¿Qué puede hacer ahora la cúpula de Meliá para afrontar el veto de Estados Unidos?

Tras dos demandas fallidas por los negocios de Meliá en Cuba, Estados Unidos ataca al grupo donde más le duele: su cúpula directiva. La Secretaría de Estado del país norteamericano ha prohibido la entrada al país a Gabriel Escarrer, consejero delegado y vicepresidente de la hotelera, así como a otros trece altos cargos de la compañía, según informan fuentes consultadas por Vozpópuli.

EEUU tiene autoridad para adoptar esta medida con los directivos de todas las empresas contra las que exista una reclamación presentada ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (FCSC, por sus siglas en inglés), como es el caso de Meliá. Además, según consta en la ley, este veto es extensible a los familiares más cercanos de cada uno de estos directivos, como el cónyuge o los hijos menores de edad. Meliá recibió 14 cartas con nombre y apellidos el pasado 11 de octubre.

En ellas, Estados Unidos ponía contra las cuerdas a los máximos representantes del grupo español, dándoles tres opciones para evitar la prohibición de entrar en la 'lista negra': renunciar a sus cargos en la compañía, a su posición accionarial o llegar a un acuerdo con los demandantes -la familia cubana Sánchez Hill-. Todo en 45 días naturales.

Meliá optó por ignorar estas opciones, según precisan las mismas fuentes, manteniendo su versión sobre la legalidad de su presencia en Cuba. Esto confirma que desde entonces y hasta nuevo aviso, ninguno de los 14 altos cargos de la compañía puede poner un pie en el país norteamericano. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo puede Meliá afrontar el veto para recuperar los visados?

Tres alternativas

Fuentes expertas indican que el grupo español ahora tiene tres alternativas, dado que la vía diplomática hasta la fecha se ha mostrado ineficaz en este conflicto. La primera es, precisamente, no hacer nada. La decisión de la Secretaría de Estado de hacer uso del título IV de la Helms-Burton, que permite expulsar del país o impedir la entrada a "extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes", es meramente "política", según explican dichas fuentes.

Esto significa que la compañía puede optar por esperar a la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales el próximo noviembre de 2020, lo que podría acarrear un cambio de Gobierno y, quizás, un cambio de estrategia y aplicación de la ley. Es preciso recordar que la ley que ahora ha aplicado el Ejecutivo de Trump fue promulgada por Bill Clinton en marzo de 1996, pero el título IV que ahora afecta a Meliá y a otras compañías nunca se había utilizado hasta ahora, siendo en abril de 2019 cuando el Gobierno de Trump anunció que se darían pasos claros para su implementación.

Otra de las opciones por la que podría optar la hotelera es llegar a un acuerdo con los demandantes, algo que las fuentes consultadas por este medio consideran "poco probable" ya que la compañía podría haberlo hecho en el plazo de 45 días otorgado por Estados Unidos y evitar así que el veto llegara 'a mayores'. 

No obstante, cabe recordar que ya entre 1999 y 2004, Meliá mantuvo reuniones con sus demandantes -la familia Sánchez Hill- para tratar de llegar a un acuerdo económico que evitase futuros pleitos por este asunto, lo que evidencia que aunque la normativa estaba 'suspendida', la hotelera era consciente del peligro que representaba.

Por entonces, Meliá ofreció una indemnización de 3.197 dólares por la explotación de los hoteles, una cuantía que la familia consideró "insultante", según consta en la demanda que presentaron y que finalmente ha caído en saco roto. Las negociaciones no llegaron a buen puerto, pero acreditan el interés de Meliá por cuidar sus negocios en la isla.

Finalmente, la tercera y última 'bala' que le quedaría a la compañía española para que sus directivos puedan viajar a Estados Unidos es, según indican las mismas fuentes, la vía judicial. Meliá puede ahora abrir un expediente ante la Secretaría de Estado de EEUU recurriendo dicha medida y, si las autoridades deciden mantener las restricciones, acudir a los tribunales estadounidenses.