El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros Extraordinario su renta mínima, bautizada Ingreso Mínimo Vital (IMV), que será una ayuda que se concederá a las familias con menos ingresos del país para intentar combatir la pobreza y se podrá cobrar a partir del mes de junio.

La cuantía de la ayuda variará en función del tipo de familia. El Ejecutivo ha definido 14 tipos de familias distintas y para cada una de ellas ha garantizado un nivel de renta, lo que quiere decir que complementará los ingresos de cada familia hasta llegar a ese nivel. El mínimo será de 461 euros para las familias compuestas por un sólo adulto con un niño, mientras que el máximo rondará los 1.100 euros al mes

La renta mínima será compatible con el empleo. De hecho, está pensada también para las personas que trabajan pocas horas -con un contrato temporal o a tiempo parcial- y tienen muy pocos ingresos. Por ejemplo, un adulto que vive solo e ingresa 200 euros, recibirá otros 261 euros del Estado hasta llegar al nivel garantizado de 461 euros. 

Este Ingreso Mínimo Vital llegará a 850.000 familias, compuestas por 2,3 millones de personas, según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social. Un porcentaje significativo de ellas serán extranjeros residentes en España.

La renta mínima es el proyecto estrella del Gobierno, de ahí que en su presentación tras el Consejo de Ministros haya participado el vicepresidente Pablo Iglesias, quien ha presionado internamente al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para acelerar su aprobación y enmarcarlo en las medidas aprobadas por el Ejecutivo como respuesta a la crisis derivada del coronavirus. En realidad, esta medida estaba concebida desde antes y se prolongará en el tiempo.

Requisitos para solicitar la renta mínima

Además de tener unos ingresos inferiores a los niveles garantizados, las personas que quieran solicitar la renta mínima tendrán que tener una edad de entre 18 y 65 años, aunque en el real decreto-ley aprobado este viernes y que se publicará el sábado en el Boletín Oficial del Estado se prevé que se detallen algunos requisitos de edad particulares para algunos tipos de familias. 

El Gobierno delimitará también un patrimonio máximo que pueden tener los hogares para poder acceder a este subsidio. Escrivá ha adelantado que ese límite se situará por debajo de los 35.800 euros. 

Además, el demandante no puede tener una casa en propiedad de más de 100.000 euros y debe asegurar que está buscando empleo de manera activa pero no lo encuentra. 

Inicialmente, para solicitarla, las familias podrán utilizar simplemente una Declaración Responsable, en la que aleguen a la Seguridad Social que cumplen los requisitos para poder recibirla, sin necesidad de aportar documentación adicional. La Administración coteja la información con la que tenga disponible y, con la asunción de que actúa de buena fe, concederá el IMV. 

Sanciones en caso de fraude

Si la Administración no puede corroborar algún requisito podrá suspender de manera cautelar la prestación y solicitar dicha documentación. Si en un plazo de tres meses no se presenta, se extinguirá la ayuda.

Asimismo, el Gobierno impondrá multas a quienes no destinen la ayuda a necesidades básicas o a quienes cometan fraude. Estas irán desde un mes sin prestación (máximo de 1.015 euros) hasta todo un semestre (6.090 euros). Además, deberán devolver la cantidad recibida.

Coste para las arcas públicas

La medida le costará al Estado 3.000 millones de euros, el equivalente a 0,3 puntos de déficit sobre PIB anualmente. Este coste fue calculado por el ministro Escrivá cuando se encontraba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y ahí ya computaba el ahorro del que se beneficiarían las comunidades autónomas que tienen vigente sistemas de renta mínima y que podían quitarlos para que fueran sustituidos por el del Estado. 

En algunas comunidades, como Madrid o el País Vasco, funcionan sistemas de renta mínima desde hace años y ahora tendrán que decidir como gestionan su adaptación a la nacional para convertirlas en rentas complementarias o bien destinar ese gasto a otras partidas. 

Este reto no tendrán que llevarlo a cabo, sin embargo, ni el País Vasco ni la Comunidad Foral de Navarra, ya que el Gobierno ha pactado esta semana con el PNV la cesión de la gestión de la renta mínima.