El Gobierno se la juega con los rescates: será el último en cobrar si las empresas quiebran

El Gobierno está rescatando a empresas estratégicas de la crisis del coronavirus con préstamos participativos, una fórmula que, como su propio nombre indica, permite al Estado participar en la evolución de la empresa, cobrando un interés variable en función de sus resultados. Sin embargo, este tipo de deuda es una de las últimas en cobrarse en caso de que la empresa se declare insolvente y entre en concurso de acreedores.

A través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI y dotado con 10.000 millones, el Ejecutivo ya ha aprobado el primer rescate a la aerolínea Air Europa con 475 millones. La mitad de esa ayuda se ha formulado con un préstamo ordinario, pero la otra mitad se concederá a través de un préstamo participativo. 

Barceló y Globalia -el grupo dueño de Air Europa- también avanzan con buen pie en las negociaciones con la SEPI para lograr una inyección de capital por 240 millones que facilite la fusión de sus agencias de viaje, y la esperan bajo el mismo esquema: el 51% (122,4 millones) a través de un préstamo participativo y el 49% restante con uno ordinario (117,6 millones).

La principal diferencia radica en que el préstamo tradicional es un pasivo de la empresa, es decir, una deuda frente a terceros; mientras que el participativo se considera patrimonio neto a efectos de la reducción de capital y liquidación de sociedades, ofreciendo más oportunidades de recuperación y de endeudamiento a la compañía. 

Los últimos de la fila

Además, este préstamo tiene carácter subordinado en un escenario de insolvencia. Es decir, que será el último en liquidarse según la prelación de créditos, solo por delante de los socios. Fuentes financieras explican que las deudas de la Seguridad Social y Hacienda y los préstamos ordinarios suelen ser prioritarios en un concurso de acreedores. Después iría el pago a proveedores y otras deudas y, por último, la liquidación del préstamo participativo.

"Cuando hay una situación concursal, se establece un orden de pago y los préstamos participativos cobran después de los acreedores comunes. En la práctica, como son de los últimos en cobrar, no suelen recuperar la totalidad del préstamo. De hecho, si recuperan una parte serán afortunados", explica a Vozpópuli Ignacio Aparicio, socio director del área mercantil de Andersen.

Carlos Asensio, socio de deuda y reestructuración de Grant Thornton, aclara en conversación con este medio que "este carácter subordinado solo aplicará en caso de concursos de acreedores" y que "sin estar en estado de insolvencia, el préstamo participativo debe ser tratado como un crédito ordinario con sus condiciones como cualquier otro préstamo". 

Un préstamo "blando"

En definitiva, Ignacio Aparicio explica que el préstamo participativo es "como un préstamo blando" para quien lo recibe, pues "permite incrementar la capacidad de endeudamiento de la sociedad, tiene unos plazos de amortización y carencia más elevados y adecúa el pago de intereses en función de la evolución de la sociedad". 

Además, evita la cesión de la propiedad, la participación de terceros en la gestión y la posible entrada de accionistas hostiles. No obstante, el préstamo participativo también facilita la capitalización de la deuda si el Estado quisiera entrar en el accionariado de la compañía, pues no es necesario cambiar la naturaleza del acreedor, que ya participará en los beneficios o pérdidas de la empresa durante el tiempo que dura el préstamo.  

Alejandro Rey, socio de Ayuela Jiménez Abogados, considera "especialmente interesantes los supuestos donde las partes desnaturalizan la esencia del préstamo participativo, al prever un sistema de percepción de intereses variables que realmente supone un reparto de dividendos encubierto". 

Malas previsiones 

En el caso del rescate a Air Europa, el único confirmado hasta ahora, el sector no espera recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia al menos hasta el año 2024 y los dueños de Air Europa tienen hasta 2026 para amortizar los 475 millones. Fuentes del sector temen que no tenga capacidad para devolver la totalidad de estas ayudas en el plazo de seis años y cumplir sus compromisos con el Gobierno. 

El beneficio de la aerolínea entre 2016 y 2018 apenas suma 51,3 millones de euros, una décima parte de su deuda con el Estado, según las cuentas consultadas por este medio a través de InsightView. Además, las condiciones del préstamo van cambiando, con una remuneración variable en función de cómo evolucione el negocio (si la empresa no obtiene beneficios, puede ser cero).

Las agencias de viajes tampoco atraviesan un buen momento. Pese a la leve recuperación del verano, el sector no espera recuperar algo de actividad hasta mediados de 2021. Globalia y Barceló se han visto obligadas a minimizar sus operaciones, cerrar la mayoría de sus establecimientos e incluso realizar despidos temporales por el impacto de las restricciones en los viajes a causa de la covid-19. 

La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) confesaba este viernes que el sector de las agencias de viajes "es el más dañado por la covid-19 y el que mayor porcentaje de empleados mantiene en ERTE, con cerca del 80% de las agencias cerradas desde la primera ola". Además, alerta que en este segundo estado de alarma la cifra puede llegar incluso al 95%.