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Banca

El Gobierno se guarda una treta legal para poder cambiar el pacto hipotecario

No plasma por escrito en el BOE los requisitos para acogerse al nuevo código de buenas prácticas para las clases medias. Este fue el punto que más fricción provocó en la negociación por la presión de Yolanda Díaz y Podemos.

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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Europa Press.

El pacto hipotecario precipitado no se ha plasmado por escrito en su totalidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno publicó ayer el real decreto con las nuevas medidas para proteger a los hipotecados de la subida súbita del euribor, pero los requisitos de las clases medias en riesgo de vulnerabilidad, como el de tener una renta inferior a los 29.400 euros anuales, se recogen en un texto fuera del BOE y que tendría menos dificultades legales para modificarse, según fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli.

El acuerdo con los bancos incluye un nuevo código de buenas prácticas para aliviar a las clases medias en riesgo de vulnerabilidad del aumento de la cuota hipotecaria. Este fue el principal escollo de las negociaciones, que se alargaron durante más de dos meses, por la presión de Yolanda Díaz y Podemos, que exigían elevar el corte de renta por encima de los 30.000 euros.

Precisamente, esta presión fue la que llevó a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a anunciar un pacto precipitado sin cerrar todos los detalles, como publicó este medio. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, calificó de "sustancialmente mejorable" el pacto el mismo día que se aprobó por el Consejo de Ministros.

Desde Podemos ayer insistieron en que "hay que dar pasos más valientes", como puso de relieve el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que pidió al Gobierno ir más lejos: "No sé cuando debería llegar y habrá que sentarse con nuestro socio (PSOE) para pensar en vías que vayan más allá", aseguró, informa Efe.

El acuerdo contempla la posibilidad de congelar durante un año la cuota de las rentas de menos de 29.400 euros, un tipos de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.

El BOE sí incluye, por ejemplo, el límite de las ayudas para las rentas medias a viviendas con un valor máximo de 300.000 euros"

Los requisitos para beneficiarse de estas medidas fijan además que la carga hipotecaria sea superior al 30% de la renta de los hogares en riesgo de vulnerabilidad y que haya subido al menos el 20%. Estas condiciones se recogen en un texto denominado 'Acuerdo del Consejo de Ministros' aprobado el pasado martes y que es casi un réplica del comunicado del Ministerio de Asuntos Económicos publicado el lunes pasadas las 23 horas.

Sin embargo, el Gobierno sí ha incluido en el BOE, por ejemplo, el límite de que la hipoteca esté constituida sobre una vivienda de un valor máximo de 300.000 euros. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos garantizan que no habrá cambios en el acuerdo anunciado y explican que se trata del procedimiento habitual en este tipo de normas. Aunque lo cierto es que, en caso de plantear cambios, el Gobierno lo tendría más fácil aprobando un nuevo 'Acuerdo del Consejo de Ministros' en lugar de corregir un real decreto publicado en el BOE.

Los bancos tienen voluntad, pero analizan el detalle del texto

En cualquier caso, los bancos todavía no han confirmado que se acogerán al nuevo código y se han limitado a expresar su "voluntad". Los equipos de riesgos de las entidades trabajan a marchas forzadas para definir los clientes a los que se podrían aplicar las medidas hipotecarias.

"Podemos anunciar ya la voluntad de adhesión de las principales entidades de la AEB al acuerdo publicado esta mañana (por ayer)", dijo la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán. La AEB está formada, entre otras, por grandes bancos como Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter.

La presidenta de la patronal bancaria, no obstante, matizó que serán las entidades, de manera individual, las que tengan que revisar en detalle los textos definitivos y serán los órganos de gobierno quienes los formalicen. Los bancos han peleado para incluir un cambio legal que limitara las provisiones por las extensiones y moratorias de los vulnerables.

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