El Gobierno cancela la tasa verde a las petroleras al asumir que encarece los carburantes

El Gobierno recula en el nuevo impuesto verde que planeaba para las petroleras y en otro hachazo que preparaba para las eléctricas. Según detallan fuentes parlamentarias a Vozpópuli, la la Comisión de Transición Ecológica del Congreso aplaza a septiembre la tramitación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y la Ley de minoración del CO2 por no contar con los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

Este martes arrancó el debate en la Comisión sobre ambas medidas con las ponencias y se esperaba que se aprobase el próximo 27 de junio. Las fuentes del sector energético daban por hecho que las medidas saldrían rumbo al Senado y que su puesta en marcha se produciría a principios de julio. Pero ha habido un cambio de planes y ambas medidas que lidera la ministra Teresa Ribera no verán la luz, como mínimo, hasta después de verano.

Según explican los conocedores del proceso, los nuevos movimientos regulatorios que prepara el Gobierno con el sector energético y la intención de extender la subvención al carburante que anunciará este sábado no casaba con ambos anteproyectos de ley que se aprobaron en Consejo de Ministros en junio de 2021.

El  Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) es la opción del Gobierno para que las petroleras y las gasistas paguen el despliegue de renovables que ahora se le carga a los consumidores eléctricos. Un coste que volvería a los consumidores. Las propias empresas ya han avisado que, en el caso de aprobarse, repercutirán esta tasa verde sobre el precio de carburantes o consumos de gas. 

Es decir, las operaciones salida de los veraneantes que viajen carretera se podrían encontrar con la siguiente situación cuando echen combustible: una subvención de 20 céntimos por litro del Gobierno y un recargo de 10 céntimos por litro debido a esta nueva medida del Ejecutivo. Una paradoja que hacía que la puesta en marcha del Fondo fuera muy controvertida.

Este plan, que puso en marcha Teresa Ribera en junio de 2021, tenía como objetivo final que un recorte en la factura de la luz rebaje la tarifa en cerca de un 13%, ya que las petroleras y gasistas iban a asumir parte de los cargos que ahora pagan los consumidores. No obstante, las condiciones del mercado eléctrico son muy diferentes,- Durante el próximo año estará vigente la aplicación temporal del límite al gas y desde este sábado no habrá, prácticamente, la carga fiscal del recibo eléctrico será muy reducida con el IVA en el 5%.

Cambio de planes

Desde la oposición celebran este cambio de planes. El Partido Popular asegura que "el Ejecutivo ha seguido sus recomendaciones y aceptado su exigencia de paralizar la aprobación de dicho fondo, que contemplaba la creación de un nuevo impuesto que iba a provocar un mayor incremento del precio de los carburantes y el gas, lo que supondría un nuevo lastre para la competitividad de nuestras empresas".

"Dada la escalada de precios energéticos lo que menos necesitaban el transporte y la industria española, sectores a los que iba a afectar principalmente esta tasa, era precisamente “la creación caprichosa” de un nuevo impuesto. Cabe destacar que el GPP ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno que no aplicara ni tramitara esta ley, que ahora se paraliza", afirman.

Desde el PP indican que la Presidencia de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico le has explicado que esta decisión se debe a que varios artículos del Proyecto de Ley del FNSSE “colisionarían” con el decreto que el Ejecutivo tiene previsto aprobar mañana sábado en Consejo de Ministros.

El Gobierno potenciaba la minoración

Por su parte, el anteproyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico tiene el el objetivo de regular la minoración de la retribución de las centrales inframarginales y no emisoras puestas en servicio con anterioridad a la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión.

Un plan que recorta los ingresos de las plantes de las grandes eléctricas. Esta medida tiene como objeto recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE, que creó el mercado europeo de CO₂.

Los elevados precios de este mercado (ETS por sus siglas en inglés) se repercuten en el mercado mayorista de la electricidad y en la actualidad proporcionan a estas plantas unos beneficios extraordinarios –dividendo de carbono– que no se consideran adecuados. El Gobierno estimaba que la minoración de estos ingresos puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales con la tonelada de CO₂ a 30 euros y los 1.691 millones con la tonelada a 100 euros.