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Economía

El Gobierno negocia con los sindicatos la oferta de 30.000 empleos públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno ha convocado para este miércoles por la tarde y para mañana a los sindicatos de Función Pública para negociar la oferta de empleo público de 2019 en la Administración General del Estado (AGE), según han confirmado a Europa Press en fuentes sindicales.

En concreto, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha convocado a los sindicatos del sector público a dos nuevas reuniones de las comisiones de trabajo de la Administración General del Estado, que dependen de la Mesa General de Negociación de la AGE, en la que participan los sindicatos del área pública (CSIF, CC.OO., UGT, USO y CIG).

De esta forma, el Ejecutivo da un impulso a la negociación de la oferta de empleo público de este año en la AGE, que incluso podría ver la luz en el Consejo de Ministros de esta semana o la próxima, con anterioridad al inicio el día 12 de abril de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Más de 30.000 plazas

Por el momento no se ha concretado el volumen de plazas públicas que contendrá la oferta de 2019 en la AGE, según indicaron fuentes sindicales, si bien no se descarta que sea similar o incluso supere a la del año pasado, cuando el Gobierno anunció la convocatoria de la mayor oferta de los últimos diez años, consensuada previamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En detalle, el Gobierno dio luz verde en julio del año pasado a tres Reales Decretos sobre empleo público que contemplan conjuntamente la convocatoria de 23.156 plazas, que sumadas a las 7.688 que había convocado el pasado mes de abril para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado arrojaron una oferta de empleo público total para 2018 de 30.844 plazas.

De las 23.156 plazas aprobadas julio, 17.299 fueron de nuevo ingreso y promoción interna (11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna); 323 pertenecían a una oferta extraordinaria para atención a asilados y refugiados, y 5.534 plazas correspondían a procesos de estabilización en la Administración General del Estado y en Justicia.

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