El Gobierno gasta 114 millones en alquilar oficinas cuando dispone de 28.000 inmuebles

El Estado es el mayor propietario de inmuebles del país y, sin embargo, los ministerios prevén gastar este año casi 114 millones de euros (113,6 millones exactamente) en arrendar edificios y otras construcciones privadas para ubicar las dependencias y oficinas que no tienen cabida en las imponentes sedes centrales. Se trata de otra de las muchas partidas de gasto presupuestario superfluo que ningún Gobierno se ha planteado revisar, actualizar o incluso suprimir. Mientras, según el Inventario General de Bienes y Derechos que figura en el Portal de la Transparencia, la Administración General del Estado tiene cuantificados a 27.805 inmuebles en propiedad, incluido el Palacio de la Moncloa, o sobre los que ostenta un derecho real.

Aunque cada departamento tiene adscrito un número de inmuebles a título de propiedad, lo habitual es que el Gobierno disponga de estos bienes para su uso general mediante cesiones o canjes. Pero no tiene sentido, salvo por la excesiva inflación de departamentos ministeriales existente, que siga produciéndose un gasto de esta índole, mientras que el Gobierno dispone de un número tan elevado de propiedades públicas. Lo que es evidente es que se necesita una mejor gestión de estos activos para evitar este tipo de gasto estructural, con el consiguiente ahorro, que tanto prolifera en los Presupuestos Generales. Además, el Ejecutivo emplea 35,4 millones más en arrendar vehículos, así como 4,6 millones en equipos para procesos informáticos, mobiliario y maquinaria y enseres.

Exteriores, Interior y Hacienda y Función Pública son los tres ministerios que movilizan un mayor gasto en alquileres inmobiliarios: entre los tres acumulan casi 68 millones de euros

Exteriores, Interior y Hacienda y Función Pública son los tres ministerios que movilizan un mayor gasto en alquileres inmobiliarios. Entre los tres acumulan casi 68 millones de euros. Aunque cuenta directamente con 304 inmuebles (el Estado dispone de 359 fuera de España), los arrendamientos de las embajadas y las sedes diplomáticas de Exteriores acumulan un alto coste.

En Interior, que precisamente no dispone de ningún título de propiedad inmobiliaria en el catálogo oficial, la dirección general de la Guardia Civil se gasta casi nueve millones de euros en alquilar dependencias, mientras que la dirección general de la Policía Nacional emplea otros siete millones. Lo que más llama la atención es que la secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias se gaste 3,7 millones también en arrendamientos al sector privado. Algo similar sucede con Hacienda, que a pesar de disponer de 268 inmuebles, cuenta con una partida individual de más de 20,5 millones para arrendamientos (no incluye las dependencias de la Agencia Tributaria).

Por su parte, Justicia, que tiene 235 edificios a su nombre, destina 13,7 millones a este gasto. De ellos, más de 1,2 millones corresponden al departamento de la Abogacía General del Estado. Además, el ministerio de Política Territorial, con 194 inmuebles en su haber, se gasta 11,7 millones. Mientras, Industria, con un censo de 186 propiedades, destina 8,5 millones a arrendamientos; Trabajo, con 709 edificios, emplea 2,8 millones, incluidos los 1,7 millones de los bienes del Patrimonio Sindical Acumulado; Defensa destina 1,2 millones; Derechos Sociales gasta 1,1 millones; Agricultura y Transición Ecológica (con 610 edificios en su censo) se acercan individualmente al millón de euros; Transportes, con 388 edificios en propiedad, utiliza 737.000 euros; Consumo dispone de 720.000 de euros; Asuntos Económicos, con un patrimonio de 59 inmuebles, supera los 600.000 euros; Ciencia e Innovación con 92 edificios adscritos, dedica a este gasto más de 400.000 euros; Sanidad se queda en 125.000 euros; y Cultura y Deporte (con 594 inmuebles en propiedad) se sitúa en los 30.000 euros. Por su parte, Presidencia del Gobierno, que dispone del complejo de La Moncloa como sede central (de unos 58.000 metros cuadrados, con 12 edificios y de un valor no inferior a 160 millones de euros) tiene habilitado un gasto para arrendamientos de unos 68.000 euros. También los organismos institucionales disponen de esta partida. Por ejemplo, llama la atención que el Tribunal de Cuentas disponga de 1,8 millones para alquileres.

Es el ministerio de la Seguridad Social, que dispone de casi 4.500 inmuebles y que gasta medio millón de euros en alquileres, el mayor propietario público. Sin embargo, el Estado mantiene una curiosa política contable y administrativa con este departamento. Por ejemplo, entre esos casi 4.500 inmuebles se incluye al menos a 600 hospitales (los más importantes del país, con millones de metros cuadrados en las principales ciudades) y centros de salud que han sido cedidos mayoritariamente a las autonomías y también al Estado a pesar de que, tal como figuran en las cuentas generales, se consideran activos del sistema público de pensiones. Estas cesiones no suponen retorno económico alguno a la caja de pensiones porque los gobiernos consideran a las cuentas de la Seguridad Social dentro de la órbita del Estado como una Administración más. Pero, el propio Estado no asume el déficit de las pensiones, sino que lo financia con un crédito que el sistema público deberá devolver en algún momento (el PP intentó canjear desde el punto de vista contable estos activos inmobiliarios con la deuda de la Seguridad Social).

El Estado cede los activos inmobiliarios de la caja de los pensionistas para el uso de las Administraciones Públicas como si de otra Administración más se tratase; pero, por otro lado, no se hace cargo de su déficit

Todo esto significa que, por un lado, el Estado cede los activos inmobiliarios de la caja de los pensionistas para el uso de las Administraciones Públicas como si de otra Administración más se tratase; pero, por otro lado, no se hace cargo de su déficit, sino que lo vehiculiza mediante préstamos que tendrán que ser reintegrados en su día por los cotizantes, aunque según los expertos debería anotarse como simples transferencias o aportaciones y no como créditos. Es decir, en materia contable el Estado no considera una Administración más a la Seguridad Social a la hora de computar su déficit pero sí a la hora de disponer de sus activos inmobiliarios.

En todo caso, el 70% de esos casi 28.000 bienes del Estado son patrimoniales y el 30% corresponden directamente a los ministerios (la mitad es de la Seguridad Social). En este catálogo no se incluyen los más de 15.000 inmuebles que figuran además en el Patrimonio del Estado como enajenables, entre ellos 8.200 viviendas de Defensa, 4.800 fincas rústicas o más de 800 locales comerciales.

Otros gastos superfluos: transporte, muebles, maquinaria...

Pero no para aquí el gasto en arrendamientos del Gobierno en otra serie de activos. Por ejemplo, los ministerios, que disponen de más de 650 vehículos adscritos más otros 118 que van a ser adquiridos, se gastan 35,4 millones en alquilar más medios de transportes. De ellos, casi 27 millones corresponden a Interior (Policía Nacional y Guardia Civil).

Defensa y Sanidad son, además, los ministerios que más gasto emplean en alquilar equipos para los procesos de información con una cuantía global de más de 2,1 millones. Mientras, el alquiler de muebles y enseres supera los 1,5 millones (más de un 10% corresponde a Educación y otro tanto a Presidencia del Gobierno) y el de maquinaria e instalaciones se acerca al millón de euros (la mitad es de Interior).

La suma de todos los arrendamientos que figuran en los Presupuestos Generales (también de terrenos y otro inmovilizado material) supera los 175 millones de euros. Se trata de una cantidad que crece año tras año y que nunca se revisa, aunque se haya reducido la actividad administrativa por la pandemia o el teletrabajo. Es otra más de las partidas superfluas de gasto que el Banco de España ha sugerido revisar en varias ocasiones.