El Estado tendrá que invertir hasta 12.000 M. para reformar la financiación autonómica, según Funcas

El Estado tendría que invertir hasta 12.000 millones adicionales en una reforma de la financiación autonómica capaz de atajar a largo plazo las distorsiones del sistema actual, según estiman desde la Fundación de las Cajas de Ahorro.

A tono con la propuesta de la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación autonómica, Funcas, en palabras de su director de Coyuntura, Raymond Torres a Vozpópuli, apuesta por que el nuevo sistema tienda a apoyarse en el "transparente" fondo de garantías (que actualmente representa el 80% de los fondos), y por que los otros fondos "opacos" del sistema actual (el Fondo de Suficiencia Global y otros fondos de convergencia), a los que Funcas achaca las actuales distorsiones, se unifiquen en "un fondo vertical único que se reduzca progresivamente hasta su supresión final". 

El coste adicional de "racionalizar" ese nuevo fondo en uno solo, "transparente y que no distorsione el ranking de autonomías", oscilaría entre los 10.000 y los 12.000 millones de acuerdo a la estimación de Funcas, que remarca que sería un gasto "que se haría una vez" para mejorar el sistema a largo plazo.

Límite al FLA y cesión de impuestos

A la citada reforma debería añadírsele, remarca Raymond Torres, la puesta en práctica de un "límite claro" y equitativo al endeudamiento de las autonomías mediante el Fondo de Liquidez Autonómica, de forma que "solo las autonomías que respeten un límite de déficit" puedan recurrir al FLA para financiar sus proyectos.

"Si las autonomías no respetan su límite de déficit y quieren más dinero para proyectos propios, tendrán que ser ellas las que recauden más a través de su propia capacidad fiscal", incide el hombre de Funcas, que al mismo tiempo señala como "deseable" la completa cesión de impuestos como el IRPF a las autonomías ya que eso no solo "transparentaría" completamente cómo y por qué cada una cobra lo que cobra y gasta lo que gasta, sino que impulsaría la disciplina fiscal de las propias autonomías.