Aunque el actual Plan Moves sigue todavía vigente, el Gobierno ya tiene en estudio darle continuidad cuando finalice en principio el próximo verano. Así lo ha dado a conocer el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este organismo ha anunciado que el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo plan para la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras de puntos de recarga dotado de 400 millones de euros, pero con la posibilidad de aumentar esos fondos si hay suficiente demanda como para agotarlos.

Así lo ha señalado Joan Groizard, director general de IDAE, en el congreso 'Summit 2021. Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas', donde ha lanzado un reto al sector automovilístico y ha asegurado que "si hay capacidad" para absorber los fondos, el IDAE podría aumentar la cuantía hasta 800 millones de euros para un nuevo Plan Moves.

Además, ha destacado la reivindicación histórica del sector de hacer que el Plan Moves tenga continuidad, por lo que este nuevo proyecto podría durar al menos hasta 2023. "Está claro que esto no lo vamos a poder hacer solos", ha apostillado Groizard, quien ha insistido en la importancia de las empresas, ya que es muy difícil canalizar el dinero "si lo quieres hacer bien y no de cualquier manera".

Pero de no modificar las condiciones del reparto de las ayudas entre comunidades y mantener los porcentajes como en el actual Moves todavía vigente, seguirá sin ser plenamente eficaz para impulsar de verdad la movilidad eléctrica. Porque el plan nació mal diseñado en el reparto de fondos a estar transferidos su gestión a las comunidades autónomas, unos fondos distribuidos no en función del volumen de matriculaciones de coches eléctricos o simplemente de matriculaciones totales, sino en función de la población. Por ello, comunidades como la de Madrid agotaron rápidamente sus fondos sin alcanzar el número de operaciones que podían llegar a realizar, mientras que en otras regiones no llegan a cubrirse.

Un nuevo plan de incentivos que llegará enmarcado en el contexto de los fondos europeos para la recuperación de la crisis del coronavirus, que dotará a Transición Ecológica de al menos 2.000 millones de euros para invertir en movilidad eléctrica en los próximos tres años. Una cantidad que se suma a otras partidas destinadas a hidrógeno o a la cadena de valor de la industria.

Sobre el actual Plan Moves, el director general del IDAE ha asegurado estar "razonablemente satisfecho" por su ejecución, ya que cuenta con una vigencia de un año, que acabará después del verano y ya se ha consumido "más de la mitad del presupuesto". "En algunas comunidades autónomas casi el 100%", ha añadido.

Empuje europeo en infraestructuras

Por otro lado, La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) han reclamado a la Unión Europea “objetivos ambiciosos” para el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos y que fije como fin disponer un millón de cargadores públicos para 2024.

En una carta conjunta junto a otras organizaciones como la asociación Transporte y Medioambiente (T&E) aseguraron que la fijación de objetivos significaría enviar una señal clara a los consumidores sobre la apuesta europea por el vehículo eléctrico y dará a la vez una seguridad muy necesaria a la industria del automóvil.

Por ello, pidieron a los comisarios de clima, transporte, industria y energía de la UE que aprovechen la revisión de este año de la directiva de infraestructuras para combustibles alternativos y así exigir un millón de puntos de recarga públicos para 2024 y 3 millones en 2029. “La CE debe actuar rápidamente y establecer objetivos para el aumento de la infraestructura de recarga en los Estados miembros. De lo contrario, incluso los actuales objetivos de reducción en la lucha contra el cambio climático están en peligro”, señaló en la misiva el presidente de la ACEA, Oliver Zipse.

La propuesta, añadieron, contribuirá a la creación de un millón de puestos de trabajo en toda Europa y ayudaría a la UE a alcanzar sus objetivos sobre cambio climático. “Si nos tomamos en serio el calentamiento global, tenemos que pasar a la electricidad rápidamente. Los objetivos de recarga de vehículos eléctricos por país son una buena manera de conseguirlo, y la Comisión debería dejar de dar largas al asunto", afirmó el director ejecutivo de T&E, William Todts.

Así mismo, las asociaciones apostaron por que Europa invierta en cargadores rápidos y ultrarrápidos en las zonas urbanas para atender las demandas de acceso de conductores a la recarga privada y pidieron a la Comisión Europea sustituir la directiva por un reglamento, ya que ayudaría a armonizar las normas de recarga y aceleraría la aplicación de nuevos objetivos.