para que alquilen", esgrime el consejero delegado de la gestora inmobiliaria Tecnotramit.

"Abogamos para que se genere un impuesto razonable para aquellos propietarios que no alquilen pasado un determinado tiempo, pero si le dices que tienen que alquilar a un precio determinado, y que si luego alquilas y no te pagan, no le puedes echar, el propietario concluye que le sale más a cuenta tenerlo vacío", concluye, poniendo en cuestión los derechos de venta a precio fijado por la Administración y los topes al alquiler fijados en, por ejemplo, Cataluña.