El Gobierno ha anunciado a Bruselas su intención de crear un mecanismo de agregación de datos para el análisis y seguimiento del mercado de viviendas de uso turístico (VUT) en España, comúnmente conocidas como 'airbnbs'. El equipo de Pedro Sánchez ha mostrado en varias ocasiones su intención de combatir el fraude millonario de los propietarios de pisos acomodados en la economía sumergida, pero las competencias recaen sobre las comunidades autónomas.

Según se desprende de el 'Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico', uno de los componentes del Plan de Recuperación, el Ejecutivo pretende llevar a cabo "actuaciones para la ordenación y coordinación del mercado" de los 'airbnb', como se conoce popularmente a estas viviendas por una de las plataformas en las que se promocionan.

Con las prácticas ilegales en el alquiler turístico el Estado está perdiendo una vía importante de ingresos y una fotografía general podría ayudar a que afloraran. Además, los hoteleros han denunciado en varias ocasiones que esta actividad perjudica a la calidad y competitividad del sector turístico; mientras distorsiona los precios del mercado del alquiler tradicional.

Sin embargo, la maraña normativa que regula el alquiler turístico, con leyes autonómicas y ordenanzas municipales, dificulta su control. Cada región determina diferentes obligaciones y requisitos, y son también las comunidades y los ayuntamientos los encargados de vigilar que éstas se cumplan, recogiendo los datos de manera dispersa y difícilmente comparable.

Registrar todos los 'airbnb' a nivel nacional

Como solución, según consta en el citado documento, el Gobierno central destinará 300.000 euros a crear un mecanismo de agregación de datos con las comunidades autónomas y principales plataformas que consiga "mejorar la coordinación, las actuaciones frente a las nuevas realidades sociales de la oferta alojativa y actores turísticos, y que garantice un marco competitivo más equitativo y sostenible".

El Gobierno reconoce que actualmente "no se dispone de un sistema agregado de datos a nivel nacional, lo que dificulta mucho el poder estudiar el volumen de VUT y, por consiguiente, la adopción de políticas públicas o medidas concretas necesarias para dar solución a los retos que plantea la proliferación de VUT en el ámbito territorial del Estado".

En definitiva, con el fin de controlar el fraude existente en este negocio, la nueva plataforma en la que el Ejecutivo trabajará a partir de este año y que previsiblemente estará creada ya en 2022 permitirá "obtener, compilar y gestionar datos sobre viviendas de uso turístico de todos los distintos territorios con facilidad".

Según se detalla en el Plan para el sector turístico, durante el año 2021 se creará una comisión y se establecerán las bases del trabajo a realizar. A lo largo de 2022 se procederá a la captura masiva de datos y volcado en la plataforma. Finalmente, en 2023 se continuará ampliando la información y mantenimiento del sistema.