El pasado jueves, Enagas y Naturgy acapararon las compras en el Ibex-35 y sus cotizaciones recuperaron precios que no se registraban desde los primeros días del mes de julio, coincidiendo con la publicación de las circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre su propuesta de retribuciones para el próximo periodo regulatorio (2021-2026 en el caso del sistema gasista). Una señal inequívoca de que las empresas están cerca de conseguir el objetivo de que los notables recortes pretendidos por el regulador queden finalmente suavizados. Un final en el que el Gobierno ha tenido mucho que decir, pese a que se trata del mismo Ejecutivo que devolvió los plenos poderes al organismo que preside José María Marín Quemada.

A la hora de la verdad, cuando ha llegado el momento de tomar la decisión definitiva (una vez analizadas las alegaciones del sector y del propio Ministerio de Transición Ecológica y tratado el asunto en la comisión de coordinación), las divisiones en el organismo regulador han jugado en contra de la postura, firme desde el primer momento, de su presidente. Fuentes del sector apuntan que el Gobierno, a través del departamento que dirige Teresa Ribera, ha aprovechado la situación para tomar partido por el bando que más conviene a sus intereses, que es el que apuesta por una moderación del recorte.

Como en casos anteriores en los que ha cambiado el paso inicial, el Ejecutivo ha percibido una amenaza real para su apuesta por la transición energética, sin duda la más firme de cuantas ha planteado el gabinete de Pedro Sánchez desde que en junio de 2018 accediera a la Moncloa tras tumbar al Gobierno liderado por Mariano Rajoy en la moción de censura.

El propio Sánchez fue el encargado de anunciar, en presencia de las principales empresas y patronales del sector, la estrategia de transición energética y su imponente coste: en torno a 240.000 millones de euros, cifra equivalente al 18% del PIB nacional, en los próximos diez años. El 80% de esta cantidad debe proceder del sector privado. Y ahí entran en juego las empresas y los poderosos fondos de inversión que las controlan desde hace tiempo.

O CNMC o Plan de Energía

La presión del sector también ha ido hacia la CNMC pero, en especial, al Gobierno. Y con un claro mensaje: con los recortes propuestos no habrá las inversiones necesarias en redes para cumplir con el Plan Integrado de Energía y Clima que tanto gustó en la Comisión Europea. Aunque las únicas dudas que Bruselas alberga sobre el documento español estriban en cómo va a financiarse el plan y cómo le afectará la actual inestabilidad política y la falta de nuevos Presupuestos.

Y, además, el escaparate de España volvería a quedar empañado para los potenciales inversores futuros, aquellos que son fundamentales para financiar la apuesta, en forma de procesos de arbitraje y recursos ante los tribunales.

Las únicas dudas que Bruselas alberga sobre el documento español estriban en cómo va a financiarse el plan y cómo le afectará la inestabilidad política y la falta de Presupuestos

O la CNMC se salía con la suya y sacaba adelante las circulares, con un golpe de independencia encima de la mesa, o el plan no se desmoronaba a las primeras de cambio. Entre las dos opciones, el Gobierno eligió la segunda.

Pérdida de apoyos

Un factor clave para que finalmente haya logrado encauzar la situación hacia sus intereses ha sido la salida de la CNMC del que fuera su director de Energía, Fernando Hernández, al que el Ejecutivo ha tramitado con celeridad su solicitud para incorporarse a la plaza de técnico comercial en Tokio cuando finalizara su mandato en el organismo regulador. Hernández ha sido el principal apoyo de Marín Quemada en este proceso, hasta el punto de que muchos le señalan como el principal ideólogo de la propuesta retributiva.

Con la CNMC dividida y su presidente, en situación de en funciones como el propio Gobierno, cada vez con menos apoyos, el Ejecutivo ha allanado el camino para lograr que, al menos, su estrategia de transición energética no empiece a torcerse desde el primer momento.

En realidad, su papel ya lo había adelantado Enagás, la compañía gestora de la red gasista y una de las más penalizadas por las propuestas de la CNMC ya que el mayor recorte era para el transporte de gas, que realiza en exclusiva. Tras la publicación de los borradores de circulares, la compañía que preside Antonio Llardén emitió un hecho relevante en el que recordaba que el Gobierno tenía la potestad de intervenir en el proceso con la comisión de coordinación. E incluso, aun restaría la bala del Consejo de Estado. Aunque vista la reacción bursátil, parece que no será necesaria.