Los funcionarios no cobrarán hasta 2024 parte de la subida pactada para el año que viene

Al menos un 15% de la subida salarial a los funcionarios que el Ministerio de Hacienda ha pactado con los sindicatos para 2023 no se efectuará hasta 2024. En concreto, la remuneración de los empleados públicos se elevará un 2,5% en enero de 2023, con un posible extra del 0,5% a finales de año si el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) supera el umbral establecido y otro 0,5% variable en función del Producto Interior Bruto (PIB) nominal. Esta última subida es la que no se aplicará, en caso de cumplirse la condiciones, hasta 2024.

UGT y CCOO han acordado una subida del 9,8% repartida en tres años (2022-2024). Esta subida incluye el 2% que ya subieron los salarios públicos a principios de este año y el 1,5% 'extra' que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de esta semana también para 2022. Esta última subida tendrá carácter retroactivo desde enero y se abonará en la nómina del mes de noviembre de 2022 (aunque las CCAA y ayuntamientos contarán con un plazo 'extra', teniendo que materializar el pago con anterioridad al 31 de marzo de 2023).

Sobre la base ya incrementada con ese 1,5% Hacienda aplicará otra subida fija del 2,5% en enero de 2023. Además, si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%, volverá a subirles el sueldo otro 0,5% con carácter retroactivo en el último trimestre del año, aunque como ha ocurrido ahora con el 1,5% antes mencionado podría dar más margen a CCAA y entidades locales para abonarla.

La subida correspondiente a 2023 que en todo caso no se abonará a los funcionarios hasta 2024 es la del 0,5% adicional que han acordado en caso de que el PIB nominal en 2023 sea mayor o igual al 5,9% contemplado en el cuadro económico que acompaña los PGE 2023, según confirman fuentes sindicales a este periódico. Esto se debe a que tiene que finalizar el ejercicio completo para conocer si se cumple o no el condicionante. Las fuentes sindicales aseguran que este 0,5% también tendría efecto retroactivo a 1 de enero de 2023.

La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reconoce en su informe sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que "no contempla para 2023 la subida adicional del 0,5% vinculada al PIB nominal porque su medición se producirá en 2024 y, por tanto, en caso de cumplirse la condición, sería un gasto que afectaría a la remuneración de asalariados de ese año".

En 2024, al salario base con todas las subidas previstas para 2023 (dando por hecho que se cumplen los dos supuestos fijados para los variables) también se le aplicará una subida fija del 2% a partir del 1 de enero, que es el incremento específicamente pactado para ese año. Es decir, que a principios de 2024 los empleados públicos verán crecer un 0,5% su nómina en concepto del 0,5% correspondiente al 2023 y otro 2% correspondiente a la subida de 2024.

Finalmente, si el IPC Armonizado acumulado desde 2022 hasta 2024 supera el 8%, entonces se les volverá a realizar una última subida del 0,5%; aunque no se ha aclarado si esa inflación media se medirá hasta septiembre de 2024, como en 2023, o hasta diciembre de 2024. Fuentes sindicales comentan que será hasta diciembre, por lo que, de nuevo, la subida no sería efectiva hasta 2025 al tener que esperar al cierre del ejercicio para analizar si se cumple el requisito marcado.

Las CCAA y ayuntamientos podrán endeudarse

De momento, más allá del acuerdo firmado con los sindicatos este miércoles, la única subida aprobada por ley es la del 1,5% que se aplicará este año. Para cumplir con el pago, el Gobierno ha dado a las comunidades autónomas y ayuntamientos más margen temporal (hasta marzo de 2023) y también fiscal, pues les permitirá endeudarse si no tienen recursos suficientes.

Esta subida del 1,5% equivaldrá, de media, a unos 500 euros por empleado público. El salario medio anual de los empleados públicos asciende a los 34.600 euros, según el Instituto Nacional de Estadística, por lo que si a esta cuantía se le aplica la subida del 1,5% que ha acordado el Gobierno con los representantes sindicales, la paga extra que recibirán a final de año los trabajadores rondará, de media, los 520 euros.

CSIF, el único sindicato que no firmó este acuerdo al no considerar suficiente la subida plurianual del 9,8%, se concentró este miércoles ante el Ministerio de Educación y amenazó con más movilizaciones en otras administraciones. También ha trasladado a los grupos parlamentarios enmiendas a los PGE para vincular la subida salarial a la variación real del IPC, que de media se sitúa cerca del 8,5% sólo en 2022.