El Gobierno se ha marcado como objetivo cerrar el año con un déficit público del -1,8% del PIB, lo que supone que tiene intención de gastar 22.400 millones de euros más de los que ingresará este año. El nuevo objetivo de déficit es más laxo que el que el propio Ejecutivo pacto con Bruselas (del -1,1% del PIB, unos 13.20 millones) e incluso que el que preveían en caso de no conseguir aprobar los Presupuestos de este año (del -1,7% del PIB, unos 21.000 millones).

La nueva senda se repartirá por administraciones de forma que la Seguridad Social deberá cerrar 2020 con un déficit del -1,1% del PIB, la Administración Central (el Estado) con un déficit del -0.5%, las Comunidades Autónomas con un agujero del -0,2% del PIB -tal y como se comunicó el pasado viernes- y las Corporaciones Locales (los Ayuntamientos) con equilibrio presupuestario, según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. 

En su último Programa de Estabilidad 2019-2022 (enviado en abril), el Gobierno se había comprometido con Bruselas oficialmente a cerrar 2020 con un déficit del -1,1% del PIB, lo que hubiera supuesto un desfase presupuestario de unos 13.700 millones de euros. Sin embargo, cuando remitió en octubre su Plan Presupuestario de 2020, reconoció que el déficit se iría al -1,7% del PIB en un escenario inercial, es decir, si se seguía con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Cristobal Montoro pero se sumaban medidas sociales como la subida de las pensiones o del sueldo de los empleados públicos.

Lo que estaba previsto hasta ahora

El primer déficit esperado, del -1,1%, se iba a repartir por administraciones a razón de -0,9% en la Seguridad Social (la más deficitaria), -0,1% del PIB en la Administración Central, -0,1% en las Comunidades Autónomas, y equilibrio presupuestario en las Corporaciones Locales -ayuntamientos-.

El Gobierno no había explicado nunca cómo se dividiría el déficit del -1,7% por administraciones, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lo había repartido de la siguiente manera: -0,6% del PIB para el Estado Central, -1,3% para la Seguridad Social, -0,2% para las Comunidades Autónomas y un superávit de +0,4% para las Corporaciones Locales.

De la nueva senda, el Gobierno comunicó su propuesta de objetivo de déficit para las Comunidades el pasado viernes en la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera y consiguió aprobar ese umbral del -0,2% con el voto a favor de las autonomías que preside el PSOE y el voto en contra de las del PP.